El ajuste de Javier Milei en la salud empuja a los médicos a intercambiar medicamentos provincia a provincia para realizar abortos farmacológicos como dicta la ley, a diseñar distintas estrategias para gestionar en la escasez y así garantizar que las personas gestantes puedan acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. En un contexto de crisis y desmantelamiento, son ellos los que ponen el cuerpo -y muchas veces sus recursos- para equilibrar la balanza y garantizar el cumplimiento de una ley que, en la práctica, dista mucho de ser lo que la marea verde aplaudió aquel diciembre de 2020.
Redes como Salvemos Miles de Vidas, integrada por profesionales de la salud de toda la Argentina, alertan sobre la situación actual del país respecto al acceso al aborto e instan a las autoridades nacionales a tomar cartas en el asunto. “Es como que estamos empujando todos los días para que esto no se caiga”, revela Elena Meyer, médica generalista de Jujuy (MP2172), que, llamados a otras provincias mediante, logró sobrepasar los días en los que no contaba con misoprostol para las consultas. “Nos decimos: ‘Yo tengo esto que se está por vencer, ¿lo necesitás? Te lo mando’. Es como una ayuda solidaria que hacemos entre todos frente a los pocos recursos”.
Tal como sucede con otras provincias, Jujuy fue una de las que se quedó sin recursos cuando el sobrante de Nación de la gestión anterior terminó. Hoy en día cuentan con una nueva tanda de medicamentos, pero gracias a fondos provinciales. En el interín, Mendoza fue crucial para poder garantizar los derechos de la provincia del norte: “Ahora estamos respirando porque llegó la nueva compra provincial, pero no sabemos hasta cuándo nos va a durar". El panorama se nubla cuando, como médica que garantiza este derecho, nota que la demanda es cada vez mayor.
"Casi como si fueran figuritas", médicos de familia y ginecólogos de hospitales públicos del país negocian desesperados con sus pares blisters de mifepristona y misoprostol, las drogas necesarias para garantizar los abortos farmacológicos con menor riesgo posible para las personas gestantes.
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada se cortó el suministro de medicamentos para realizar interrupciones voluntarias del embarazo y algunos médicos hacen malabares para poder llevar adelante las intervenciones con el stock que les quedó desde diciembre, y que el Gobierno nunca repuso.
FUENTE: OBSERVATORIO MIRAR
Sin insumos y con la baja del plan ENIA -que garantizaba que los y las adolescentes puedan acceder de forma gratuita a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y asesorías en las escuelas en más de 12 provincias-, los médicos tejen redes y estrategias para no dejar desamparadas a las personas gestantes.
De acuerdo al gobierno que lidera el libertario anti “agenda asesina", se trató de una “redefinición de competencias entre Nación y las provincias” y no un cierre, aunque admitieron en un comunicado que despidieron a 619 consultores. “Si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia”, ponderaron.
Misoprostol y mifepristona, el dúo necesario para ejercer un derecho
El fantasma que acecha a los profesionales de la salud es quedarse sin misoprostol y mifepristona y tener que recurrir a la Aspiración Manual Endouterina, una opción que suele ser más traumática para los pacientes y a la que no tiene mucho sentido recurrir si no está contraindicada la vía farmacológica, que no requiere internación en la mayoría de los casos y que tiene menos efectos secundarios.
En todos los consultorios del país se intenta siempre optar por este método medicamentoso. Para tener una idea, de acuerdo al registro de prácticas IVE/ILE del Ministerio de Salud de PBA, en 2022 el 91,3% de las IVE en esa provincia fueron farmacológicas, apenas el 8,2% resultaron farmacológicas + quirúrgicas y solo el 0,5% fueron completamente quirúrgicas.
“La mifepristona es el mejor tratamiento, porque permite que se pueda transitar algo sin esa carga subjetiva negativa que hay detrás de otras, por el motivo que fuera. El hecho de recurrir a otro medicamento es someterlas a un sentimiento físico que podría disminuirse con la mejor medicación. Es hasta violencia obstétrica que no se lo demos. Y las estamos haciendo sufrir”, lamenta por su parte Agustina Conti, médica familiar y general de un hospital nacional de Córdoba (MP 37862).
