El juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dispuso el último viernes 30 días de prisión preventiva para Juan Spañoletti, ex viceintendente de Federación y exdelegado en la provincia de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia de la Nación en la era macrista, acusado de trata laboral de personas.
El dirigente radical fue arrestado el último jueves 21 de mayo, luego de que agentes de la Policía Federal Argentina -PFA- hallaran a trabajadores misioneros en condiciones infrahumanas en un establecimiento rural suyo, cercano a la Estancia Santa Amelia, en Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de la ciudad de Concordia.
Del operativo, ordenado por Seró, participó además personal de la Secretaría de Trabajo de la provincia e integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. En la finca, los funcionarios y los uniformados encontraron a cinco individuos oriundos de Montecarlos -Misiones-, dentro de una precaria choza de madera, sin techo. Dormían en una cama improvisada con alfalfa y en un colectivo viejo. Habrían sido contratados por un sujeto de apellido López, de La Criolla-pequeño municipio del departamento Concordia- luego de arreglar una compra de madera con Spañoletti. Se presume también que otros siete sujetos, oriundos de Concordia, trabajaban con ellos, pero no dormían en el lugar. De este sospechoso, por el momento, no ha trascendido la situación judicial.
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La denuncia inicial fue realizada por uno de los trabajadores esclavizados, confirmó a El Destape, Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas. "Dentro de la estancia había más gente, pero esos cinco fueron localizados dentro de la presunción de trata laboral. Eran todos mayores de edad. A partir de allí se inició un protocolo de actuación, que es único a nivel nacional y tiene su correlato en la provincia. Equipos interdisciplinarios se entrevistan con las presuntas víctimas y realizan un abordaje integral" explicó la funcionaria.
Calveyra aclaró además que los cinco misioneros decidieron, por propia voluntad, regresar a su provincia: "Se da la opción de elegir. Si optan por regresar, como en este caso, entran en un programa de Regreso Asistido, con intervención de la Dirección de Asistencia a la Víctima. Si hubieran decidido quedarse, nuestro objetivo hubiera sido garantizar que tuvieran un proyecto de vida".
La demanda fue recepcionada por Silvio Pucheta, titular de la Delegación Federación del Ministerio de Trabajo de la Nación. El Destape logró comunicarse con el funcionario, pero no pudo tener mayores detalles. Pucheta señaló que se encontraba de viaje y que la situación se halla en plena investigación.
Qué establece el Código Penal
El Artículo 145 del Código Penal establece: “Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
Ese último tramo cobra significativa importancia, porque quiere decir que, aunque los misioneros encontrados en la finca de Spañoletti, hubieran aceptado las condiciones de trabajo, no lo exime de la responsabilidad en cuanto a la situación de esclavitud, precisó a El Destape un reconocido abogado penalista de Paraná.
La UCR no analiza sanciones por el momento
Desde la Unión Cívica Radical –UCR- no analizan, de momento, ningún tipo de sanción para Spañoletti, que fue viceintendente de Federación entre 2011 y 2015, junto al intendente Carlos Cecco. En 2015, en tanto, fue nombrado delegado de Derechos Humanos por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano en ese entonces.
“Nosotros no podemos anticiparnos a los tiempos de la Justicia. Si se define que es culpable, se tomarán las medidas necesarias en el Comité de Disciplina”, indicó a El Destape, Leandro Arribalzaga, presidente del centenario partido en Entre Ríos. El dirigente indicó además: “Nos enteramos, como todos, por los medios. El viernes de esta semana tenemos una reunión de Comité, pero no vamos a expedirnos hasta tanto haya un fallo judicial.
El acusado es abogado y fundó el estudio jurídico Spañoletti y Asociados. En la web del emprendimiento jurídico, dentro de su perfil, se subraya que es “empresario apicultor y comerciante que vende sus productos a todo el país”. Milita activamente en la UCR desde la juventud, ocupando cargos en el partido y llegando a la viceintendencia en 2015. Es además docente titular por concurso de “Legislación del trabajo” en la escuela Técnica Nº 57 “Fray Luis Beltrán” de Federación.
La actitud de la UCR concuerda con la adoptada con Sergio Varisco. Pese a que el exintendente de Paraná fue condenado en primera instancia por la Justicia Federal a fines de 2019 a seis años y medio de prisión por financiar el narcotráfico, no fue sancionado por el espacio político al cual estuvo toda su vida vinculado. “Esperaremos que haya sentencia firme” resaltó al respecto, Arribalzaga. El exjefe comunal, que está detenido preventivamente bajo la modalidad domiciliaria, y otros sentenciados, ya recurrieron el fallo y se aguarda por una posible llegada del expediente a la Corte Suprema de Justicia.
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