La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), tomó una medida que marca un precedente en el país: dejará de dar acceso a tratamientos de hormonización para menores de 18 años. Esta decisión se enmarca dentro del reciente DNU 62/2025 de la gestión libertaria, que prohíbe que las y los menores accedan a tratamientos hormonales integrales o intervenciones quirúrgicas destinadas a modificar su cuerpo de acuerdo con su identidad de género autopercibida.
La obra social de UATRE, intervenida por el gobierno de Javier Milei por una deuda millonaria a raíz de diversas irregularidades administrativas, se pone en línea con lo determinado por el Poder Ejecutivo hace una semana. De esta manera, desde OSPRERA confirmaron a El Destape que "no se inician nuevos" tratamientos, aunque sí garantizaron que "los que ya empezaron, no se suspenden".
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Según reza el decreto, el objetivo es "proteger la integridad física y emocional de los menores". Por esto, el Gobierno nacional argumenta que los menores no deben tomar decisiones irreversibles sobre su cuerpo sin una plena comprensión de los riesgos y consecuencias a largo plazo.
Es importante señalar que la medida de OSPRERA se aplica exclusivamente a los nuevos casos. Aquellos tratamientos de hormonización que ya han sido iniciados continuarán sin interrupciones, garantizando la continuidad para quienes ya estaban recibiendo atención. "OSPRERA se compromete a garantizar que sus servicios de atención médica sean proporcionados de manera que prioricen el interés superior del niño y respeten su derecho a una infancia y una adolescencia libres de intervenciones médicas innecesarias y potencialmente dañinas", afirma la comunicación del gremio conducido por Marcelo Petroni, cercano a Eduardo "Lule" Menem, mano derecha y armador político de Karina Milei.
Esta decisión es la primera de su tipo por parte de una obra social en el país, y se da en un contexto marcado por el debate en torno a los derechos de las personas trans y las medidas adoptadas por el gobierno nacional para modificar la Ley N° 26.743 de Identidad de Género. Un informe técnico de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental también advirtió sobre los riesgos de los tratamientos hormonales en menores, subrayando que no han alcanzado su madurez neurobiológica y psíquica para tomar decisiones tan trascendentales.
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La obra social OSPRERA, que se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios de la Salud, enfrenta actualmente una situación financiera compleja. Una auditoría reveló que la prestadora adeuda más de $97.899 millones a octubre de 2024 y alertó sobre posibles irregularidades en la gestión anterior.
Con esta decisión, OSPRERA se posiciona como la primera obra social en restringir estos tratamientos para menores, respondiendo a una normativa que busca garantizar la protección y la salud integral de los más jóvenes.
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