Para Conti, hay un correlato “claro” entre el ajuste de Milei en salud sexual integral y su orientación ideológica. Los ataques de Milei contra el derecho al aborto no son solo discursivos. “Hay una violencia sobre las mujeres que está ahora validada. No es su prioridad”, denunció. Meyer, de Jujuy, en ese mismo sentido, decreta: “Lo más grave es su discurso, las declaraciones. No tomamos dimensión de lo grave que pueda llegar a ser todo esto y dónde vamos a terminar”.
Esa pregunta ronda entre los pasillos de los centros de salud del país que le hacen frente a la desidia. Para Anahí Ferrero, médica tocoginecóloga (MP 2897), el desfinanciamiento tiene una razón de ser: “Están usando el desfinanciamiento para, de forma oculta, derogar la ley. Son políticas de ajuste y de encubrimiento”, sentencia.
En Tierra del Fuego, por ejemplo, se realizan 20 IVES por semana, pero desde diciembre que no reciben “combipack”, el blíster combinado de mifepristona y misoprostol que entregaba el Ministerio de Salud. “La ley en los papeles está pero no la están haciendo orgánica, entonces sin fondos y sin material es como si no existiera”, denunció un funcionario de la provincia que se encarga de programas de salud sexual y reproductiva.
En la Provincia de Buenos Aires señalaron que los recortes de Nación están reflejándose en la ausencia de suministros para el programa de Salud Sexual y, si es que llegan, lo hacen con poca regularidad o en menor cantidad. “De misoprostol y mifepristona no está llegando nada”, aseguraron. Fuentes del programa contaron que, a lo largo de este tiempo, se realizaron compras complementarias -en grandes cantidades- a través de un convenio interprovincial con el LIF con el objetivo de contar con stock permanente, logrando pasar de 150 a 600 equipos en tres años.
“El Gobierno nacional no está mandando misoprostol y mifepristona a ninguna provincia, antes lo hacían a través del Programa Remediar de manera descentralizada. El Programa de Salud Sexual tenía botiquines que se distribuían bimensualmente, hoy eso ya no ocurre”, agregaron.
FUENTE: OBSERVATORIO MIRAR
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando se utiliza el régimen combinado de mifepristona + misoprostol, se logra el aborto completo en aproximadamente 98% de los casos, y menos del 1% de las personas usuarias continúa presentando un embarazo viable después de utilizar este régimen.
Para que 7 personas gestantes accedan a una IVE con el método combinado de mifepristona y misoprostol, el Ministerio de Salud tendría que destinar partidas por $588.000, porque el combipack por unidad se vende a $84.000, y tendría que invertir unos $700.000 para que 7 personas gestantes accedan a un blister de 12 pastillas de misoprostol. No los está destinando.
De acuerdo a cifras del proyecto Mirar, entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.549 insumos para la IVE en todo el país y, de ese total, 42500 donaciones fueron gestionadas por las autoridades de salud. Fue en ese marco que se adquirieron 177.564 tratamientos de misoprostol y mifepristona, así como equipos para AMEU (Aspiración manual endouterina). Pero no hay plata para los derechos de las mujeres en este gobierno. Este medio se comunicó con el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, pero no respondieron a las consultas sobre la motosierra que pasa sobre los derechos de las personas con capacidad de gestar.
Los movimientos feministas argentinos lucharon durante años para que las personas gestantes puedan acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Jornadas enteras en las calles y vigilias estuvieron detrás de la conquista. Hoy el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo pende de un hilo y del trabajo de ingeniería denostado de los médicos que día a día hacen lo imposible para poder garantizar interrupciones medicamentosas.
Tampoco hay plata para la anticoncepción
Después de cada consulta médica, los profesionales de la salud tienen necesariamente que discutir con las pacientes opciones anticonceptivas. Es lo que técnicamente se conoce como “anticoncepción inmediata posevento obstétrico” (AIPEO). Pero no están pudiendo hacerlo porque tampoco están llegando los DIU ni los implantes que antes Nación enviaba con regularidad.
“Nos entregan suministros discontinuados y en muy poca cantidad. Es importante porque para nosotros, que apelamos al acompañamiento de manera integral, el cierre de la consulta por IVE es recién cuando la paciente se va con un anticonceptivo que sabemos que tiene efectividad”, subrayó Conti, médica de Córdoba.
