Sofía CR está sentada entre los trabajadores y trabajadoras del Hospital Bonaparte. Es la única sobreviviente de la masacre de Barracas, la que produjo un hombre que arrojó combustible y fuego sobre cuatro lesbianas que compartían la habitación de un hotel familiar y mató a tres. Sofía perdió a sus amigas y a su pareja en ese hecho, perdió la comunidad que la sostenía. Conservó el deseo de vivir, de reconstruir lazos, de pelear por justicia. Por eso ayer llegó al edificio del Bonaparte con una bolsa gigante de pochoclos que había preparado; ahí, en la institución de referencia en salud mental, entre los y las profesionales que ven en riesgo sus puestos de trabajo por el anuncio de cierre del Hospital, está el equipo que la acompañó para poder procesar el trauma terrible que tuvo que atravesar.
Hoy se cumplen 5 meses de ese crimen de odio que no puede desligarse de esta época de crueldad desatada, de discursos ultraviolentos desde el poder que demonizan a las personas Lgbtiq+, que pretenden convertirlas en descartables, en objetos de violencia. El anuncio sobre el cierre del Bonaparte, que comunicó el director a los trabajadores el viernes pasado, es una línea más de desprecio hacia la comunidad LGBTIQ+, no sólo por la desprotección de la única sobreviviente de la masacre de Barracas, también porque este hospital de salud mental recibe a muchísimas personas de la comunidad -a la que ha ido a buscar con atención en territorio-, y se caracteriza por el respeto hacia todas las identidades y sus formas de vida.
An Millet es trabajador social y autor del libro Cisexismo y salud, algunas ideas desde otro lado (Puntos suspensivos ediciones), una investigación que llevó adelante dentro del Hospital Laura Bonaparte. El domingo, frente al hospital, en una asamblea de la Columna Mostri, un espacio donde convergen diversos colectivos LGBTIQ+, de activistas con discapacidades, en situación de calle y neurodivergentes, Millet narró algunas políticas públicas que asumió el Bonaparte que lo convierten en referencia en salud mental: acompañamientos en procesos de hormonización, tratamientos de salud mental en el Hotel Gondolín -donde viven travestis y trans desde los años ’90-, capacitación para todo el personal del hospital en el respeto y reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual tanto de quienes van a atenderse como de trabajadores y trabajadoras del hospital. ¿Cuánto tendrán que ver estas políticas con la decisión de desarticular este hospital general de referencia?
Merced a un recurso judicial interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los trabajadores del Bonaparte, el Ministerio de Salud deberá presentar información detallada al Juzgado Criminal y Correccional Nro 44 sobre el supuesto cierre del Hospital, el futuro de sus usuaries, estén en internación o no, y del servicio de guardia. “No lo hacemos por nuestro trabajo, es por el trabajo que hacemos”, dijo Alejandro Todaro, psiquiatra, durante el abrazo al hospital que comenzó hoy a las siete de la mañana, dándole un sentido más a la vigilia que les trabajadores sostienen desde el viernes. Poniendo de relieve ese trabajo que la comunidad defiende y que también necesita.
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“Queremos decirles que no se preocupen, que acá estamos y que no se termina nada. Vamos a seguir atendiendo, vamos a seguir escuchando, acá estamos”, dijo Lucía Vasallo, psicóloga especializada en atención a las infancias. Eran palabras necesarias, son muchos y muchas usuaries de sus servicios que se sumaron a las actividades que se sostienen en el barrio de Parque Patricios y que transmitían el temor de quedar sin servicio. “A mí me salvaron la vida muchas veces”, “el teje para que yo pueda venir acá y recibir atención lo hicieron amigues, organizaciones, tenía el cuerpo roto por el padecimiento psíquico”, “es el único lugar donde te escuchan y no te medicalizan de una”; se acumulaban los testimonios.
La ley de salud mental (Ley 26.657), que se sancionó en 2010, es una ley ejemplo que aborda la salud mental desde una perspectiva de derechos, que desarticula el manicomio como lugar de encierro para personas neurodivergentes, limita las internaciones, reconoce el malestar social y la necesidad de una salud mental comunitaria -y no en el aislamiento de las instituciones-, garantiza el derecho de todes de tomar decisiones sobre su tratamiento, también en el caso de quienes padecen adicciones o consumos problemáticos. Esta es la ley que en el Hospital Bonaparte se pone en práctica como un laboratorio cotidiano para transformar a la salud mental en un derecho y no en un estigma. Ahí es donde apunta la intención del gobierno al amenazar con el cierre de la institución.
Aunque parezca que las distancias son muchas, no está de más recordar que las primeras víctimas del nazismo fueron personas discapacitadas, personas encerradas en manicomios, homosexuales y comunistas. Eran considerados no sólo descartables sino una amenaza para la nación alemana.
El gobierno de Javier Milei ya dejó sin medicamentos a enfermos graves, amenaza al Hospital Garrahan que debió suspender las cirugías de alta complejidad para niños y niñas que las necesitan, vetó el aumento a las jubilaciones, quitó pensiones para discapacitades, escupe violencia cotidiana contra personas LGBTIQ+. La amenaza de cierre del Bonaparte es una decisión política más en contra de los sectores más vulnerables. No es una decisión económica, es una política eugenésica a la que es urgente enfrentar. Para defender además el enorme peso simbólico que tiene el nombre de este hospital: Laura Bonaparte, psicóloga, investigadora, feminista y Madre de Plaza de Mayo. La mayor parte de su familia fue masacrada en la dictadura. Ahora toca salvar también su nombre y su legado de la incesante política de la crueldad.
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