La familia Arias desde más de un año vive una pesadilla que parece nunca acabar. Su hijo Alejo Arias de 25 años fue detenido en El Salvador, el país gobernador por Nayib Bukele y uno de los estados más cuestionados de la región por su estricto régimen penitenciario. Hace más de un año que sus padres esperan que lo liberen
Oriundo de Rivadavia, provincia de Mendoza, Alejo viajó al país centroamericano en marzo del 2023 con una propuesta laboral de una financiera. Su objetivo era ahorrar dinero y regresar a su ciudad para pagarse su carrera universitaria. Su máxima aspiración era terminar la licenciatura en diagnóstico por imágenes e independizarse. El Salvador era una opción: sus primos ya residían en el país. Lo que desconocía es que la compañía en realidad era una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de dinero.
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A cuatro meses de estar trabajando, un viernes de julio del 2023, el supervisor le dijo que fuera a su encuentro en un barrio cerrado de las afueras para ver detalles del trabajo. Cuando llegó, lo esperaba la policía, en una suerte de emboscada, ese día el joven mendocino fue detenido junto a otros 40 empleados.
“Es una situación angustiante, hasta hoy sigue todo igual, no hubo avance. No tuvimos una comunicación directa. Todo lo que sabemos por es por el Cónsul argentino, hace dos meses cambiaron las autoridades y nos pasan un informe, una vez al mes sabemos que le envían mercadería”, relata Mauricio Arias, padre de Alejo, a El Destape.
El derrotero de Alejo en el país caribeño incluyó diversas unidades penitenciarias: apenas fue detenido en El Penalito, un centro de detención más chico que una cárcel, pero el 10 de agosto fue trasladado al centro penal Jucuapa, en Usulután, una ciudad ubicada a 114 kilómetros de la capital de El Salvador. En abril, Alejo fue llevado al penal Occidental de Santa Ana, más cerca de la capital de El Salvador.
A pesar de la acusación, la familia de Alejo comenta que se está cometiendo una injusticia con él. Ya que solo hacía cobranzas y rendía el dinero. En su vida diaria, iba al gimnasio y se juntaba con sus primos que ya estaban viviendo en ese país. Era un empleado de tercera categoría y llevaba poco tiempo en el país.
“Al principio estábamos tranquilos, sabemos que nuestro hijo no es un delincuente, nos dijeron que solo iba a estar detenido 72 horas para averiguación de datos pero pasaron los días y nos empezamos a preocupar y decidimos dar a conocer en los medios el caso de nuestro hijo” cuenta Mauricio Arias.
El abogado de la familia Arias, Miguel Angel Pierri (que se ofreció a trabajar ad honorem cuando vio el caso en los medios), presentó en octubre del 2023 planteos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se lo trasladara al penal Occidental Santa Ana, un lugar de seguridad media y donde están alojados ciudadanos extranjeros. Las acciones de Pierri no se agotaron allí, incluso le escribió y pidió la mediación del Papa Francisco para que intervenga frente al presidente Nayib Bukele.
“Miguel Ángel Pierri realizó una defensa humanitaria estuvo pendiente de todo no tenemos mas que palabras de agradecimiento para él”, sostiene Arias desde Mendoza.
El rol de Bullrich, Petri y la Cancillería argentina
La familia Arias, tras el cambio de gobierno, intentó comunicarse en el mes de febrero de este año con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa de la Nación, Luis Petri. Recién seis meses después, Petri contestó y se comprometió a estudiar y profundizar en el caso de su hijo. El compromiso de él y de la Cancillería argentina consistieron en conseguir una videollamada, según aseguran. Los familiares de Alejo no tienen contacto con su hijo desde hace más de un año.
Gracias al contacto de un sacerdote, Alejo pudo enviar una carta a su familia en el mes de septiembre del 2023. Allí escribió : "Los amo mucho. Sean fuertes. Manténganse orando. Dentro de lo malo, estoy bien. Es difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante".
Patricia Bullrich (que en reiteradas oportunidades elogió las cárceles de Bukele, donde según organismos de derechos humanos, la CIDH y la OEA hay pruebas contundentes de abusos y muertes violentas por parte de las autoridades e incluso detenciones arbitrarias) no respondió a los pedidos de la familia mendocina, según aseguran.
En su relato, cuentan que tanto Cancillería como Petri les comentaron que la prórroga para una audiencia sería para 18 diciembre de este año: “Desde Cancillería nos avisaron que la prórroga sigue por seis meses más. O sea que recién en el 2025 podría haber una audiencia”.
Arias, un empleado de comercio de Mendoza, está buscando subvencionarse el pasaje para ir a El Salvador a pelear por la libertad de su hijo, a pesar de que no hay exactitud con las fechas de las audiencias: “No queremos imaginar nada negativo, voy a intentar llegar al mismo presidente Bukele para pedir por mi hijo” sostiene convencido Arias.
El mayor deseo de Mauricio Arias es estar con su hijo y que Alejo festeje sus 26 años en libertad. No pierde las esperanzas: “Tenemos mucho apoyo, nuestra familia nos acompaña incondicionalmente, no negamos que es una situación angustiante pero nos da fortaleza el apoyo de nuestros vecinos y la gente que solidariamente reza por nosotros, para que nuestro hijo vuelva a su casa” concluye Mauricio.
El polémico régimen de excepción de Bukele
Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo estado de excepción, una medida que logró bajar los homicidios atribuidos a las maras pero despertó al mismo tiempo las críticas de países centrales y organismos internacionales, que cuestionan la ausencia de garantías democráticas. El mismo permite un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas del país y la detención de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a las pandillas maras que desde hace décadas tienen amedrentada a la población.
El estado de excepción de El Salvador restringe derechos y garantías individuales como la libre reunión y la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, y faculta las detenciones sin orden judicial.
Si bien los homicidios descendieron, las fuerzas de seguridad confirman día tras día la detención de miles de presuntos pandilleros, hasta llegar incluso a superar los 60 mil en un año, tratando así de legitimar una polémica decisión que, según organismos internacionales, se llevó por delante a ciudadanos inocentes.
La muestra más impresionante de la política antipandillas se vio, cuando Bukele presentó la cárcel "más grande de América", el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) con capacidad para recluir a 40 mil presuntos pandilleros, a quienes les declaró una guerra sin cuartel. Los traslados a esa cárcel fueron acompañados por publicaciones de Bukele con videos en los que se mostraba a decenas de presos siendo movilizados con las cabezas rapadas, las manos esposadas a la espalda y la cabeza gacha.
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