En Tierra del Fuego, por ejemplo, donde se quedaron sin implantes anticonceptivos, quienes gestionan programas de salud sexual y reproductiva están empezando a notar que están recibiendo más consultas de IVEs. “La demanda está aumentando, no se puede apuntar a la anticoncepción si no tenés los mismos insumos que tenías antes. Nos están mandando medicación anticonceptiva combinada de 21 días, de emergencia, pero no llegan DIUS ni implantes. Esto va en contra de la estrategia de evitar reincidencia, que es apelar por un método anticonceptivo de larga duración”, remarcaron.
En la provincia de Buenos Aires, el Plan ENIA también sufrió importantes recortes y no se renovaron 87 contratos de trabajadoras y trabajadores bonaerenses, que llevaban adelante tareas en solo cinco municipios. “En provincia, el plan no tuvo un impacto tan grande. Hacíamos actividades que involucraban a otros municipios o capacitaciones para formar redes pero hoy, prácticamente, ha desaparecido”, sostuvieron. Asimismo, dentro de las políticas de prevención, desde el Programa de Salud Sexual resaltaron que en el conurbano se desarrolló ‘Niñas, no Madres’ (NNM) -focalizada en menores de 15 años que atraviesan embarazos no forzados, con una reducción significativa del 37% desde su implementación- buscando articular al sistema educativo y al de salud. Desde 2021 hasta la actualidad, acompañaron a más de 600 chicas en todo el territorio pero con la desaparición del ENIA, no se garantiza ni el acceso ni la identificación temprana de esas jóvenes. “El ENIA era un programa más integral, todo eso se perdió. Quedan los vínculos que sostenían esa articulación y nada más”, sentenciaron.
El norte del país es una región que supo tener el índice de embarazo adolescente más alto del país. Con el plan ENIA, en el año 2021, Jujuy había logrado reducir a menos de dos dígitos esa tasa. La política pública garantizaba insumos, recursos humanos y asesorías en salud sexual en espacios comunitarios y escuelas a adolescentes; siempre buscando brindar el acceso a métodos anticonceptivos y a la implementación de la ILE/IVE en centros de salud.
Las adolescentes, sin poder prevenir y sin poder abortar, quedan a merced del destino de los fondos provinciales y de la autogestión de los equipos médicos. Meyer, que integraba equipos territoriales del Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia en San Pedro, al sur de Jujuy, es clara sobre su importancia: con el ENIA, las personas de ese departamento podían acceder a una IVE. Hoy, sin él, ya no pueden.
“Era un plan bien diseñado, con un muy buen objetivo porque abarcaba los aspectos que tienen que ver con el tema con capacitaciones, seguimiento, sistematización de datos. Yo formaba parte de una de las zonas con el índice más alto de embarazo adolescente y no nos avisaron de manera formal que se terminaba. Nos enteramos por el vocero presidencial”, cuenta.
Hasta el día de hoy siguen llegando llamadas de adolescentes que preguntan por su existencia. Quienes responden esa demanda son, otra vez, los propios médicos, pero por fuera del sistema: “Lo siguen pidiendo, era algo muy demandado. Existen equipos que dan respuesta a esto pero sin refuerzos, sin un plan detrás, sin análisis de datos, sin capacitaciones de manera continua”, enumera.
La motosierra se llevó consigo, a través de la baja de este plan, las asesorías en salud sexual en las escuelas, que funcionaban como nexo entre las adolescentes y los centros de salud: “Teníamos 15 asesores en educación y 15 que dependían de Salud. Ahora se cortó de un día para el otro y los adolescentes andan buscando dónde atenderse cuando ya se había generado ese tipo de respuesta y demanda”.
En Catamarca, el ENIA, más allá de su función integral, servía para descentralizar la atención a zonas recónditas de la provincia: “Ahora lo hemos perdido y hay cientos de pacientes que no tienen un domicilio cerca de un centro de salud. Lugares que garantizaban la IVE hoy ya no están más, estamos yendo para atrás y los métodos anticonceptivos que se solían entregar hoy escasean, están parados”, revela Ferrero.
