El gobierno de Javier Milei anunció que auditará todas las pensiones por invalidez que se aprobaron durante la gestión de Alberto Fernández, bajo el argumento de que un tercio de ellas "fueron mal otorgadas", sin aclarar cómo será el trámite que les espera a sus beneficiarios. Fuentes de la ANDIS confirmaron inclusive que desde la dirección "están terminando la planificación" de las revisiones, a pesar de los discursos oficiales. No hay una hoja de ruta. Las organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad, y que cada vez reciben más consultas en el contexto de ajuste del Estado, tienen miedo de que se trate de una estrategia discursiva que habilite eliminaciones masivas de pensiones.
Ya lo padecieron durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se suspendieron 170 mil pensiones no contributivas a partir de notificaciones que llegaron a las casas de las personas sin que mediara auditoría alguna. Un fallo judicial, en su momento, le recordó al Estado Argentino que hay derechos y garantías contemplados en Tratados Internacionales que no puede soslayar. El gobierno libertario retoma ahora la idea de las "irregularidades" y habla de un "sistema de pensiones poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude". “Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados”, subrayó el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa.
El Foro Permanente por la Discapacidad prepara una respuesta pública contra él pero también contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien también sembró dudas sobre el sistema de pensiones. "Da como un hecho que fueron mal concedidas y sin aportar ni una prueba sobre ello. Y trae la gran verdad: El auténtico “negocio” del otorgamiento de las pensiones truchas está en que las instituciones que brindan servicios a las personas con pensiones se quedan con lo que se paga por la atención sin brindar dicha atención con el aval de las personas que han recibido de mala manera una pensión por incapacidad laboral", remarcarán.
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La Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad, colectivo que evitó en su momento el ajuste del macrismo, alertó también que en el discurso de Adorni de hoy "subyace una idea de la persona con incapacidad como una aprovechadora", a pesar de que "cada pensión se otorga individualmente con un acto administrativo", con lo cual, "por cada pensión existe un expediente".
"Vi que anda mostrando una radiografía de un perro, que en ese caso puede ser que haya sido por un expediente irregular. No está mal que auditen las pensiones, lo que es sugestivo es que para hacerlo lanzan una amenaza pública para habilitar una catarata de mensajes de odio y discriminación", advirtió en diálogo con El Destape Varina Suleiman, abogada de REDI, quien alertó que "toda esta generalización que se hace es la típica de cuando se necesita hacer recortes fiscales, porque se intenta generar un clima social adverso que lo avale".
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Tal como contó este medio, el ajuste de Milei en la asignación de recursos alcanzó en mayo a las personas con discapacidad. La motosierra pasó por la Andis, que redujo su presupuesto en un 26 por ciento. Es en este contexto que Adorni anunció los resultados de una encuesta que justificaría para el Gobierno la auditoría masiva. De acuerdo a Adorni, un informe realizado por la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Russo, detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
Fuentes del Ministerio de Salud estimaron que "se produjo un desvío de fondos de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad". El documento que enviaron a los medios sobre la auditoría especifica que el supuesto "esquema de corrupción" les permite asegurar que "durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad".
Qué arrojó la auditoría del gobierno de Milei
La auditoría, que llegó a los medios con la foto de una supuesta radiografía de un perro, destaca que se auditaron médicamente hasta el momento apenas 2.559 casos, de los cuales "solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos".
Sumado a eso, el informe aclara que "entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales". Y agrega que "bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023".
Las organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad consideraron que en este punto hubo "ignorancia o mala intención porque para nacer con síndrome de down, asperger, autismo, o adquirir parkinson o alzheimer o tener una afectación de salud mental no hace falta una catástrofe". Sumado a que muchos trámites "se acumularon" tras el paso de Macri por la Casa Rosada, justamente porque se trataba de "un modelo de gestión más proclive a recortar derechos y no a satisfacerlos, con lo cual muchos trámites se ralentizaron, más allá del proceso judicial puntual por las suspensiones.
Allí se aclara también que "alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas".
"Este mecanismo perverso ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad ya que el dinero destinado a este sector tan vulnerable de la sociedad ha sido utilizado para arreglos políticos y beneficios de unos pocos", estipulan.
Allí fueron además contra los beneficiarios del programa Incluir Salud, que brinda servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) puedan acceder a una atención de calidad independientemente de donde vivan.
"La investigación sobre las pensiones otorgadas de manera irregular también permitió observar el uso indebido del Programa Nacional Incluir Salud creado para brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas. Desde Andis se inició una auditoría para determinar también las prestaciones mal otorgadas y facturaciones truchas. Vale destacar que desde Andis se transfiere a las provincias los fondos para garantizar las coberturas médicas de las personas con pensiones. Se calcula entre 1,2 y 1,7 millones de pesos mensuales por afiliado", subrayaron.
Cómo deberían ser las auditorías y qué tienen que tener en cuenta las personas con discapacidad y sus familiares
Tomando como referencia lo que ocurrió con el macrismo y con lo que dictaminó la Justicia, Suleiman indicó que las personas con discapacidad tienen que tener en cuenta "que la única forma de citarlos para revisar el expediente es que les manden una cédula al domicilio que indicaron al momento de hacer el trámite de la gestión".
"En su momento, la Justicia detectó que se violaron garantías porque las personas recibían directamente cuando iban a cobrar su pensión a la ANSES un ticket que decía que tenía que presentarse porque, caso contrario, iba a caducar su pensión", recordó.
El Gobierno no tiene clara aún la agenda sobre cómo será que los beneficiarios van a tener que validar que son personas con discapacidad esta vez. "Estamos terminando la planificación de dichas auditorias", confirmaron a este medio fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad, a pesar de los anuncios de Adorni que llevaron malestar a muchos.
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