Las conquistas en materia de género impulsadas por los movimientos feministas, que venían a un ritmo aligerado desde hace unos años, tuvieron un año de desaceleración. Si bien el COVID ya no condicionó tanto la vida cotidiana de las personas como en períodos anteriores y se pasó a una etapa controlada de la pandemia, durante los últimos meses se presentaron conflictos ineludibles que acapararon gran parte de la agenda pública y política: a nivel internacional la guerra y las elecciones en la región; y a nivel local temas urgentes como la situación económica y los niveles de inflación, y la persecución judicial en ascenso y el intento de Magnicidio contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Los espacios vertebrales como las Marchas del #8M y el Ni una menos, y la lucha ininterrumpida contra la violencia de género y los femicidios siguieron siendo protagonistas por las amplias convocatorias y la presencia de miles de mujeres y disidencias en las calles. Además en octubre más de 100 mil mujeres y disidencias de todo el país se congregaron en San Luis para formar parte del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, evento que fue calificado como “un éxito” por el Gobierno Nacional e impulsó la decisión del Presidente Alberto Fernández de convocar a la secretaria local, Ayelén Mazzina, a ocupar el cargo de Ministra de mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) luego de la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta.
Sin embargo los feminismos y organizaciones de mujeres y disidencias no tuvieron casi lugar para intervenir y avanzar de forma directa en la agenda política caliente, ya sea a nivel gubernamental como en el trabajo legislativo, por fuera de las temáticas antes mencionadas. El rango de acción estuvo fuertemente limitado por una realidad apremiante, pero también por un proceso interno de repliegue y reordenamiento, comprensible y necesario, luego de ser protagonistas de un hecho histórico como fue la militancia y conquista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que funcionó durante décadas como reclamo aglutinador de un colectivo tan amplio como diverso.
Este proceso de transición que atraviesan los feminismos implica al interior un debate, la reconfiguración de demandas, el establecimiento de prioridades, y el armado de estrategias; y hacia el exterior un ejercicio de comprensión histórica del momento (anti) político que vive Argentina y el mundo que requieren de un compromiso doble con las instituciones democráticas. Por supuesto que no significa abandonar las calles, ceder en los reclamos o negociar el paradigma de género como parámetro de lucha. Lo que requiere es encausarlos en canales institucionales, sostenerlos de forma colectiva a través de la militancia, y utilizar los recursos disponibles para reestablecer la legitimidad de la organización y la política como herramientas de transformación de la realidad.
Trabajo interministerial y transversalización de las Políticas de Género
A nivel estatal en materia de género durante 2022 se destacó sobre todo el trabajo realizado desde el MMGyD para consolidar la articulación con otros organismos a través del Primer Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género. El objetivo final de esta iniciativa, creada en 2020 por el Decreto 680/2020, es garantizar la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en el diseño e implementación de todas las políticas públicas nacionales de forma ministerial e interministerial. Para ello trabajan de forma mancomunada todos los ministerios del Ejecutivo Nacional y 4 organismos: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI).
Además el Primer Gabinete Nacional con mirada de género estuvo acompañado por un presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad (PPGyD) que es una herramienta central para cerrar las brechas de desigualdad existentes e incorporar la perspectiva de manera transversal y efectiva, a lo largo y ancho de toda la gestión del Estado. En 2022 el gasto presupuestario nacional en la materia fue de $2.665.596,1, lo que equivale al 14,68% del presupuesto nacional vigente, y se ejecutó el 88%. En esta misma dirección para 2023 el presupuesto contempla $4.243.277 millones (14,65% del monto total), lo que implica un incremento nominal interanual de 106%.
El primer gran logro del plan de transversalización es que el 100% de los organismos públicos y ministerios de la Administración Nacional cuenta con un área especializada en la temática de género y diversidad: en el 55% de los casos esto se ha plasmado en forma de Unidades organizativas existentes en Ministerios con rango de Dirección, Sub Dirección o Coordinación; y en el 45% toma forma de programas, planes, unidades, observatorios, Consejos, Redes, Áreas, Centros, Comisiones, Gabinetes, o Mesas de trabajo.
