Un nuevo fallo judicial complicó al exgobernador de Tucumán, Jose Alperovich, quien tendrá que enfrentar en febrero el juicio oral en el que se lo investiga por presunto abuso y violencia sexual contra una sobrina y colaboradora. Alperovich había pedido que se lo sometiera a un juicio por jurados, pero la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) rechazó hoy ese pedido por considerar que su reclamo no tenía lugar porque citaba una ley de la que no aplica a su caso.
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La Sala de Turno de la CNCCC consideró ahora que la ley local en la que se basó el planteo de Alperovich establece la obligatoriedad de ese tipo de juicios "para delitos cometidos en esa jurisdicción", y "cuya pena máxima sea igual o superior a 20 años de prisión". El exgobernador deberá responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo a lo establecido por la investigación judicial.
Los camaristas Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse consideraron que la norma no solo no resulta aplicable para los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal, "sino que tampoco comprendía supuestos como el presente, en razón de la pena prevista para los delitos que se le atribuyen a Alperovich". Si en el juicio se lo encuentra culpable, Alperovich podría recibir una pena de hasta quince años de prisión.
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Jantus y Sarrabayrouse aclararon también que, como se había decidido en instancias anteriores, tampoco correspondía que un tribunal nacional aplicara una ley de otra jurisdicción. "Este tribunal - remarcaron- no está habilitado (carece de competencia) para aplicar una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y "está claro que resulta prácticamente imposible establecer mediante una sentencia y para un caso particular el juicio por jurados".
Cuándo será el juicio contra Alperovich
Hace un mes, el Tribunal Oral en lo Criminal 29, anunció que el juicio comenzará el 5 de febrero. Se espera que brinden testimonio más de ochenta testigos, entre ellos el exgobernador de Tucumán y jefe de Gabinete, Juan Manzur, según informaron fuentes judiciales a Télam.
El expediente se inició cuando M.F.L denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente del senador actualmente en uso de licencia. La joven indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento de la zona porteña de Puerto Madero.
En mayo del año pasado, el juez Osvaldo Rappa procesó a Alperovich en la convicción de que se cometieron los delitos denunciados "mediando abuso de poder y autoridad".
Rappa remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un "sometimiento sexual ultrajante". "Basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la provincia de Tucumán luego de haber sido Gobernador durante tres periodos consecutivos, e integrante de su familia, aunque fuese lejano", agregó el juez.
En su indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas, según fuentes judiciales. En el transcurso del juicio se analizarán como pruebas conversaciones virtuales entre la víctima y el imputado, como así también intercambios de WhatsApp entre la joven y Sara Alperovich, familiar del exgobernador, entre otras pruebas y pericias recogidas en la instrucción.
El Tribunal 29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla, solicitó además algunas medidas de prueba como las anotaciones de la perito psicológica Mónica Herrán cuando intervino en el caso y rechazó el pedido de la defensa para hacer una nueva evaluación psicológica a la víctima.
En principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana. Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.
De este modo, el juez Rappa continuó investigando con el aporte de los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem).
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