El fin de semana pasado en Río Negro se llevó a cabo la 6º Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, de la que participaron dirigentes, militantes y activistas de diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas como la Fipca; CTA Y CTA Autónoma; CGT Zona Norte; la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT); la Agrupación 26 de Julio; representantes de distintos Centros de Ex Combatientes de Malvinas; entre otras. El domingo durante la travesía hacia el Lago por el camino de montaña, la comitiva fue interceptada y agredida por una patota privada de personas encapuchadas, que respondían a Joe Lewis.
"No nos dejaban bajar, nos decían que nos iban a matar", relató el médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid, quien se descompensó y debió ser rescatado por un helicóptero en medio de un operativo organizado por el grupo Abogados Solidarios. “No solo proferían amenazas, sino que han pasado a los hechos concretos, como ser la provocación del hundimiento de la embarcación en la cual se encontraba navegando Jorge Rachid, el cual se encuentra descompensado y con graves riesgos a su salud, sin poder tener acceso a las vías de comunicación que le permita concurrir al centro asistencial más cercano”, denunciaron los abogados.
La Marcha se realiza cada febrero desde 2017, cuando un fallo del Superior Tribunal de Justicia rionegrino le ordenó Hidden Lake S.A., empresa del británico Lewis, liberar el camino de Tacuifí que conecta al Lago con la Ruta 40. El fallo señala que los lagos son públicos y que para acceder a ellos debe permitir el paso, aunque sea propiedad privada. Lewis no solo desacató la decisión, sino que arremetió contra la Justicia, organizó varias operaciones y aprietes mafiosos contra los miembros del tribunal, recusó a los jueces y logró que corrieran a la jueza Erika Fontela después de que ordenara medidas para avanzar con la apertura. Con su amigo Mauricio Macri en la presidencia se garantizó además la complicidad del poder político.
La organización que encabeza la movilización es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA). El reclamo programático es lograr la apertura de los caminos públicos que conectan la Ruta Nacional Nº 40 con el lago que se encuentra dentro de las 12000 hectáreas que Lewis compró en 1996, en una operación completamente irregular investigada por la justicia desde 2012. Pero el planteo central de la iniciativa es defender la Soberanía como paradigma político vertebral en la construcción de un imaginario Nacional, y visibilizar cómo funcionan las tramas de poder, y quiénes son los agentes políticos y económicos que permiten que existan todavía “enclaves colonialistas” en la Patagonia".
Julio César Urien es el presidente de Fipca quien denunció ya en el inicio de la actividad que los manifestantes habían recibido agresiones. Desde diferentes espacios intentaron comunicarse con los manifestantes, sin éxito alguno, y se articularon una serie de medidas para garantizar su integridad física. La CTA Autónoma de Río Negro y la CTA de los Trabajadores se movilizó frente al Juzgado Civil de Bariloche para exigir garantías para los manifestantes que permanecían en medio de la montaña e incomunicados. El Grupo de Abogados Solidarios denunció penalmente a los empleados del empresario británico por “privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional”. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervino en el conflicto y denunció las agresiones y amenazas con armas de fuego, e incluso se presentó a la justicia provincial un Habeas Corpus, que luego fue rechazado por el juez Juan Pablo Laurence.
Cómo cubrieron los medios hegemónicos el conflicto
Mientras tanto desde los medios concentrados y sectores de la política ligados a una postura conservadora y financiera se armó una estrategia de comunicación con dos objetivos claves: deslegitimar el reclamo político y defender la propiedad privada por sobre cualquier otro derecho. “Julio César Urien: un exmontonero detrás de las incursiones al Lago Escondido”, tituló el diario La Nación, en una nota que continua con el siguiente texto: “Fue funcionario bonaerense; apoya las marchas kirchneristas en la Patagonia; junto a D’Elía y Mariotto respaldó a Boudou frente a las denuncias”.
“Querés saber uno de los q está atrás de la cuestión mapuche en la Patagonia? Hoy hablemos de Julio César Urien, el terrorista montonero q además fue un traidor a la Patria y a las FFAA. Hoy es “ambientalista” y se dedica a fogonear en el sur con el espíritu de los 70”, tuiteo por su parte la flamante Diputada Nacional Victoria Villarruel, del Frente Libertad Avanza, abogada negacionista de la Dictadura que lidera la Asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), creada en 2006, y trabaja defendiendo a “víctimas del terrorismo”.
