Ayer se cumplieron 11 meses desde que la noche del 6 de agosto de 2020, en un retén policial, el cabo primero Lucas Gómez asesinó a balazos a Blas Correas, un chico de 17 años que volvía de cenar con amigos.
“Tuve que hacer 700 kilómetros, pagarme un hotel en Buenos Aires para que alguien me escuche; en Córdoba no me escucharon. El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, sigue haciendo controles viales a las ocho de la noche para la foto; prorrogaron 6 meses más la ley por la cuál fue asesinado a mi hijo. Por lo menos en Buenos Aires, alguien me escuchó”, le dijo a El Destape Soledad Laciar, la madre de Blas, quien se reunió con el secretario de DD.HH. de la Nación, Horacio Pietragalla y el director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.
Durante los dos días que estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Soledad Laciar y su esposo Ramiro, se reunieron además con los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Derechos Humanos y Garantías; las cordobesas Brenda Austin y Soledad Carrizo, y Karina Banfi, Sebastián Salvador y Dina Rezinovsky. También se reunió con Sergio Omar Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, porque ella y el abuelo de Blas son empleados bancarios y el dirigente sindical “estuvo desde el primer minuto con nosotros”.
A los funcionarios de la Secretaría de DD.HH. de la Nación y a los diputados opositores, Soledad Laciar les dijo lo mismo: “Yo no me quedo tranquila con que los policías que asesinaron a mi hijo y encubrieron, vayan a juicio. En Córdoba se agotó toda instancia, tuve que venir a Buenos Aires, porque en Córdoba no me dan respuestas. La causa se elevó a juicio, el policía que disparó está preso, está todo muy encaminado desde lo judicial y sus autores materiales. Pero no logro visibilizar la responsabilidad política. Con la cantidad de imputados que hay de todos los rangos, claramente se ve la responsabilidad política, por acción u omisión”, le contó la madre de Blas a El Destape.
La reunión con Horacio Pietragalla y Mariano Przybylski duró cerca de tres horas; el director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, conoce el caso desde el minuto uno porque la misma madrugada del crimen, abogados de la Secretaría de DD.HH. asesoraron a los familiares de Blas. El secretario “Pietragalla se comprometió a enviar una nota al Gobierno de Córdoba para conocer el estado de la investigación del asesinato de mi hijo”, señaló Soledad Laciar. Además, el 6 de agosto, cuando se cumpla el primer aniversario del asesinato de Blas, la Secretaría de DD.HH. de la Nación va a instalar una señalética para recordar este crimen a manos del Estado cordobés.
"Le plantaron un arma a mi hijo, eso no es cosa de policías sueltos, es una práctica institucional"
“Yo no hablo desde el odio, les conté a Pietragalla y a Przybylski de la marcha; de la suelta de globos cuando se cumplieron seis meses; nunca tuvimos un solo hecho o una sola palabra ofensiva ni para quienes apretaron el gatillo, ni para quienes plantaron el arma para ensuciar a Blas y los chicos; ni para los que integran la cadena de encubrimiento, que no son sólo policías. Con tantos policías imputados y de distintas jerarquías, claramente acá hubo una responsabilidad política, la Policía responde al poder político. Le plantaron un arma a mi hijo, eso no es cosa de policías sueltos, es una práctica institucional. Acá a mi hijo lo mató y lo quiso ensuciar el Estado, fue un crimen de Estado y hay responsables políticos”, señaló Soledad Laciar.
La madre de Blas se fue satisfecha de su recorrida por Buenos Aires: “Tanto Pietragalla como los diputados me escucharon. Lo que tendría que haber pasado en Córdoba, a 15 minutos de mi casa, tuvo que pasar en Buenos Aires, a 700 kilómetros. Vine a hablar con los funcionarios, les conté que soy la madre de un adolescente de 17 años al que asesinó la Policía. Y tengo tres hijos más y no quiero que les pase lo mismo, ni a ellos ni a ningún chico más. Después de Blas, la Policía mató a Joaquín Paredes, y antes mató a otros chicos. No son casos aislados. Vine a contarles a los funcionarios lo que pasa en Córdoba. Me voy con expectativas para ver qué hacen de ahora en más”.
En la reunión en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, Soledad Laciar les pidió a los funcionarios la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández la reciba en una audiencia. Ni bien Blas fue asesinado, desde el Gobierno de Córdoba se descabezó a la cúpula policial de la Capital, se nombró a una mujer en el cargo, la comisario general Liliana Zárate Belletti; y se echó a rodar la versión de que el gobernador Juuan Schiaretti recibiría a los familiares de la víctima. La reunión nunca se realizó.
A través de su cuenta de Twitter, Horacio Pietragalla informó sobre el encuentro con Soledad Laciar y su esposo Ramiro: “Recibí a Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, un joven de 17 años asesinado en agosto del 2020 por miembros de la Policía de Córdoba, quienes abrieron fuego al auto donde viajaba con unos amigos por no detenerse en un retén”.
A juicio
En junio pasado, la causa fue elevada a juicio por el fiscal José Mana, donde tiene como imputados por el delito de homicidio calificado a los cabos primero de la Policía, Lucas Gómez –la bala asesina salió de su arma- y Javier Alarcón; además de otros 11 policías acusados de encubrimiento.
La oficial ayudante Yamila Martínez y la agente Wanda Esquivel están acusadas de omisión de deberes del oficio de funcionario público y encubrimiento agravado. Esquivel fue la policía que plantó un viejo revólver cerca de donde ocurrió la balacera contra el Fiat Argo en el que se conducía Blas y cuatro amigos.
Los comisarios inspectores Walter Soria y Jorge Galleguillo están imputados de los delitos de omisión de deberes del oficio de funcionario público y encubrimiento agravado. Comisario Inspector Jorge Galleguillo; al igual que el subcomisario Sergio González, quien monitoreó el rastrillaje en la zona de la plaza de las Américas, donde estaba ubicado el retén policial.
El subcomisario Enzo Quiroga también fue imputado del delito de omisión de deberes del oficio de funcionario público y encubrimiento agravado.
Los cabos Leonardo Alejandro Martínez y Leandro Alexis Quevedo están acusados de falso testimonio y encubrimiento agravado; al igual que el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza. El subcomisario Juan Antonio Gatica está imputado del delito de encubrimiento agravado.
Mientras que los empleados administrativos de la clínica Aconcagua, Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo fueron acusados de “abandono de persona”.
En una clara decisión política, se decidió que el comisario mayor Gonzalo Cumplido, subdirector general de Seguridad de Capital Sur, cuando ocurrió el asesinato de Blas, fuera investigado por el Fuero Anticorrupción, en vez de la fiscalía ordinaria de José Mana. El comisario inspector Jorge Galleguillo, subordinado inmediato de Cumplido, le avisó a su jefe lo que sucedió esa madrugada.
Inexplicablemnete, pese a que está demostrado que Cumplido y los otros 13 policías formaron parte del crimen y encubrimiento de Blas, al jefe de Seguridad de Capital Sur, no lo investigó el fiscal Mana y en junio pasado, el juez del Fuero Anticorrupción, Gustavo Hidalgo lo sobreseyó.
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