Hostigamiento y despidos a personas trans en la era Milei: la historia de la enfermera que lucha por su reincorporación

Hoy 28 de junio se conmemora en todo el mundo el Día del orgullo LGBTIQ+ cuyo origen histórico se remonta a la famosa revuelta de Stonewall, en 1969, cuando un grupo de personas trans, gays y lesbianas resistieron y se enfrentaron a una brutal razzia policial en un bar del barrio de Greenwich Village de la ciudad de Nueva York. Desde entonces cada año la fecha significa un momento de celebración y en cada país se resignifica, con consignas y lemas políticos, teniendo en cuenta el contexto social y la realidad de las luchas del colectivo por el respeto, la igualdad, y la promoción de políticas públicas.

Argentina es considerado un país de vanguardia en la materia que ha sido impulsor durante las últimas décadas de conquistas históricas como la Ley 26.743 de Identidad de Género; la Ley N° 26.618 de Matrimonio igualitario; la Ley 27.636: Promoción del acceso al empleo formal "Diana Sacayán - Lohana Berkins" más conocida como Ley de Cupo Trans; o el decreto que habilitó el DNI no binario. Sin embargo desde diciembre de 2023 atraviesa un proceso de fuerte retroceso, encabezado por el presidente Javier Milei quien no solo ataca a los movimientos y cuestiona la "ideología de género", habilitando discursos de odio e incentivando actos de violencia criminal, sino que además ha implementado un programa político minucioso que pone en peligro sistemáticamente la base de derechos conseguidos.

Las medidas contra este colectivo y el desfinanciamiento de todas las políticas públicas que previamente garantizaban derechos han configurado un escenario de violencia institucional, invisibilizacion y extrema vulnerabilidad. En este proceso fue clave la temprana desarticulación de instituciones que se encargaban de velar por el cumplimiento de la protección de los derechos humanos, las leyes vigentes y los convenios internacionales, como el INADI, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, o las oficinas de género en las diferentes agencias de la administración pública. El objetivo pareciera ser la eliminación de todo rasgo igualitario o de perspectiva de género de la estructura del Estado, y la restitución de un sistema social, económico y político desigual y discriminatorio.

Bajo el discurso del ajuste y el achique de personal como banderas, comenzaron a registrarse en todo el país múltiples despidos de personas transgéneros que habían ingresado a trabajar al Estado Nacional en los últimos años justamente a partir de la Ley de Cupo laboral trans, aprobada en 2021, norma que se propone garantizar la contratación en el sector público de al menos el 1 % de personas travestis, transexuales y no binarias.  Según un informe publicado en abril por el Observatorio Zaguán Transindical, compuesto por trabajadoras y trabajadores de diferentes sindicatos, ya se concretaron más de 100 desvinculaciones, lo que representa un 10% de la nómina de 955 personas trans que fueron contratadas hasta el cambio de gestión. Las áreas más afectadas son la Secretaría de Trabajo; Desarrollo Social; ANSES y Cancillería, pero los despidos de distribuyen en otros sectores y también a nivel de las provincias.

"Los jueces están fallando a favor de nosotros, porque los despidos son injustificables y tenemos una Ley vigente que nos ampara. En este contexto tan violento muchas personas se cansaron de ir contra la marea y bajaron los brazos", expresa Celina Esteban, licenciada en Enfermería, cuya historia trascendió hace unos años cuando luego de ganar un concurso público se convirtió en la primera mujer trans jefa de residentes del área en el Centro de Salud N°7 del Hospital Santojanni. Hoy su historia es diferente: a partir del triunfo electoral de Milei comenzó a vivir situaciones de hostigamiento, violencia y persecución política en otro de sus trabajos, el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. El 1 de marzo la despidieron.