Norte del país
Salta y Jujuy son las provincias con las tasas de aborto más altas de Argentina, según un informe del proyecto Mirar que monitoreó las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en el año 2022: 13 cada 1000 mujeres en edad fértil. Detrás de estas cifras se encuentran rostros como los de Elena Meyer que, como médica generalista perteneciente a Salvemos Miles de Vidas, es un pilar clave para la garantía de derechos sexuales y reproductivos en su provincia, Jujuy. Sin embargo, según relata, nunca vivieron lo que está sucediendo ahora: sentir la incertidumbre del futuro, pero también la del presente.
“Venimos a la cabeza, en relación con la población que tenemos, de la cantidad de intervenciones que se hacen, incluso fuimos una de las primeras provincias en adherir al fallo FAL. Sin embargo, lo que pasó a partir de ahora con Milei fue sentirnos sin una contraparte, sin apoyo de las autoridades nacionales”, relata sobre su día a día. Desde diciembre, la sensación es que no tienen con quién comunicarse pero, por sobre todas las cosas, que nada está garantizado: “No sabíamos a quién dirigirnos, no sabíamos si iba a haber insumos, esta amenaza constante de que todo se terminaba”. Según la médica, la demanda de interrupciones del embarazo es cada vez mayor y no contar con esa certeza en un contexto de desmantelamiento es peligroso.
Fue en marzo cuando las cajas de misoprostol llegaron a cero y, ante la no respuesta del Estado nacional, comenzó lo que ella llama el “apoyo solidario”: el diálogo constante entre provincias para que, frente a la falta, se administren los insumos de frontera a frontera. “Fueron días de decirnos: ‘¿qué hacemos?’. Lo que tuvimos hasta marzo es lo que quedaba de la gestión anterior, por eso tuvimos que apelar a otras provincias que tenían exceso a punto de vencerse”, cuenta. En ese camino, muchas de las personas gestantes tuvieron que recurrir a comprarse el medicamento por sus propios medios, llegando a pagar cifras que rondan los 150 mil pesos o, si daban con alguna pastilla sobrante en otro municipio, viajar cientos de kilómetros.
En estas circunstancias, lo que menos se tiene es tiempo. Por eso, las llamadas entre los médicos es una constante. Son ellos los que terminan poniéndole el cuerpo y la cabeza entre cada consulta para hacerle frente a una ley que, indudablemente, no está tallada en piedra: “Es doble el trabajo que tenemos que hacer para que esto se resuelva y para que siga igual. Uno tiene que ponerle esfuerzo, organizarse mejor y todo eso genera una situación de estrés, de problemas internos con nosotros mismos, porque trabajamos en medio de la incertidumbre”, detalla.
Desde que se implementó la ley, no habían vivido situaciones tan extremas como estas. Sabían que, ante cualquier problema que se agravaba, contaban con Nación para brindarles una respuesta: "Si alguna vez teníamos que derivar una mujer a otra provincia por una circunstancia especial o si hacía falta el acompañamiento de algún médico con más experiencia para que apoye a los profesionales de la provincia, Nación resolvía y apoyaba. Ahora eso ya no existe".
El alivio llegó días más tarde cuando, a través de fondos provinciales, dieron con una nueva tanda de compra de misoprostol. Como en el caso de la provincia de Tucumán, “se la rebuscan”. Sin embargo, no saben hasta cuándo les va a durar ni qué va a pasar si, otra vez, se quedan sin insumos.
“No sé cuánto durará, no sé cuánto compraron, pero lo tenemos que garantizar. Esa es la incertidumbre que tenemos día a día. Las autoridades provinciales se dieron cuenta de que tienen que hacerlo porque sino se viene lo peor, pero no es que es una prioridad, no es que en las reuniones se habla de que, si hay que hacer un gasto, esto es lo primero. Somos nosotros los que estamos empujando todos los días para que esto no caiga”, cuenta.
De cara al futuro, no hay señal de que exista una coordinación nacional que, como organismo de control, garantice el acceso al misoprostol en todas las provincias. Sin seguimiento ni monitoreo, los derechos sexuales y reproductivos quedan en manos de la buena voluntad de médicos y médicas.
