La fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) reiteraron a la Justicia el pedido para que se cite a indagatoria al exdiputado nacional y exgobernador de Tucumán José Alperovich en la causa donde está imputado por el presunto abuso sexual a su sobrina segunda y excolaboradora.
“Se vislumbra un cuadro probatorio con la suficiente entidad que permite encuadrar la situación fáctica a la norma procesal delimitada en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, dándose en la especie el estado de sospecha al que ésta alude”, argumentaron Santiago Vismarra, quien está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, y Mariela Labozzetta, al frente de la UFEM. De hecho, es la tercera vez que los funcionarios judiciales realizan un pedido de indagatoria a Alperovich en el marco de la causa que lo tiene como imputado por el presunto abuso sexual.
En el artículo que citan Vismarra y Labozzetta se estipula que el juez podrá interrogar a una persona en el momento en que existen motivos suficientes para sospechar que cometió un delito. En su solicitud, los fiscales recordaron que ya habían solicitado la indagatoria de Alperovich en diciembre del 2020 y que en diciembre del año pasado reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el también exfuncionario.
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En el dictamen que presentaron ante la Justicia la semana pasada, Vismara y Labozzetta indicaron que se llevaron adelante una serie de medidas y señalaron que, “debido a toda la prueba incorporada hasta el momento, no había más cuestiones que resolver que impidieran el llamado a indagatoria”.
La denuncia contra el exgobernador tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y excolaboradora política, quien lo acusó por hechos de abuso sexual ocurridos durante 2017. “En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, marcaron los letrados en aquel entonces.
En ese momento, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.
Tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.
Luego, en diciembre del año pasado, Vismara y Labozzetta en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.
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