El presupuesto 2025 en la lupa: no hay plata y menos para mujeres, niñas y adolescentes

El Presupuesto 2025 de Javier Milei ingresó la semana pasada al Congreso de la Nación y se debatirá hasta noviembre en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda que dirige el diputado José Luis Espert. Tal como se anticipaba, y en la línea programática de déficit cero y simplificación del Estado que mantiene desde hace diez meses la gestión libertaria, el proyecto prioriza los gastos en Seguridad y Defensa, al tiempo que reduce las partidas destinadas a programas sociales, educación, ciencia y salud.

Además el proyecto presentado materializa la llamada "batalla cultural" contra las políticas de género a partir de la reducción, e incluso la eliminación, de partidas destinadas a mitigar la desigualdad y a programas enfocados en la prevención y asistencia frente a la violencia de género. Este posicionamiento del gobierno tuvo su punto cúlmine durante la última reunión del G20 donde la Argentina fue el único país que rechazó una declaración preliminar en defensa de las políticas de género y empoderamiento de las mujeres que incluía la necesidad de enfrentar todas las formas de violencia y la misoginia. El argumento esgrimido por la Cancillería para no acompañar el texto fue e desacuerdo con conceptos como “identificar las acciones de cuidado familiar como un trabajo e involucrar en el pago de ingresos al Estado" o los "derechos reproductivos".

En este marco, y de cara al debate y la votación en el Congreso, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboraron un informe, llamado “Una distribución injusta de los recursos para mujeres, niñas y adolescentes”, que evalúa la propuesta presentada el 15 de septiembre y advierte que el presupuesto para 2025 minimiza los recursos  para dichos sectores y, de aprobarse, pondría en riesgo la continuidad de los programas y avances conquistados en materia de derechos por los movimientos de mujeres y feminismos. Además subraya que, al analizar otros gastos tributarios, se evidencia que no es que “no haya plata”, sino que “hay una distribución injusta de los recursos". El martes 15 fue presentado en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, y la intención de las organizaciones es llevarlo al debate que se está desarrollando en la Comisión de Presupuesto donde puede tener incidencia política real.

Delfina Schenone Sienra, directora del área de Políticas de “Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de ELA, promoviendo derechos”, señala que desde la organización se encargan hace varios años que de monitorear las partidas presupuestarias, la ejecución, y particularmente las PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género). “PPG es una etiqueta utilizada por muchos países que se usa para distinguir las partidas que sirven para ayudar a cerrar las brechas. En Argentina se incorporó en 2019 y la metodología se mejoró con la creación del Ministerio de las Mujeres. Fue una avance que permitió hacer un seguimiento desde la sociedad civil del nivel de inversión y destino de las partidas de género. Pero en el último tiempo y en el Presupuesto 2025 se está volviendo para atrás con esta metodología”, explica la licenciada en sociología.

La eliminación de una herramienta de transparencia presupuestaria como las PPG no solo refleja un retroceso en materia de derechos a nivel local, sino que deja a la Argentina afuera de marcos normativos e iniciativas internacionales que promueven la adopción de presupuestos con perspectiva de género, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Santo Domingo (XII Conferencia Regional de la Mujer de LAC), así como también la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Lo que estamos viendo en el proyecto es una consolidación del recorte, que ya vivimos en 2024 sobre todo porque este presupuesto viene perdiendo contra la inflación. Observamos un ajuste muy fuerte en la mayoría de los programas que tienen que ver con la temática de género. Tenemos por un lado partidas que dejaron de existir, y por otro lado recortes fuertes que ponen en riesgo la continuidad y sostenibilidad de una política”, dice la Directora. Las dimensiones mayormente afectadas son las vinculadas a la lucha contra la violencia de género y las que trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos.

Gran parte del ajuste recae sobre el Acompañar, un programa de apoyo y acompañamiento económico a mujeres y LGBTI+ en situación de riesgo por violencia de género que funciona en todo el país desde 2020. Hasta diciembre de 2023 constituía el 80% del presupuesto de todo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ya que otorgaba una asignación económica equivalente al SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) durante 6 meses consecutivos. En 2024, por decisión del gobierno nacional, el plazo de la asistencia pasó a 3 meses, y la cantidad de personas asistidas bajó de 34.023 en el primer trimestre del 2023 a 434 en el primer trimestre del 2024 (-98,72%). Para 2025 directamente el programa Acompañar no figura en el Presupuesto.

El informe de ELA y ACIJ recalca que la eliminación del programa “implicaría un retroceso significativo en la asistencia económica a mujeres en situación de violencia y una violación al deber del Estado de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia, plasmado en los compromisos internacionales y nacionales asumidos por el Estado”.  Al respecto la licenciada Schenone Sienra  agrega: “Hoy no hay otro programa que apoye a las mujeres en situación de violencia que necesitan salir, porque tienen dependencia económica o tienen que mantener a los hijos. Esta falta de apoyo y falta de autonomía económica las hace volver o no irse de esos hogares”. En un contexto de fuerte crisis económica y pérdida del poder adquisitivo, las desigualdades socioeconómicas constituyen obstáculos para una mujer al momento de intentar salir de un vínculo violento, lo que agrava los niveles de riesgo de las víctimas.