En relación a las iniciativas implementadas, la mayoría de los ministerios/organismos han desarrollado capacitaciones, sensibilizaciones y campañas. Según el Informe de seguimiento presentado hace unas semanas el 86% de las jurisdicciones destacó realizar acciones relacionadas a la diversidad sexual y los derechos LGBTI+; el 91% reveló que lleva a cabo investigación y producción de contenidos en la temática de género y diversidad; el 95% informó que produce contenidos de comunicación escritos, gráficos y audiovisuales con perspectiva de género y diversidad para redes sociales o medios; y el 100% informó realizar acciones en pos del cumplimiento de la Ley Micaela y la ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público.
Reconocimiento de las tareas de cuidado
Una de las grandes demandas de los movimientos feministas y de mujeres que en el último año se consolidó y tradujo a nivel ejecutivo es el reconocimiento por parte del Estado de las tareas de cuidado. Como alguna vez expresó la filósofa y escritora Silvia Federici: “Eso que llaman amor es trabajo no pago”. Ese rol feminizado fue históricamente invisibilizado por una matriz de pensamiento binaria y patriarcal que lo separa del trabajo productivo, ligado a lo masculino. Lo reproductivo se observa a nivel familiar en las tareas de cuidado, en la casa, la crianza de lxs hijxs, que recaen mayormente sobre las mujeres y no son remuneradas, y también en las difíciles tareas que se realizan en organizaciones sociales e instituciones como comedores, merenderos, guarderías, hospitales, y ollas populares. Esta desigualdad, que determina los roles y el valor de cada unx en la pirámide social, constituye la primera brecha de género sobre la que después se montan otras desigualdades.
En relación a las políticas de cuidados, según información oficial del Plan de transversalización mencionado anteriormente, el 91% de los ministerios y organismos garantizan a sus trabajadorxs el derecho a una pausa o reducción de la jornada diaria por lactancia (91%); el 86% posee al menos un lactario; el 73% realiza capacitaciones en temas de cuidados (73%); el 45% cuenta con al menos un espacio de cuidado infantil y/o convenios con espacios de este tipo; y el 50% de los ministerios y organismos forma parte de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados.
Un Programa vertebral sobre este punto es Registradas que fue creado por el MMGyD junto a la cartera de Trabajo. El objetivo es incentivar la formalización laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares, como un sector estratégico del mercado laboral para la etapa de recuperación económica, lograr su permanencia en el empleo registrado, garantizar sus derechos y su inclusión financiera. Según datos oficiales de AFIP entre septiembre de 2021, fecha de inicio del programa, y septiembre de 2022, se recibieron más de 25 mil solicitudes de ingreso, y “en la actualidad aproximadamente 8 de cada 10 trabajadoras sigue conservando la relación laboral formal luego de finalizado el beneficio, por lo que se cumple el principal objetivo del programa, que es el de fomentar la creación de empleo registrado”.
Pero el paso de mayor trascendencia en este sentido fue el lanzamiento del "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado", iniciativa de la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, que se puso en marcha para complementar las dos moratorias vigentes. En Argentina, por la brecha laboral de género, el 90% de las mujeres llega a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes necesarios. Gracias al Programa de reconocimiento de las tareas del cuidado casi 200 mil mujeres recibieron su nuevo derecho previsional y pudieron acceder a una jubilación.
Desafortunadamente lo que podría haber sido una gran cierre de año en materia previsional se vio perjudicado por las internas mezquinas en el Congreso de la Nación y las trabas que pone el bloque de Juntos por el Cambio para el tratamiento de los proyectos pendientes. Una de las iniciativas trabadas, que cuenta con media sanción del Senado, es el Plan de Pago de Deuda Previsional que al no aprobarse dejará a casi 800 mil personas, en su mayoría mujeres, que verán reducidas al mínimo sus jubilaciones desde el 1 de enero de 2023.
Políticas contra las violencias por motivos de género
Por supuesto que la problemática más preocupante, y la deuda que aún mantiene el Estado con la ciudadanía, es la erradicación de la violencia de género y los femicidios. El último 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se conocieron las cifras del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación para 2022: se registraron en nuestro país 231 femicidios, es decir, uno cada 33 horas. Lo que marca los mismo patrones constantes de este hecho es que el 18,1% de las víctimas ya había realizado al menos una denuncia; el 64% de los casos ocurrió en el hogar de la víctima o domicilio compartido con el femicida; y en un 80% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario.
