El Gobierno impulsó una campaña de comunicación del nuevo protocolo de orden público de cara a la marcha que se espera para este miércoles en Plaza de Mayo, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001. Se convertirá en la primera prueba de aplicación del "Protocolo Bullrich" dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En este marco, se reforzó la seguridad del Congreso de la Nación y la Casa Rosada con un vallado perimetral y con efectivos de Gendarmería Nacional. También se desplegaron camiones hidrantes por el microcentro porteño. Además, se lleva a cabo un fuerte operativo en los principales ingresos a la Ciudad de Buenos Aires con requisas policiales en trenes y colectivos en busca de elementos que fueron prohibidos en el protocolo antipiquetes como palos y capuchas. En un comunicado, el Ministerio de Seguridad informó que en un operativo de la Gendarmería en el peaje Pilar hicieron descender de un colectivo que estaba "en infracción" a sus pasajeros y ordenaron que la unidad continúe sin pasajeros a los que llamaron "piqueteros en la descripción.
Con carteles y un aviso que se puede escuchar en los parlantes de las cabeceras y distintas estaciones de las líneas de tren, en subtes y colectivos, desde la cartera de Seguridad reiteraron el mensaje que transmitió la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello en los últimos días con respecto a los planes sociales: "El que corta, no cobra".
En las redes sociales, usuarios mostraron fotos de los carteles que se encuentran en el transporte público. En los mismos, desde la cartera dependiente de Bullrich destacan que aquellos que se movilicen hoy, en caso de ejercer el derecho a protestar, "solo lo pueden hacer en lugares habilitados porque cortar una calle es un delito penado por ley".
"El que corta no cobra. El Ministerio de Seguridad de la Nación informa: Si va a ejercer su derecho a protestar tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, avenida o una ruta es un delito penado por ley", se lee en los avisos ubicados en las terminales de trenes, colectivos y subtes. En este sentido, Seguridad también agregó que de sufrir "alguna extorsión" para concurrir a la manifestación pueden "denunciarlo anónimamente llamando al 134".
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A los carteles se le suma el mensaje en parlantes, que se puede escuchar no solo en las cabeceras sino en todo el recorrido y distintas estaciones de trenes: "Si sos beneficiario de un plan social, nadie lo puede a obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar puede denunciar anónimamente al 134. El que corta, no cobra".
De esta manera, y pese a los distintos cuestionamientos con respecto a la legitimidad del protocolo, entra en vigencia la medida antipiquete establecida a través de la Resolución 943/2023 publicada el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial.
El Gobierno denunciará a referentes piqueteros
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló que ya recibieron más de 5000 denuncias en el 134 (horas después el vocero Manuel Adorni señaló que el número de denuncias creció a 8900). En diálogo con TN, la funcionaria aseguró que disponen de nombres de referentes "que piden multas de 7000 pesos" a la gente "por no ir al piquete". Anunció que al final del dia van a denunciarlos públicamente.
"Les cobra 7000 pesos de multa si no van a la marcha, es un Estado paralelo que le cobra por no cumplir con la obligación de esa organización. Tenemos muchísimos nombres de aquellos que los obligan y una vez terminado el día de hoy vamos a judicializar. Es en todo el país", apuntó Bullrich que afirmó: "Hoy se terminan las extorsiones en la Argentina".
En tanto, la ministra celebró una decisión judicial que en las últimas horas rechazó un hábeas corpus colectivo que había sido presentado por el Servicio de Paz y Justicia, cuyo referente es el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras organizaciones. "¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!", destacó la funcionaria esta madrugada, quien remarcó que así "lo resolvió la Justicia" y sostuvo que "solo quienes ignoran la ley viven fuera de ella podían pensar lo contrario".
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