Clarín por su parte encabezó: “Un médico anti Pfizer, un ex montonero y el hijo de la titular del INAI, detrás de la marcha al Lago Escondido. Quiénes son los integrantes del kirchnerismo que se movilizaron para protestar por el “derecho al agua” que nadie se robó”. En uno de sus párrafos la nota escrita por Gonzalo Sánchez indica: “Cuando no hay barullo ideológico, no hay ningún problema con nadie en esa zona. Existe una armonía entre vecinos (…) Los manifestantes caminaron lo que pudieron hasta que se toparon con los vecinos de la zona. Los gauchos que ya no los quieren ni ver”. La crónica cierra con un testimonio de un vecino de la zona que señala: “Ni Lewis ni nadie molesta a nadie en esta zona. Vivimos de lo que producimos y cuidamos la naturaleza, y por supuesto los lagos y el agua. Acá nadie está poniendo en peligro ninguna soberanía".
Mientras se estigmatiza a Urien y a los manifestantes, al dueño de la sexta fortuna más grande del Reino Unido ni se le conoce la cara. La imagen de Lewis pareciera ser la de un millonario generoso, un patrón bondadoso, que genera oportunidades de trabajo en la zona y cuida del medio ambiente. En ningún lado se problematiza cómo fue la adquisición de las tierras, ni se hace alusión a sus actividades financieras. Lewis tiene un aeropuerto privado cerca de la costa atlántica. No hay control estatal sobre lo que allí sucede, no existen radares y se desconocen los movimientos o traslados. Un detalle no menor es que una nave puede llegar desde allí a las Islas Malvinas en dos horas. Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y querellante en la causa de la apropiación de las tierras, ha presentado denuncias de vuelos hacia la zona que quedaron en la nada. Y es que la fortuna pesa a la hora de imponer la voluntad por sobre la ley e incluso la soberanía.
El sistema mediático concentrado evidencia como pocas cosas la capacidad de construir y fijar sentidos a las cosas y trazar líneas relacionales en los imaginarios sociales. La articulación directa entre los grandes multimedios de comunicación, el poder económico, el lobby empresarial y los sectores conservadores tiene como principal objetivo aniquilar el pensamiento crítico que puede surgir del análisis de información, y reemplazarlo por una simple sucesión de imágenes atemporales, atomizadas, fragmentadas, pero que estratégicamente administradas tocan fibras sensibles y despiertan emociones robotizadas. Como dice David Slater en última instancia las luchas sociales son guerras de interpretación.
La botonera preferida de los medios corporativos incluye términos que nunca fallan como montoneros, Boudou, ideología, vecinos, gauchos, libertad, 70’s, terrorismo, mapuches, Kirchnerismo, trabajo, D’Elía, etc. El ejercicio de la repetición permanente y la información sesgada no es manipulación de la conciencia, sino de los deseos, miedos, resentimientos y temores inconscientes.
La derecha argentina, representada principalmente por el macrismo pero que ha echado fuertes raíces en sectores que se consideran apolíticos o independientes, viene trabajando desde hace décadas en la construcción de una idea de libertad en relación con dos puntos claves: en principio la información, pero en un sentido plenamente restrictivo de lo que pueden hacer las grandes empresas para mantener el control democrático o el espíritu republicano; y en segundo lugar la propiedad privada que abarca un punto de vista político económico enmarcado en el mercado y sus voceros. No casualmente en los períodos más regresivos de la historia argentina fueron siempre unas pocas manos privadas, nacionales y sobre todo trasnacionales, las que ocuparon los espacios de los que el Estado se iba corriendo.
El conflicto en lago Escondido demuestra, entre otras cosas, que con la presencia en el Estado de gobiernos nacionales y populares no se termina la disputa, sino que se expande. El sistema mediático elabora y reproduce contenidos que resisten cualquier tipo de modificación legal o regulatoria que ponga en riesgo su autonomía, en una clara interdependencia con ciertos poderes económicos y políticos, de acuerdo a conveniencias mutuas. En el proceso de reproducción de las desigualdades y los privilegios de clase, el sistema de medios tiene un rol estratégico. La tarea es escamotear el conflicto, disimular la dominación, y neutralizar la “politización”, como si un conflicto de soberanía se tratara en realidad de un problema de convivencia entre privados.
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