El abordaje integral de las violencias de género requiere abarcar simultáneamente distintos factores que resultan cruciales para su efectividad: estamentos geográficos (locales, nacionales, regionales), la transversalización de áreas de acción (salud, educación, justicia, entre otros) y la participación de distintos actores sociales, tanto institucionales (todos los niveles y poderes del Estado) como la sociedad civil.
Desde el MMGyD de la Nación se creó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022 y 2022-2024) que se propone abordar de manera integral, federal, multiagencial, transversal e interseccional esta problemática extendida y estructural. El plan implica acciones apuntadas a intervenir en los tres momentos de la problemática: la prevención; la asistencia integral y protección de las mujeres y LGBTI+ que atraviesan situaciones de violencia; y el acompañamiento en el acceso a la justica.
Para poder impulsar una política pública primero hay que conocer el universo que abarca y sus complejidades. Existen una serie de herramientas de observación y diagnóstico sobre la violencia por motivos de género: por un lado los resultados de la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres que permite dibujar un mapa de las violencias de género en las diferentes regiones del territorio nacional. Según el estudio, el 45% de las mujeres encuestadas que están o han estado en pareja atravesó algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico.
Por otro lado es posible analizar la situación a través de las víctimas que han acudido a algún dispositivo público, ya sea policial, judicial o un área de asistencia. Desde la cartera encabezada por Mazzina se creó y puso en marcha el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), que conjuga y articula información de diversas fuentes provinciales y nacionales. Para elaborarla se brindaron 24 capacitaciones a 747 funcionarixs y equipos en todo el país. La base de datos permite conocer en profundidad las características de las violencias de género para determinar el riesgo, los contextos, y el tipo de violencia, con el fin de mejorar la respuesta del Estado y la eficacia de las políticas públicas. Según este sistema a la fecha se registraron más de 321.907 casos de violencia.
El paso posterior, que es la implementación de políticas para combatir las violencias y garantizar los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ de todo el país, necesita de la articulación entre Nación, provincias y municipios, y con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil . Es por esto que el MMGyD puso en marcha una serie de programas: primero “Generar” que apunta a robustecer las áreas de género y diversidad de los gobiernos locales y provinciales mediante apoyo económico y asistencia técnica. En 2022 se realizaron 3 reuniones ordinarias en Santa Fe, San Luis y Salta para robustecer el en los territorios junto a las personas que más lo necesitan.
Además el Programa “Articular” es una iniciativa que acompaña a las organizaciones en la formulación e implementación de proyectos en ámbitos comunitarios vinculados con las violencias de género, la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad a través de transferencias de recursos y asistencia técnica. Desde su inicio se financiaron 99 proyectos de organizaciones comunitarias y sociales.
El Programa más importante que funciona en el marco de la lucha integral contra las violencias de género es “Acompañar”. Está destinado a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, con el objetivo de fortalecer su independencia económica. Para ello se les garantiza un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil durante 6 meses consecutivos; se generan espacios de acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial en coordinación con los gobiernos provinciales y locales; y se articula con el sector privado para su formación, empleabilidad e inserción laboral . Las cifras del MMGyD indican que hasta octubre se brindó asistencia a 229.744 mujeres y LGTBI+ en situación de violencia de género, y hasta agosto se firmaron 738 convenios para acompañamiento en todo el país.
Asimismo existe el Programa “Producir” a través del cual se brinda financiamiento y acompañamiento técnico para la creación y el fortalecimiento de proyectos productivos llevados adelante por organizaciones comunitarias donde participen mujeres y LGBTI+ víctimas de violencia de género. Actualmente en el caso de organizaciones comunitarias con personería jurídica, el Programa brinda un subsidio equivalente al monto de entre 47 y 70 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; mientras que para organizaciones de base, sin personería jurídica, equivale a 23 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Desde el inicio se financiaron 171 proyectos y se benefició a más de 4.244 personas.
Línea 144: denuncia y acceso a la justicia
La línea 144 es una de las herramientas para lograr un primer acercamiento y el acompañamiento de las víctimas de cualquier tipo de violencia contemplada en la Ley Nº 26.485. Funciona de manera gratuita y confidencial las 24 hs., los 365 días del año y desde cualquier punto del país. La comunicación se concreta llamando al 144, descargando la app, por WhatsApp al 1127716463, o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar. Además se establecieron criterios de articulación con otras líneas de asistencia como la línea 102, 134, 137, 141 y 145. y 2020 y 2022. Según estadísticas del Ministerio, en 2022 la línea recibió 1.170.607 comunicaciones.
