Iron Mountain, tragedia y sospechas son tres conceptos ligados entre sí en Argentina. Al menos es así desde el 5 de febrero de 2014, cuando un incendio en un depósito de Barracas se cobró la vida de diez personas que combatían las llamas. El último 24 de abril, nueve años después, un siniestro de similares características en el mismo galpón obligó a las familias a volver a abrir esa herida. Conjeturas de intencionalidad, presunción de lavado de dinero y supuesta complicidad de las autoridades son algunos de los ejes de una trama opaca.
La empresa es de origen estadounidense y se dedica a la protección de datos de las organizaciones más importantes a nivel mundial. Por eso, resulta al menos curioso que se hayan producido dos incendios en la compañía global que se define como “líder del sector en servicios de custodia y gestión de la información”, ya que allí se destruyó documentación de las firmas más importantes.
Incidentes parecidos ocurrieron también en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Italia, algo que parece abonar la teoría de algunos especialistas de que este tipo de hechos son intencionales. Con una única y notable diferencia: en Argentina diez personas perdieron la vida y produjeron “una herida que no cierra nunca más”, tal como definieron a El Destape los familiares de las víctimas.
No solo no se cierra, sino que se vuelve abrir cuando, pocos días después de que la causa que investiga la tragedia fuera enviada a juicio oral y público por la jueza Fabiana Palmaghini, se prenda fuego nuevamente el depósito. Casi una provocación para las familias, que vieron por televisión como se destruían las pocas pruebas que quedaban en el predio de Jovellanos al 1300.
Son varias las preguntas detrás del nuevo siniestro. ¿Cómo puede entrar gente a un predio que está judicializado y debe ser cuidado por las autoridades? ¿Por qué no se trasladó o se digitalizó la información que estaba allí y podría haber servido para el juicio? ¿Cómo puede haberse iniciado el fuego en un lugar que no tenía conexión a los servicios de gas y electricidad? Las irregularidades son muchas y las respuestas oficiales, pocas.
Intencional
En el hecho de 2014, dos pericias se expidieron sobre la intencionalidad del incendio, pero una tercera asegura que el resultado no es concluyente. Sin embargo, no pocos especialistas postulan la teoría de que fue iniciado adrede.
“No me sorprende para nada el último incendio, fue absolutamente planificado al igual que el otro. Se dio de la misma manera, nada más que esta vez les salió mejor porque no mataron a nadie”, expuso a este medio Edgardo Castro, exinspector de la Secretaría de Trabajo porteña.
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En la previa del siniestro reciente, los abogados defensores de directivos de Iron Mountain acusados en la causa por la tragedia denunciaron que el 3 de abril hubo un intento de ingresar por la fuerza al depósito, por lo que pusieron un candado. Sin embargo, la empresa informó el 19 de ese mes que un intruso entró al predio, abrió cajas de cartón y rompió o se llevó documentos.
La compañía ya no tiene acceso a ese depósito. Al estar judicializado, la posesión de las llaves queda circunscripta a personal de la comisaría de Barracas y las dependencias judiciales que intervienen. En el medio, aparece la proveedora Servicios Came S.A., que se ocupa de desratizar e ingresó entre el 17 de marzo y el 18 de abril y detectó esa situación.
Al evaluar las responsabilidades, Castro insistió: “Si hubo una intrusión, es culpa de la Justicia o la Policía de la Ciudad, que tienen las llaves”. De todos modos, analizó los hechos. “La estructura era vieja y no estaba preparada para soportar un incendio, estaba cantado. Para mí ese es el factor central. Después, si tenía bomba, si funcionaba o si tenía matafuegos, todo eso es secundario”, advirtió.
El ingeniero químico y en Seguridad Ambiental indicó que este segundo episodio “es intencional porque fue un calco del otro incendio” y agregó que “fue un brutal acto de corrupción y de ocultamiento con apoyo del gobierno”.
Complicidad
De cara al futuro, anticipó una posible situación de complicidad: “Si la pericia la hace la policía o algún organismo público, me juego a que termina diciendo que no se puede determinar el origen del inicio del fuego o si fue intencional o no dado el grado de destrucción que tuvo el edificio y el nivel de complejidad de los materiales desparramados”.
Además, Castro puso el foco en nombres y apellidos a los que consideró partícipes de esta trama. “Denuncié el depósito en 2014 y ya lo había hecho en 2008 porque ese lugar no podía estar habilitado. Pero Ezequiel Sabor (ex subsecretario de Trabajo porteño) y Fernando Cohen (entonces subgerente de Seguridad e Higiene) bancaron el funcionamiento durante tres años”, apuntó.
Sobre lo que puede ocurrir con el nuevo siniestro, indicó: “Con este segundo incendio no va a pasar nada, caerán perejiles y funcionarios intermedios de Iron Mountain”.
