“Era un chico alegre, estudioso, divertido. Le gustaba la historia”, dice Mónica Campoy cada vez que tiene que describir a Andrés, su hijo, que fue asesinado en 2014 por Gendarmería. Pasaron seis años y la causa está estancada y los gendarmes acusados, siguen en funciones y libres. Recién este año, la Justicia decidió peritar el arma, pero para el juez federal Walter Bento, la muerte de Andrés fue un suicidio, aunque las pericias indiquen lo contrario.
El 13 de junio de 2014, Andrés García Campoy se dirigía en su auto por la ruta 7 de Luján de Cuyo, Mendoza. Lo paró Gendarmería para un control. Andrés llevaba en su auto una carabina de colección de 1980. Horas después, Mónica se entraba que su hijo estaba muerto. Miles de preguntas se abrieron desde ese momento, ninguna fue respondida por la Justicia.
“Ese día, mi hijo iba por la ruta, lo pararon para un control rutinario y apareció con un tiro en la cabeza, a la altura de la nuca. Cuando ellos (los gendarmes) llamaron a la ambulancia, Andy estaba muerto. Tardaron 40 minutos en llamar y nunca dijeron que había un chico herido de bala”, relató Mónica Campoy a El Destape.
La causa actualmente está caratulada como homicidio agravado por fuerza de seguridad, están imputados los dos gendarmes que estaban ese día en el operativo, Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, pero siguen en funciones.
“Cuando el fiscal Jorge Calle llegó al lugar, caratula la causa como homicidio agravado por fuerzas de seguridad. Esa causa pasa en Mendoza y el juez federal Walter Bentos, no hizo nada”, advirtió la mamá de Andrés. Puntualizó, entre todas las irregularidades que hay en la investigación, que “nunca se pudo abrir el celular de Andrés, ni en Mendoza ni en Buenos Aires, está comprobado que no tenía pólvora en las manos ni en la ropa, se hizo un test psicológico post mortem y se corroboró que Andy nunca se podría haber quitado la vida”.
En sentido, explicó que su hijo “esa noche iba a ir a un cumpleaños, había comprado una botella de vino que llevaba como regalo en la parte de atrás del auto, el día anterior había pagado la cuota de la facultad y había dejado en la casa de su abuela los proyectos a entregar de las clases”. Es imposible que se haya suicidado y más en un control”, aseguró Mónica.
Otro dato que llama la atención es que ese día, Gendarmería estaba haciendo un control porque “habían cortado el paso a Chile y tenían que testear camiones, no se entiende por qué, entonces, lo pararon a Andy” y que las pericias establecieron que la lesión provocada por la bala mide unos siete milímetros.
En tanto, sobre la carabina de 1980 que llevaba consigo, Campoy explicó que “era un arma de colección, hermosa que no funcionaba y que la trajo un día y que tenía colgada en su pieza”. “Un día me preguntó qué pensaba si la vendía y le dije que sí, yo creo que ese día (13 de junio) se dirigía a venderla o a mostrarla porque a 3 km de donde lo mataron, está la destilería. Para mí se dirigía ahí”, analizó la madre.
A pesar de las pruebas que incrimina a los gendarmes Cruz y Velázquez, la causa quedó estancada porque “el juez dice que Andy se suicidó”. “Es un inoperante. El tipo jamás fue por los gendarmes, los soltó. Hoy están en funciones, fue todo tapado y el proyectil se desintegró. La causa está toda embarrada”, denunció Mónica.
En 2016, el abogado de la familia Ramiro Villaba recusó al juez, pero fue rechazado con fallo dividido. En diálogo con El Destape, el letrado explicó que “no es un capricho que lleve seis años la causa, sino que es el tiempo razonable para una causa compleja como esta que son casos por demás complejos y que pueden llegar a ser irresolubles”. No obstante, aclaró que si algo avanzó la investigación no fue por la buena voluntad del juez, sino por la Fiscalía y la querella.
En ese sentido, contó que a principio de este año se recurrió a “la ciencia criminalística, después de haber recurrido al cuerpo médico forense y a los expertos de la PFA que tratan de aportar luz”. En febrero, se tomaron varias medidas, entre ellas corroborar si “la presunta arma que intervino en el hecho desflagra pólvora, ya que ni el suicidado y a los gendarmes le apareció pólvora en las manos” aunque en el caso de los gendarmes “no se tomaron las pruebas a tiempo”. También, se buscó construir la morfología del disparo y se probó el funcionamiento del arma, ya que, “según el relato de los gendarmes que dicen cómo fue la maniobra, el arma debería estar impecable, pero es un arma vieja”.
El avance de la investigación se frenó por la pandemia de coronavirus.
Otro punto que hace a las irregularidades es que desde el inicio, el juez Bento le delegó a Gendarmería que realice la investigación y en tiempo record la fuerza nacional sumarió y eximió de responsabilidad a los gendarmes. “Hubo testigos, pero no aparecieron. La familia los fue a buscar, le dijeron una versión de que (a Andrés) lo mató Gendarmería, pero dieron otra versión”, contó el defensor.
Ahora, la mamá de Andrés pide que “se exhume el cuerpo y empezar desde cero y que digan realmente lo que pasó”. Para Villalba, es difícil que se logre eso y advirtió que se llegará al punto en que “no va a estar en duda si Andrés lo mataron o se suicidó, sino que está en duda toda la investigación”.
“Siempre creí en la Justicia, ahora no creo en nada. El que tiene más plata es el que gana, lo que hicieron con Andrés fue un abuso de poder, era un chico con valores, estudioso, lo pararon en un control y lo mataron. De última, si fue porque tenía un arma, lo hubieran detenido, no matado”, concluyó Mónica.
Andrés tenía 20 años y estudiaba Licenciatura de Seguridad e Higiene Industrial en la Universidad de Aconcagua.
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