El Hospital Maternidad Provincial 25 de mayo, ubicado en la capital de Catamarca, está compuesto por profesionales que le ponen el cuerpo y la cabeza a hacer funcionar este derecho. Crucial en la región, el centro de salud realiza procedimientos IVE, pero también vienen hace tiempo trabajando con estos insumos al garantizar interrupciones legales, asistolia para embarazos avanzados y la AMEU. “No solamente atendemos a catamarqueños, sino a pacientes de La Rioja, Tucumán, porque no hay nadie que haga segundos trimestres avanzados y nos derivan pacientes de provincias vecinas”, cuenta.
Al día de hoy, el establecimiento cuenta nada más ni nada menos que con 30 insumos y solo 2 de misoprostol y mifepristona. Para un centro de salud que suele recibir aproximadamente 35 pacientes que solicitan abortar por semana, el panorama es desalentador.
“Ese stock lo tenemos porque se usaba para embarazos detenidos, ya que el tratamiento es el mismo, pero hoy lo estamos derivando para usarlo en la IVE por la demanda”, resalta Anahí Ferrero, médica tocoginecóloga de la provincia.
Mientras pasaban los días e iban advirtiendo del faltante, debieron insistir a Dirección para que, con fondos provinciales mediante, gestionen una nueva compra. “Nos dijeron que van a estar los nuevos medicamentos entre los 30 y 60 días posteriores, pero lo que va a llegar tampoco es mucho y en el mientras tanto no sabemos qué vamos a hacer. Estamos en un panorama sombrío”, advierte Ferrero. El nuevo stock brindará 150 mil comprimidos, que, como aclara la médica, alcanzan para “1250 tratamientos aproximadamente, sin mifepristona”. Pero aún no llegan.
En el día a día, la angustia crece y suele haber reuniones de equipo para trazar un plan de cómo hacerle frente a la situación. “Llegamos a pensar: ‘Bueno, hacemos AMEU’, pero no podemos hacerlo en todos los embarazos, como es el caso de los avanzados. Con el caudal que manejamos no podemos obviar la medicación. Por ende, encontramos como vía alertar a la Dirección a través de Consejerías”, revela.
Saben que, de todos los centros de la provincia, suelen ser los más abastecidos. “Si nosotros, que somos el centro de referencia y a donde se suelen derivar muchos casos, tenemos pocos medicamentos, imaginate los hospitales del interior de la provincia: no tienen nada directamente”.
En este contexto, en Jujuy, la semana pasada circuló una fake news de que ya no había protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo, información que desmintió el propio Ministerio de Salud de la provincia. Meyer también lo aclara: “Nunca se suspendió, pero sí sucede que se agarran de lo que quieren avanzar para que esto no se haga y lo aprovechan. Los discursos del gobierno habilitan a que en cualquier momento haya un avance real contra los derechos”. Ferrero, de Catamarca, coincide: “El desfinanciamiento es intentar una derogación encubierta porque sin medicación no podemos trabajar. Hay que ver cuánto podemos sostener con el esfuerzo humano todo esto. Lamentablemente, lo veremos en un tiempo cuán problemático es”.
Región centro
En Córdoba, el asedio legal de los grupos antiderechos contra el aborto legal es algo casi de todos los días. En la provincia del incansable Portal de Belén, todo el tiempo es necesario recalcar que el aborto es legal, seguro y gratuito. Tanto, que hace exactamente un año, en mayo de 2023, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1° Nominación de la Provincia de Córdoba tuvo que aclarar que “no se puede obstaculizar el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, al rechazar justamente un amparo del Portal de Belén.
En los consultorios médicos públicos de “la docta”, los médicos que no son objetores de conciencia y están a favor del aborto no están pudiendo garantizar el mejor tratamiento para los pacientes que solicitan IVES. Agustina Conti es miembro del colectivo Salvemos Miles de Vidas y también de la Red de Profesionales por el derecho a decidir, desde 2019, cuando todavía no existía la ley. Se define como una “profesional que defiende el acceso a la salud sexual integral”, por eso, la afecta en carne propia no poder brindar el tratamiento más seguro a sus pacientes.
“En Córdoba la situación es muy complicada. Específicamente con el caso de las IVEs, salió una resolución recientemente sobre cuándo se puede usar mifepristona, por el desabastecimiento”, explicó Conti. De acuerdo a esta directiva provincial, se cambió el protocolo para que la mayoría de los casos se traten con misoprostol y que se limite el uso de mifepristona a las intervenciones legales del embarazo o para las IVEs entre las semanas 12 y 14.