Como en el caso de Celina, cada puesto de trabajo que se pierde significa un golpe significativo, y en algunos casos mortal, a un proyecto de vida que había comenzado a transformarse y mejorar gracias a políticas de inclusión social y reparación sobre una población hiper vulnerabilizada. La expectativa de vida de las personas travestis, trans y no binarias en nuestro país va entre los 35 y 40 años. Desde muy temprana edad son excluidas del acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda, y el trabajo.  De hecho cifras publicados en la plataforma Identidades informadas, de Fundar, estiman que entre el 80% y el 90% de este colectivo no accede nunca al mercado formal de trabajo, lo que termina empujando a la mayoría a empleos informales, mal pagos, en condiciones indignas y sobre todo al ejercicio del trabajo sexual. Con el triunfo de Milei, la crisis económica, el fomento del transodio y los despidos dirigidos, muchas están empezando a volver a la esquina para poder sobrevivir.

Hostigamiento, saña y violencia institucional: el caso de Celina Esteban

Celina Esteban se recibió en 2017 en Enfermería en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson y se especializó en atención primaria. En la institución de Villa Lugano trabajó sin descanso atendiendo a la comunidad durante la pandemia de COVID. Además realizaba tareas como seguimiento de vacunación, atención en postas sanitarias, consejería en métodos anticonceptivos, y testeos rápidos de enfermedades de transmisión sexual. Si bien logró ingresar a la planta de trabajadores de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones no son las mejores y el sueldo ronda los 400 mil pesos.  Los enfermeros y las enfermeras porteñas hace años reclaman por el reconocimiento y el cumplimiento del fallo que ordena al Gobierno porteño a incluir a la enfermería en la Ley 6035, que regula el escalafón de los profesionales de la salud.

Por su trayectoria y amplia formación, luego de un extenso proceso de entrevistas y selección, y mediante la Ley de Cupo Trans, en 2023 ingresó a trabajar en el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, dependiente del Estado nacional. Desde su llegada a este lugar sufrió episodios reiterados de maltrato y discriminación, pero a partir del triunfo electoral de Milei comenzó a vivir situaciones de hostigamiento, violencia y persecución política de los propios directores que culminaron en marzo de 2024 con su despido sin ningún tipo de motivo o justificación.  “En 2022 ya había presentado los papeles, pasé por varias entrevistas, presenté acreditaciones de los concursos que tenía por la Residencia. Como el Bonaparte es un hospital de Salud Mental tenés que estar preparada. Más allá de que haya una Ley de Cupo trans si vos no estas capacitada no te van a tomar – recuerda Celina del proceso de selección para ingresar- desde el momento que ingresé en 2023 comenzaron con muchísima discriminación”.

Si bien reconoce la importancia de las políticas implementadas en materia de inclusión, sobre todo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuestiona que en algunos espacios la Ley de Cupo se cumplía solamente por obligación sin la implementación complementaria de una mirada de género en las estructuras burocráticas y de recursos humanos. La licenciada relata que sus compañeras expresaban incomodidad al trabajar con ella y la excluían de reuniones de trabajo. Mientras sufría amenazas de despido de la Directora Beatriz Baldelli, quien tomó  la decisión inconsulta de pasarla a la Guardia. “Un día una compañera viene y me dijo que parecía una prostituta, o una de las ‘trabas’ que venían a hacerse atender, que así no parecía una profesional.  Yo tenía el delantal desabrochado porque hacia calor y no funcionaban los aires, pero solamente se notaba el huesito de abajo del cuello”, recuerda.

Luego del triunfo de los libertarios en diciembre de 2023 aumentaron los episodios de violencia y discriminación, sobre todo cuando Celina se manifestaba políticamente para defender a las personas del colectivo trans o reclamar contra el cierre del INADI : “Cuando gana Milei mostraron su verdadera perspectiva de género, su intolerancia, su transodio y el odio en general a la comunidad LGTB”. Si bien Celina había ingresado en el marco de la Ley de Cupo y había firmado un contrato de trabajo anual, se lo cambiaron arbitrariamente y sin consultarle por uno trimestral, bajo la amenaza constante de despido.