Para casos de alto riesgo en los que es necesario que las personas en situación de violencia cuenten con un dispositivo de protección, el MMGyD creó el Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género que busca consolidar la red de dispositivos de protección a través del financiamiento de proyectos para la refacción, equipamiento y ampliación de estos espacios. Estos dispositivos territoriales son hogares, refugios, casas de medio camino, entre otros lugares, que albergan y acompañan a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. En 2022 el programa Identificó 275 refugios y casas de medio camino en todo el país, 195 son estatales y 80 de la sociedad civil; financió la refacción y el equipamiento de 33 proyectos de fortalecimiento; capacitó a operadorxs y profesionales de 90 hogares, refugios y casas de medio camino estatales y de la sociedad civil; y en articulación con la Iniciativa Spotlight se entregaron equipamiento a 37 hogares, refugios y casas de medio camino pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo para garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de violencia por motivos de género se creó el Programa “Acercar Derechos” (PAD). Esta iniciativa implica un cambio de paradigma en el abordaje de las violencias y una mirada interseccionalidad de la problemática ya que los equipos acompañan durante la denuncia o en su tránsito por el sistema de justicia, y también se proponen luego identificar las necesidades de cada persona y sentar las bases mínimas para que puedan vivir una vida libre de violencias. Algunas de las acciones están dirigidas a brindar acompañamiento psicosocial; contribuir a revertir el impacto social y emocional; facilitar el acceso a distintos programas y políticas del Estado Nacional y de las provincias; acompañar a las personas en la realización de trámites y gestiones ; brindar asesoramiento legal y acompañamiento jurídico; facilitar la comprensión del lenguaje y los procesos judiciales., y realizar presentaciones judiciales en procesos que ya estén en trámite cuando existan obstáculos para el acceso a la justicia.
A diciembre de 2022 se han conformado 49 equipos en todo el país, compuestos por 145 profesionales (44 abogadxs , 51 psicologxs y 50 trabajadorxs sociales), y en cada provincia se designó una responsable provincial a cargo de la coordinación. Desde la creación del PAD hasta octubre se acompañaron más de 14.200 personas en situación de violencia de género en todas las provincias del país, se llevaron adelante más de 39.000 acciones jurídicas y psicosociales.
Cupo laboral travesti trans
La Ley N° 27.636 de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros fue sancionada en 2020 con el objetivo de garantizar la accesibilidad y brindar mayores oportunidades de trabajo formal en condiciones de igualdad. Esta iniciativa es parte del cambio paradigmático iniciado hace una década por la Ley de identidad de género, pionera en la región y en el mundo, que busca transformar la realidad de un colectivo hiper vulnerabilizado cuya expectativa de vida sigue siendo de 35 años y aún padece la falta de acceso al trabajo, a la salud, a la justicia y a la vivienda.
A través de la norma se dispone que personas travestis, transexuales y transgénero deban ocupar por lo menos el 1% de los cargos en el Estado nacional. En la actualidad, según información oficial, trabajan en el Estado 574 travestis, transexuales y/o transgénero. Esto quiere decir que la cifra se quintuplicó desde la vigencia de la Ley “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
Otra forma de evaluar el avance es la distribución en el territorio: si bien casi el 60% de los cargos se concentran en Capital Federal, en todas las jurisdicciones nacionales hay al menos unx travesti, transexual y/o transgénero en puestos estatales. Además en relación a la terminalidad educativa, un 51,93% de travestis, transexuales y/o transgénero con puestos en el Estado Nacional, cuenta con secundario completo y un 35, 64% tiene estudios en la Educación Superior.
Saliendo de la administración pública, en el marco de la norma que también se amplifica y tiene implicancia en el sector privado, se realizaron más de 135 jornadas de asistencias técnicas a sindicatos, empresas y organizaciones de la sociedad civil sobre la implementación del cupo laboral travesti trans y el Registro Único de Aspirantes “Diana Sacayán- Lohana Berkins”.
Cerrar sesión