“Antes del recorte, pensábamos entre nosotras y discutíamos cuándo optar por este método en situaciones de mujeres que necesitaban un tratamiento corto y efectivo, ya sea porque tienen tres hijos a cargo o porque no quieren que se enteren que van a interrumpir ese embarazo o, peor, porque sufre violencia de género y no puede tener sangrado y que se entere quien la violenta. Antes si lo justificábamos, lo podemos conseguir. Ahora no lo podemos garantizar”, alertó Conti.
El ajuste es generalizado. A la eliminación del plan ENIA, se sumó también en esta provincia, según contó, la discontinuación durante 5 meses de la provisión de medicamentos para el programa de acompañamiento a las personas trans. “Son cambios irreversibles y desde Nación cortaron todo, hasta que la provincia decidió una compra para poder tener las provisiones”, remarcó.
La profesional hizo hincapié también que no todas las personas gestantes viven las IVEs de la misma forma. “No son solo posibles efectos secundarios físicos, esto impacta un montón en la salud integral de las personas”, remarcó y ejemplificó: “En Córdoba está muy caro el boleto de colectivo y muchas veces llegan mujeres que sabemos que no van a volver al hospital, entonces, no podes darle una medicación que tiene un 70/80 por ciento de efectividad y que tenés riesgo de que no funcione. Esa es una mala práctica”.
La mayoría de las interrupciones se hacen con misoprostol de manera ambulatoria, es decir, la persona puede hacerlo en la casa en el momento que prefiera, con el seguimiento del médico o la médica de cabecera antes y después. Su efectividad es del 85 por ciento y, combinado con la mifepristona, tiene un 99 por ciento de eficacia.
Que no se pueda garantizar la provisión de mifepristona y misoprostol en un país que cuenta con laboratorio nacional y público no se puede entender. O si, cuando se tiene en cuenta que el gobierno de Milei derogó por decreto en enero la ley N° 27.113, que declaraba “de interés nacional y estratégico” a los laboratorios de producción pública.
En ese momento, se había advertido desde Santa Fe que la fabricación de misoprostol y mifepristona para garantizar la IVE podría verse afectada. Desde hace años, la provincia es pionera en fabricación de medicamentos que garantizan el acceso a las IVE. “Si a nivel nacional las políticas van en detrimento de la producción pública, lógicamente puede afectar al laboratorio público de la provincia”, advirtió en ese momento la directora del LIF, Édila Formente.
El LIF produce misoprostol desde 2018 (en 2021 consiguió la licencia de la ANMAT) y en 2023 sumó la producción de mifepristona. Es el primer laboratorio público de América Latina en producir este último medicamento, tan necesario ahora en los hospitales de todo el país. Este llegaba a través del programa nacional Remediar, para brindar acceso y cobertura de medicamentos esenciales a centros de salud. Para el Gobierno de Milei, que las personas gestantes accedan a los mejores métodos de IVEs no es algo esencial. “Desde diciembre llegó una sola tanda”, denunció Conti.
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires aseguraron que -por el momento- no ven un impacto muy grande frente a los recortes pero sí comparten la preocupación con Córdoba respecto a la mifepristona, porque creen que no la van a poder garantizar para todos los abortos.“No vamos a poder comprar para 45 mil IVEs, vamos a tener que volver al misoprostol o promover la Aspiración manual endouterina (AMEU) que no requiere tanta medicación”, señalaron.
En este contexto, donde deben plantearse nuevas estrategias, el gobierno de Axel Kicillof firmó un convenio para desarrollar el medicamento con la Universidad Nacional de La Plata y el Laboratorio Público Tomás Perón aunque va a tardar entre uno o dos años en salir a la venta; algo que también lleva adelante el LIF en Santa Fe. Sin embargo, hasta el momento no hay más precisiones.