“El que firmó la habilitación fue Edgardo Nardi, que después fue funcionario del PRO, pero ese expediente lo perdió Juan José Gómez Centurión (ex titular de la Agencia Gubernamental de Control)”, cuestionó. Y no dudó en señalar que “el principal responsable es (el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Francisco) Pancho Cabrera. Acá vino la orden de él y de Mauricio Macri (entonces Jefe de Gobierno)”.
“Cabrera promovió la implementación de Iron Mountain en ese lugar sin pagar impuestos con la excusa de un falso polo tecnológico. Y era CEO de HSBC, cuya documentación se quemó. Sabor hizo desaparecer mis actas porque lo llamó Macri, incluso lo reconoció en una cámara oculta”, argumentó el experto.
“Incendio a pedido”
Por su parte, el abogado de los familiares de las víctimas, Javier Moral, puso sobre la mesa el timing del nuevo episodio. “Sorprende mucho que se vuelva a repetir la misma historia a una semana de haber sorteado un tribunal oral que va a juzgar a los 18 imputados”, deslizó sus sospechas a El Destape.
Luego, fue más contundente al señalar: “La defensa decía que era imposible que se vuelva a producir, pero se demostró que no es así, porque pasó dos veces”. Y expresó: “Esto en la jerga se llama incendio a pedido. Acá simplemente a alguien no le interesa que esa documentación aparezca y se prende fuego. Hubo investigaciones de lavado de dinero a escala internacional en el medio. Incluso estarían alojados allí datos de cuentas del HSBC y lo que luego se conoció como Panamá Papers”.
El foco, para Moral, está en el valor de esos archivos: “Los archivos son en formato papel, no están digitalizados en ningún lado. Y desde 2014 hasta hoy, la documentación no se pudo escanear. Por eso si había algún remanente de información sensible, ahora, pocos días después de la elevación a juicio oral, desapareció”.
Moral añadió: “No tengo dudas de que hay connivencia judicial y gubernamental. El predio tenía una custodia de la policía de la Ciudad y se vuelve a prender fuego. Alguna explicación van a tener que dar desde la Comisaría 4-D”.
“De no ser por nosotros y sobre todo por los familiares seguramente esta causa ya estaría prescripta. Evidentemente esto tiene mucha importancia para muy gente muy poderosa”, opinó sobre el derrotero del expediente.
“Fue un acto criminal”
Para Jorge Campos, padre de Sebastián, uno de los bomberos fallecidos al intentar extinguir el fuego en 2014, “no fue un incendio más, fue un acto criminal y a todas luces intencional”.
“Para nosotros fueron diez homicidios y está caratulado como un hecho culposo, por lo que va a ser muy baja la pena. Estamos intentando que sea doloso”, explicó sobre la lucha de cara al proceso oral que se viene y disparó: “El que lo pergeñó, el ideólogo de esto, no aparece en ningún lado”.
Sobre este nuevo siniestro, Campos advirtió: “Se vuelve a quemar diez días después de que habían presentado una nota que habían usurpado el lugar y decían que estaba intrusado”.
“Eso es mentira y nosotros lo comprobamos. Casualmente días antes del incendio estábamos viendo a quién podíamos ver de Iron Mountain para pedirle permiso para hacer un mural donde tenemos el santuario de los chicos. Estaba cerrado con dos candados, cadena y la puerta estaba barreteada, pero cerrada. Cuando fueron tuvieron que usar una motodisco para poder abrirla”, argumentó.
“Generan una nota y diez días después se prende fuego. Tenían la corriente cortada y el gas cortado. ¿De qué manera se prende fuego? Fue intencional”, insistió Campos.
Y cuestionó el rol de las autoridades. “En la empresa me dijeron que no hay manera de que puedan autorizar el uso de paredón porque el predio está judicializado y le tengo que pedir permiso a fiscalía, la policía o al juzgado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió?”, se preguntó el hombre.
“Es una herida que no cierra nunca más”
Al respecto, se descargó: “La bronca nuestra es contra todos, porque están todos entongados. No quieren que avance y nadie quiere ir preso”. Y expresó: “Acá el único que se va a llevar al peor parte va a ser (Oscar) Godoy, que era el vigilador. Es un perejil. Para nosotros tendría que ir preso el que lo ideó. Vamos a tener justicia si se juzga como un hecho doloso”.
Para el padre de Sebastián “es irrisorio que en nueve años no se pueda conseguir nada” y definió: “Es una herida que no cierra nunca más. Imaginate perder un hijo en algo que no tenía nada que ver”.
Al hablar de su hijo, aclaró: “De él estamos orgullosos. Era un buen chico, un buen bombero y cumplió con su deber, pero hay gente que no le importó nada antes ni ahora”.
Mientras tanto, son diez las familias que siguen exigiendo justicia por los suyos: Sebastián Ezequiel Campos, Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, Facundo Ricardo Ambrosi, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.
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