Caso Próvolo: cuál es la situación de la monja Kosaka y la ocho imputadas

Continúa el proceso penal por los abusos en el Instituto Próvolo de Mendoza. Recae sobre la monja Kosaka un pedido de pena de 25 años de prisión y otros 10 de inhabilitación.

01 de agosto, 2023 | 11.51

Tras la etapa de alegatos y réplicas, se define en las próximas horas la situación de la monja Kuimiko Kosaka (46) en el marco del juicio que investiga los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre del 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza. Tanto las querellas como la fiscalía a cargo de la causa pidieron una pena de 25 años de prisión para la única imputada en el debate y un total de 10 años de habilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores. Ya hubo otros dos juicios por dicha causa donde se dieron condenas históricas para nuestro país.

En el primero de los procesos penales, un juicio abreviado, el monaguillo Jorge Bordón -exempleado administrativo del instituto- confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de cárcel en septiembre del 2018. Por otro lado, en noviembre del 2019, dos sacerdotes -Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61)- del mismo establecimiento fueron condenados a una pena de 42 y 45 años de prisión respectivamente. Mientras que el jardinero, Armando Ramón Gómez recibió un total de 18 años de pena.

El tercer debate comenzó el 3 de mayo del 2021, en el Polo Judicial Penal. Luego de la finalización de la etapa de alegatos y réplicas por los hechos ocurridos en el instituto para niños sordomudos de Luján de Cuyo, la defensa de Kosaka -a cargo de Carlos Varela Álvarez- exigió su absolución.

En la jornada de este martes 1° de agosto, el Tribunal compuesto por las juezas Gabriel Urciuolo, Belén Salido y Belén Rena evaluará la condena que le depara a la imputada a causa de los abusos mencionados. "Con los meses de investigación empezamos a notar que había una monja (Kosaka) que era mala y con el tiempo nos dimos cuenta de que no era una monja mala en término de malicia, era una persona con indicadores de abuso sexual y que hacía propiamente ella los abusos", dijo el abogado Sergio Salinas.

"Se fueron juntando pruebas y ese caudal de pruebas llevó a mostrar la estructura tanto activa como omisiva del Próvolo, es decir, quien abusaba como quien permitía. En esa situación nos fuimos topando con que había una organización mucho mayor", resaltó la querella. En contraparte el defensor de Kosaka sostuvo que las acuaciones son débiles y están basadas en "contradicciones, hechos imposibles, mentiras, derivados esencialmente de la contaminación a la que han sido expuestos testigos y denunciantes", completan en el comunicado. 

Caso Próvolo: las acusaciones

La monja llegó al juicio acusada por los delitos de “partícipe necesario en términos de comisión por omisión; abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda contra un menor; corrupción de menores y abuso sexual simple agravado, entre otros".

Al mismo tiempo, se inicia una nueva instancia donde se juzgará a la monja Asunción Martínez -ex representante legal del lugar- y las administrativas Graciela Pascual Ivars (65); Gladys Edith Pinacca Andrade (66); Cristina Fabiana Leguiza Funes (50); Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48); Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60); Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43) y Noemí del Carmen Paz Torrez (63). Las ocho imputadas, a diferencia de la moinja Kosaka, están acusadas como "partícipes en comisión por omisión". El debate se reiniciará el próximo 14 de agosto aunque, hasta el momento, no hay fecha probable de sentencia. Podría ser, según indicó Agencia Télam, en el mes de octubre. 

Las testimoniales de las personas hipoacúsicas y sordas se realizaron en su totalidad en cámara Gesell, con la participación de los intérpretes y de las psicólogas del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. En este sentido, este debate fue a puertas cerradas, y el Tribunal aclaró en su momento que, cuando se constituyó esa condición, "se hizo a tenor de lo dispuesto por el artículo 375, del Código Procesal Penal” y en razón de que "la publicidad podía afectar la moral de las presuntas víctimas".

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