Durante los últimos meses, la provincia de Córdoba fue azotada por los graves incendios forestales que quemaron alrededor de 70 mil hectáreas en 2024. Sin embargo, esta problemática no es reciente: desde hace años, los cordobeses denuncian los incendios intencionales a lo largo y ancho del territorio, afectando a la flora y la fauna local, y muchos de los causantes no reciben la condena correspondiente por sus acciones.
En este preocupante marco, la Cámara del Crimen de Villa Dolores declaró a Víctor Daniel López como autor penalmente responsable del delito de incendio doloso, luego de comenzar un foco ígneo en la localidad de Salsacate en 2020. De esta manera, el hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva, y se trata de una resolución clave y rupturista para comenzar a castigar estas acciones dañinas.
En aquel momento, el cordobés encendió fuego en un horno de barro y una ceniza cayó sobre el pastizal seco en el Paraje Buena Vista, generó un escenario catastrófico. Los fuertes vientos y las altas temperaturas impulsaron la propagación del fuego y las llamas terminaron con varias hectáreas de la zona.
Tras el incendio, la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero comenzó la investigación y recolectó las pruebas necesarias para dar con el autor. Durante el juicio oral se comprobaron los hechos, pero también el imputado confesó en forma libre y voluntaria su participación y culpabilidad en las acciones.
Se trata de una resolución crucial en este tipo de delitos, debido al historial de la provincia en cuanto a la cantidad de incendios intencionales o provocados por no acatar las alertas emitidas por las autoridades, dejando en evidencia la falta de responsabilidad de los ciudadanos. Vale destacar que, actualmente, hay varios vecinos y turistas imputados por actos similares en el último tiempo.
Tras los graves incendios en Córdoba, Diputados aumentó las penas por los delitos
Con amplio consenso y tras la emergencia por los incendios en el territorio que gobierna Martín Llaryora, los diputados aprobaron en comisión un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes provocan desastres ambientales. Si bien se mantuvieron las penas mínimas, se agregaron varios agravantes para aumentar la severidad de los castigos en casos de daño ambiental grave.
La propuesta, impulsada por diferentes bloques, modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal, que regulan los delitos de incendio y destrucción de bienes: las penas mínimas por incendio intencional se mantienen en tres años, pero se agregaron agravantes que elevan las máximas de diez a doce años en algunos casos. Si el incendio intencional causa la muerte de una persona, la pena será de ocho a veinte años de prisión. A su vez, se contemplan penas de tres a quince años si el fuego pone en peligro la vida de alguien, y si es por negligencia, de uno a cinco años.
En ese sentido, también se añadieron agravantes específicos para incendios en áreas protegidas, afectando zonas naturales y ecosistemas valiosos. En caso de que el incendio tenga como objetivo obtener ganancias económicas, o si se lleva a cabo en épocas de sequía o con el apoyo de funcionarios públicos, las sanciones serán aún más severas, incluyendo inhabilitación para funcionarios implicados.
Esta iniciativa representa la segunda respuesta del Congreso a la situación crítica en Córdoba. En octubre, ya se había declarado una emergencia ambiental por 180 días. Pese a esta declaración, desde la provincia indican que todavía no recibieron los fondos comprometidos por el Gobierno de Javier para enfrentar la crisis.
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