Con respecto a la Línea 144, que se creó en 2013 y actualmente depende de la Dirección de Fortalecimiento para el acompañamiento a las víctimas del Ministerio de Justicia, se observa que dejaría de tener una erogación propia. Durante 2024 la política sufrió una caída pronunciada del presupuesto, comparado con años anteriores, sumado a una reducción del 28% de la ejecución presupuestaria real interanual, y el despido del 38% del personal especializado. “En 2025 al no haber una partida específica, la sociedad pierde la posibilidad de dar seguimiento al fortalecimiento de la línea”, señala el informe.

Las decisiones del Poder Ejecutivo parecen desestimar las cifras que evidencian que la violencia de género continúa sin disminuir alentado por los discursos de odio y el crecimiento del lenguaje insultante y sexualmente violento. En ese sentido el último informe presentado por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, que forma parte de La Casa del Encuentro, indico que desde el 1° de enero al 30 de septiembre de 2024 se 202 fueron víctimas de femicidio. Y el dato más relevante es que el 60% se produjo en el hogar de las víctimas, por lo que se evidencia que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia es su vivienda o la vivienda que comparte con el agresor.

Otra área que el gobierno libertario busca atacar y desmantelar es la que aplica al fortalecimiento de la ESI (Ley 26.150 de Educación Sexual Integral), es decir el derecho de las y los estudiantes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. El informe indica que ya para 2024 el presupuesto vigente fue el más bajo de los últimos 7 años. Sin embargo, si se aprueba el proyecto del ejecutivo para 2025 sería la primera vez que no se contempla una partida destinada a su fortalecimiento desde la sanción de la Ley en 2006. Como indica el documento la ESI "ha demostrado ser una herramienta fundamental no solo para combatir estereotipos de género, proponer otras formas de habitar la masculinidad, cuestionar las prácticas violentas, lo que en definitiva construye una sociedad con menor discriminación y violencia, sino que también es una pieza clave en la prevención y detección temprana del abuso sexual infantil”.

Durante todo 2024 se ha generado un proceso marcado de desinversión en Salud Sexual y Reproductiva. Según el monitoreo, hasta fines de septiembre el presupuesto del Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” sufrió, en términos reales, una disminución del 64% interanual. Para 2025 se observa un aumento de 3,34% en el total del Programa en comparación con el presupuesto 2024, que sin embargo representa una caída del 62,02% respecto a lo ejecutado en 2023.

El programa anteriormente mencionado se vincula directamente con el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente no intencional, que constituye la principal política pública destinada a bajar la tasa de natalidad en los sectores sociales más vulnerables de 12 provincias y logró reducir un 50% este tipo de situaciones. El Plan,  que se ha convertido en una referencia de política integral a nivel internacional, sufrió un vaciamiento profundo por decisión del gobierno de La Libertad Avanza ya que en abril se despidió a más de 700 trabajadores en todo el país. El Presupuesto 2025 profundiza la desinversión dado que implica una reducción real del 27% respecto a 2024, y del 78% en comparación con 2023. Paralelamente también se limitó en un 46% la adquisición de Métodos Anticonceptivos de Corta y Larga Duración, pasando de 79.490 a 43.000, y se redujo un 59% la Distribución de Medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando de 171.061 en 2023 a 70.000 en 2025.

“Están poniendo en riesgo todas las políticas que apuntaban a prevenir las violencias, no se reparten insumos de prevención como preservativos, anti conceptivos, no hay insumos para realizar los abortos legales – denuncia la Directora de ELA - y lo paradójico es que está demostrado que prevenir es mucho más económico que atender luego violencias en estados más graves. Por lo que termina habiendo un problema de eficiencia en un gobierno que dice hacer un uso efectivo de los recursos”. De hecho desde la organización realizaron un estudio en la Ciudad de Buenos Aires a través del cual se demostró que atender las violencias de manera tardía es 22 veces más costoso que prevenirlas de manera temprana.

“El Presupuesto 2025 es coherente con la posición ideológica que escuchamos todo el tiempo en los discursos cuando dicen que la violencia no tiene género, que el Ministerio de las Mujeres era un aguantadero de militantes, o que la ESI es adoctrinamiento. El desfinanciamiento está completamente alineado con este discurso. Es decir hay una voluntad de desmantelar y disolver todas las políticas que hacen a la igualdad de género porque no es un valor para ellos”, explica.

Las consecuencias de estas medidas de desfinanciamiento y la eliminación de las políticas ya pueden advertirse: “Hicimos un monitoreo de los primeros seis meses del gobierno de Milei en materia de políticas públicas contra la violencia de género y encontramos un significativo retroceso.  Hablamos con gobiernos provinciales y municipales, y lo que nos dicen es que hay una diferencia enorme en tanto ya no hay un gobierno nacional que tenga el tema en agenda, no hay un aval político, no hay recursos económicos, entonces esas políticas quedan libradas a lo que cada provincia quiera y pueda implementar. Eso le ha dado margen a muchos gobernadores que antes invertían un poco, porque el tema estaba en agenda, a que no lo hagan más. La contraparte es que hay una mayor demanda, además en un contexto de crisis económica que agudiza las violencias, y las mujeres tienen menos herramientas. Sabemos que hay un impacto negativo y que hay cada vez más mujeres libradas a su suerte”.