FUENTE: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Si bien, por ahora, tienen stock desconocen por cuánto tiempo podrán seguir garantizando la IVE mientras inician trámites para realizar nuevas compras y desarrollan la medicación necesaria para cumplir con la normativa. Intentan no depender al 100% del gobierno nacional, por eso, están en tratativas para generar un sistema alternativo provincial por si desaparece o deja de funcionar el 0800 para “tener una respuesta y una presencia para aquellas personas que requieran información o necesiten una derivación”. En un párrafo aparte, apuntaron sobre la problemática que acarrea lo que ocurre con el Correo Argentino: ante el desguace de las empresas del Estado y los retiros voluntarios impuestos, observaron problemas con la distribución de medicamentos. “El Correo es el operador logístico del Ministerio de Salud”, manifestaron. Sin él, el federalismo queda en la nada.
Sur del país
A la provincia más austral del país no está llegando ni el misoprostol y los funcionarios provinciales están administrando en la escasez. A pesar del presupuesto que destina la provincia para saldar lo que Nación no envía, el miedo de quedarse sin stock para realizar abortos medicamentosos llevó a algunos médicos a consultar si podían utilizar misoprostol vencido.
Es que a la provincia no llegan Combipack desde diciembre. Eso también empujó a que los profesionales recurrieran al clearing de medicamentos, el mecanismo según el cual efectores de salud pueden pedir a otros colegas aquellos que no tienen. Pero lo llevaron a otro nivel, según pudo saber este medio. “Decimos: yo te mando 10 cajas de misoprostol a cambio de tres implantes. Es como un intercambio de figuritas”, relató un médico que quiso resguardar su identidad. Tierra del Fuego tiene una complicación extra: es intercontinental. Entonces, ante el pedido de Santa Cruz de clearing, no pueden resolverlo sin un sinfín de trámites, por trabas de la Aduana.
La provincia se está haciendo cargo de la provisión pero no es suficiente, por eso, en las próximas semanas se bajarán directivas para que los médicos de hospitales empiecen a recetar los medicamentos en aquellos casos que consideren necesarios. Desde la gobernación prepararan una resolución para que las obras sociales recuerden que se tienen que hacer cargo de cubrirlo, sin que eso requiera miles de trámites extra para la persona que solicita una IVE. En ese mismo sentido, hay conversaciones con el colegio de farmacéuticos para que las farmacias se stockeen. También, para que se identifiquen aquellas farmacias objetoras de conciencia, para evitarles malos momentos a las pacientes.
Más allá de lo señalado, en el Hospital Regional de Ushuaia (HRU) no se vive ni se replica la situación observada en el resto de la provincia, o al menos no es así hasta el momento. Sin embargo, según señala la tocoginecóloga de Salvemos Miles de Vidas Florencia Aballay Reinoso (MP2059) cabe resaltar que puede ser no muy representativo ya que hay cerca de 95 mil habitantes en la ciudad. “Por el momento acá no se refleja que haya menos presupuesto, no nos hemos quedado sin medicación pero nuestro caudal de pacientes no se compara con el del resto del país”, señaló.
Sin embargo, manifestó que se plantean -próximamente- no entregar medicación a quienes tengan obra social o prepagas -a quienes se lo pueden recetar y recibir cobertura- porque “va a llegar un momento en el que sí se nos va a terminar la medicación o no nos van a mandar más y las pacientes que no tienen obra social, a quienes sí corresponde, no podrán acceder”, explicó. Lógicamente, que sean menos pacientes ayuda a que la provisión esté. “Se nos vencían unas cajas en mayo y como teníamos mucho combipack, empezamos a darle a las pacientes antes de que se venza”, señaló Reinoso. Se vencían porque desde Nación no enviaban insumos a la provincia desde diciembre.
Los mayores problemas que se pueden observar a la hora de implementar la ley tienen que ver con los centros de salud que se niegan a cumplir la ley: objetores de conciencia les derivan a pacientes de más de 15 semanas desde Río Grande -a pesar de haber hecho la consulta mucho tiempo antes-, suelen quedarse sin inyectables porque se encuentran en una isla y dependen mucho de los factores climáticos y estuvieron dos meses sin implantes, por lo que debieron buscar otras alternativas. “Si solamente le diéramos anticoncepción a las pacientes que no tienen obra social, andamos bien con la medicación. Como abarcamos a todas, no. Somos más cuidadosas porque no nos mandan implantes de sobra, a esas pacientes se les ofrece anticonceptivos orales o inyectables”, sentenció.
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