El anuncio oficial sobre el cierre de lo que quedaba del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no terminó en un comunicado. De inmediato se pudieron leer mensajes en la red X “festejando” esta medida que llegó dos días después de la última marcha Ni Una Menos, que desde 2015, puso en la agenda pública el más extremo ejemplo de lo que provoca la violencia por razones de género: los femicidios.
La canciller Diana Mondino, a pesar de sus muchas responsabilidades por intentar insertar al país en un mundo multipolar -como ella misma dice-, multipolaridad que despreció al retirar a la Argentina de los BRICS, hizo gala de ironía al pedir “Saluden al Ministerio de Mujeres y Sanwichitos que se fue”. Lo hizo sin siquiera reparar en la ortografía de la palabra sándwich, que sería el españolismo de sandwich, justo una funcionaria de este gobierno tan apegado a las reglas de la Real Academia Española. Sin embargo, la crueldad quedó expresada.
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Ya no habrá políticas de prevención contra la violencia por razones de género ni asistencia para niños, niñas y adolescentes que año a año quedan huérfanos por causa del femicidio de sus madres; tampoco habrá asistencia a las sobrevivientes ni a quienes luchan a diario para salir de círculos de violencia que ponen en peligro sus vidas.
Podría pensarse que hay un interés específico en comunicar esta noticia -que tiene el efecto de dejar sin trabajo a 650-, cuando el escándalo de la falta de entrega de alimentos a los comedores populares, la retención de los mismos hasta el límite de su inutilidad y las compras irregulares que se pagaron -al PNUD- pero no se concretaron pone en jaque a la ministra Sandra Pettovello y a su supuesta cruzada anticorrupción. Es un mecanismo ya registrado de este gobierno acudir a la “batalla cultural” cuando su falta de gestión se hace evidente.
Sin embargo, tapar una noticia con otra no es lo único que une el hambre que provoca este gobierno con su mala praxis institucional y económica con la cruzada antifeminista que con tanta elocuencia expresó el presidente en Davos.
Cuando Sandra Pettovello -licenciada por la Universidad Austral en Ciencias de Familia- elige a la fundación Conin, dirigida por el médico Abel Albino, un hombre que se jacta de tener un método para combatir la desnutrición infantil pero que esconde una cruzada no sólo contra el derecho al aborto sino contra el uso de anticonceptivos y también contra las orientaciones sexuales disidentes de la heterosexualidad; lo que se busca no es transparencia sino una declarada guerra contra la libertad. Contra la libertad de decidir sobre el propio proyecto de vida. A eso, exactamente, es a lo que expone la fundación Conin a miles de chicas que se ven obligadas a cambiar sus proyectos vitales a cambio de no pasar hambre.
Basta hablar con las cocineras en los comedores populares, con las chicas jóvenes que asisten a los centros de atención primaria de la salud, con las mismas mujeres que asisten a esos comedores para entender que los feminismos y las políticas públicas que surgieron de una construcción colectiva y masiva que lleva varias décadas han transformado vidas concretas. Poder demandar anticonceptivos adecuados para cada quien, entender las tareas de cuidado como un trabajo que merece también acceso a la jubilación, desarmar estereotipos sobre el deber ser de las mujeres siempre a disposición de los deseos de otros; vivir la identidad de género o la orientación sexual en libertad como una diferencia que amplia el mundo de lo posible para todos y para todas no es declamativo, es transformador, directamente salva vidas.
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Que no hay un deber sexual de la esposa al marido, que no hay por qué callar la violencia dentro de los hogares, que el derecho al placer y al tiempo libre son eso, derechos, que el abuso sexual a las infancias es algo que sucede sobre todo dentro de las familias y que hay escuchar a niños y niñas son saberes que han pasado de boca en boca mientras se cocina, en las asambleas, en las reuniones en el barrio. En diálogo y como parte de un movimiento feminista popular que ha empujado leyes concretas, que ha demandado al Estado para que ampare las decisiones libres de cada persona.
Voy a insistir, no se trata de una batalla cultural que se libra y se fogonea sólo para enmascarar un proyecto económico que deja cada vez a más personas en la pobreza y la indigencia. Es parte central de ese proyecto económico insistir en que las amas de casa no merecen jubilarse porque no aportaron aunque hayan trabajado toda la vida sin cobrar un peso, es parte central de ese proyecto promover modelos de familia donde las mujeres tengan que soportar el encierro doméstico, quedarse sin herramientas para poder defenderse de la violencia y así no solo quedar fuera de las oportunidades de desarrollo personal y comunitario sino a la vez reproducir fuerza de trabajo para un mercado de salarios miserables; siempre que se pueda conseguir trabajo.
Hay una línea directa entre la promoción del hambre que genera este gobierno -a través de su ineficiencia y través de los modos en que intenta desarticular la organización política de los sectores más vulnerados- y la desarticulación de los organismos que deberían proteger de la violencia por razones de género, de orientación sexual o identidad de género. Es la que traza una política que convierte a la mayoría de la población en descartable. En vidas desnudas que tienen que aceptar cualquier cosa con tal de sostener su vida biológica: comer, dormir, abrigarse; poco más.
Ningún gobierno desde la recuperación democrática se desentendió como éste de su obligación de promover la equidad y prevenir la violencia por razones de género. Lo hacen en nombre de desarticular “una agenda ideológica” para imponer una sobreideología ultra conservadora que tiene efectos concretos contra la vida de las personas. Porque el hambre, como la violencia machista, matan. Y sus víctimas se cuentan de a una por día.