Con el asesoramiento de la Federación argentina LGTB y la firma de María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA, Celina presentó un reclamo formal ante la Dirección del Hospital, que nunca fue tenido en cuenta. “Hicieron caso omiso. Pasaron los meses y me citaron a una reunión con la directora, la jefa de Recursos Humanos y una abogada. Ahí me trataron horrible, me dijeron que me iban a cambiar de servicio, de día y horario, lo cual era un problema para mí porque yo en la semana trabajaba en otro hospital y no podía. En esa situación les dije que para nosotras era realmente muy difícil conseguir trabajo, pero no les importó”.

El viernes 1 de marzo recibió en su casa el telegrama que le informaba que no le renovaban el contrato, pero le exigían seguir yendo a la institución hasta fin de mes: “Me presenté a trabajar y en la puerta me recibió un personal de seguridad que me dijo que tenía la entrada prohibida al hospital de por vida, por orden de la dirección. Ellos buscaban que yo pase por esa situación. Todos estaban enterados porque pasaban mis compañeros y me decían ‘lo siento mucho’, pero les habían prohibido hablarme, me dejaron de seguir en las redes, no me contestaban los mensajes por miedo a ser despedidos. Además todas las coordinadoras me habían bloqueado el teléfono y me cerraron el mail institucional. Tenía todo denegado, por lo que no podía comunicarme con nadie del hospital ni hacer un reclamo”.

Hasta el momento fue la única trabajadora despedida de la institución, situación que la llevó a tener que iniciar un tratamiento psiquiátrico con medicación. No obstante, sus excompañeros denuncian que con la nueva gestión han empeorado las condiciones de trabajo. Desde la administración han implementado un plan de control y disciplinamiento estricto por el que personal de seguridad debe registrar hasta las veces que van al baño y el tiempo que tardan. “Están buscando excusas para no renovar los contratos y poder despedirlos”, explica la Licenciada.

Celina inició un reclamo judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 3 para el que contó con el asesoramiento legal y el acompañamiento de ATE Capital. En la carta a documento presentada se intimó a la administración del hospital a que se respete el contrato anual que había firmado en el marco de la Ley de Cupo. Hace dos semanas el Juez a cargo falló a su favor, admitió la medida cautelar y obligó al Hospital a garantizar su reincorporación en un lapso máximo de 10 días. Sin embargo, en vez de acatar la medida el hospital decidió apelarla. “Esto no los exime de tener que convocarme, porque el juez ya lo ordenó. Están dilatando las cosas. Ahora el juez tiene que confirmar la sentencia, pero hasta que eso pase yo debería estar trabajando y ellos no cumplieron”, advierte Celina.

Mientras espera resolver su situación, Celina se mantiene exclusivamente con el sueldo del CeSAC que, con el nivel de inflación y el encarecimiento en los costos de vida, no le alcanza ni para llegar a mitad de mes. “Hoy vivo del Centro de Salud del Santojanni, cobro 400 mil pesos de los cuales casi 300 se me van en mi casa, en las expensas y en los servicios. Estoy en una situación horrible. No llego ni a comprarme la medicación que tengo que tomar. A eso se suma la injusticia de que haya tenido que iniciar un proceso de litigio. Lo que estoy sufriendo es violencia institucional, una réplica de los discursos de odio por lo que hoy este gobierno se siente habilitado para hacernos tanto daño”, señala.

Sin embargo concibe que el reclamo que ha iniciado no se trata solo de su trayectoria laboral. Se trata del derecho colectivo y de la vida de miles de personas que hoy están en riesgo: “Esto es muy importante para todas las personas trans que fueron despedidas, que son casi un 10 por ciento. Los jueces están fallando a favor de nosotros, porque los despidos son injustificables y tenemos una Ley vigente que nos ampara. En este contexto tan violento muchas personas se cansaron de ir contra la marea y bajaron los brazos, pero hay muchas posibilidades de que nos reincorporen y volvamos a trabajar. Muchas personas del colectivo trans han tenido que volver a las calles, a la marginalidad, de donde habíamos salido. Este gobierno nos quiere de nuevo trabajando en las esquinas”.