La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los proceasmientos de los 17 imputados en la causa que investiga el incendio en el galpón de la firma Iron Mountain, ocurrido en el mes de febrero del año 2014, donde fallecieron un total de 10 personas que pertenecían a bomberos y personal de Defensa Civil.
Al mismo tiempo, la Sala VI de dicha Cámara decidió revocar los sobreseimientos de tres involucrados en la tragedia sucedida en el barrio porteño de Barracas. Luego, determinó procesar a uno de ellos y dictar la falta de mérito en relación a los dos restantes según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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¿Quiénes son los imputados? El empleado que se desempeñaba como personal de seguridad en el depósito al momento del siniestro, el gerente y el encargado de Seguridad e Higiente, el gerente general de la firma y el Director Técnico de la empresa "Climate, Controls & Security S.A" (quien debía garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones).
A ellos se suman cuatro funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -encargados de inspeccionar el funcionamiento del predio-, el Jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, el Director de Industrias y Otros Locales, la Directora General de Fiscalización y Control, la Jefa del Departamento de Programación Operativa, dos encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control y dos de los responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa del G.C.B.A.
Por último, los camaristas revocaron el sobreseimiento y decretaron la falta de mérito respecto del inspector de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA) y del gerente de Operaciones de Iron Mountain, al tiempo que anularon la decisión previa en relación a un funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) del GCBA y lo procesaron en orden al delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso ideal con el delito de lesiones culposas.
Los detalles del hecho
Cabe recordar que el incidente se dio el 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8 de la mañana, en el depósito de la marca estadounidense de servicios de administración de información empresarial ubicado en Azar 1245. Al dispararse la alarma de incendio en dos sectores, tres personas que se encontraban en el lugar intentaron combatir el fuego pero ante su magnitud, dieron aviso al 911.
Al llamado acudieron distintas dotaciones de bomberos, móviles de las seccionales N°26 y 30 de la Policía Federal, de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil. Pasadas las 9 de la mañana, la pared del depósito que daba a la calle Jovellano se desplomó sobre parte del personal: algunos de ellos fallecieron en el acto y otros, gravemente heridos, lo hicieron días después por múltiples traumatismos en sus cuerpos.
Las víctimas de la tragedia fueron: el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; el agente bombero Juan Matías Monticelli y los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha; Facundo Ambrosi y el rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación por el incendio en Iron Mountain
En abril del mismo año, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta continuó trabajando en el lugar para desmantelar los escombros; mientras que en febrero del año siguiente, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales donde se concluía que el incendio podría haber sido intencional.
Dos años después del siniestro, la fiscal Monteleone requirió la indagatoria de los -en ese entonces- 32 imputados y en simultáneo, el juez Pablo Ormaechea formó incidentes de prescripción respecto de dos funcionarios de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina y el apoderado de la firma. En marzo del año siguiente, el magistrado dispuso el procesamiento y sobreseimiento de varios imputados y el representante del Ministerio Público apeló, provocando el llamamiento a varias audiencias.
Tras varias idas y vueltas, ahora los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Ricardo Matías Pinto y Magdalena Laiño Dondíz (votó en disidencia) confirmaron los procesamientos de 17 persona y los embargos dispuestos.
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