Este pasado jueves 16, a dos días del aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa en mano de un grupo de rugbiers en Villa Gesell, las redes sociales y portales de noticias amanecieron inundadas de imágenes de un grupo de varones jóvenes en una feroz pelea en la playa de Pinamar. Como si de un deja vu se tratara, de nuevo se veía un grupo de personas golpeando a un chico de unos 20 años a la salida del boliche UFO Point.
El hecho trascendió porque alguien grabó cuando la policía llegó para controlar el enfrentamiento, pero los vecinos de la zona venían denunciando que casi todas las madrugadas se viven escenas de violencia cuando los boliches empiezan a vaciarse.
“En Pinamar tenemos un corredor seguro para los chicos que salen de los boliches. Y tenemos horarios de cierres escalonados de los mismos para planificar que no salgan todos al mismo tiempo”, especificó un funcionario de la cartera turística de Pinamar a este medio. Y puntualizó: “Acá no cambió nada luego del asesinato de Fernando. Pinamar ya tenía sus protocolos de seguridad y un fuerte trabajo mancomunado entre la policía y el Municipio”.
El 18 de enero de 2020, Villa Gesell fue testigo de un hecho que marcaría un antes y un después en la sociedad argentina. Fernando, un joven de 18 años, fue brutalmente golpeado hasta la muerte por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche. El caso no solo conmocionó por la violencia del ataque, sino también porque expuso dinámicas de grupo que involucraban privilegios, racismo, masculinidad tóxica y violencia en grupo.
La tragedia de Fernando puso en el centro del debate la seguridad en los boliches y la responsabilidad de los empresarios nocturnos. A partir de este caso, se implementaron en varias localidades controles más estrictos en los accesos, capacitación del personal de seguridad privada y una mayor fiscalización por parte de las autoridades municipales.
Incluso Gesell anunció nuevas regulaciones destinadas a prevenir hechos de violencia, como restricciones en el horario de funcionamiento de los boliches y la obligación de instalar sistemas de videovigilancia en los alrededores.
"Sé que las disculpas no alcanzan, ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás, pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido", había dicho Máximo Thomsen previo a su sentencia a cadena perpetua por la golpiza mortal a Fernando. Cinco años después, El Destape dialogó con abogados penalistas para analizar si, en vez de “volver el tiempo atrás”, podemos prevenir el futuro: ¿Estamos listos para que no haya más Fernandos?
Prevención de la violencia juvenil
A pesar de los esfuerzos en la implementación de nuevas medidas de seguridad en los boliches, como la videovigilancia y los cierres escalonados, expertos en el tema señalaron que la violencia grupal sigue siendo un desafío estructural que no se soluciona únicamente con medidas punitivas o de control.
En diálogo con este medio, Roberto Cipriano García, abogado, integrante y Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que, a pesar de las modificaciones en los protocolos de seguridad en varios municipios, el problema continúa siendo el mismo: "El asesinato de Fernando Báez Sosa sigue siendo un reflejo de las desigualdades y violencias estructurales que atraviesan nuestra sociedad. Las políticas públicas no han avanzado lo suficiente para abordar de manera integral la raíz de estos hechos". Según el abogado, la solución no está en aumentar las penas o en hacer más estrictos los controles, sino en una reformulación de las políticas sociales que promuevan la igualdad, la inclusión y la paz.
La violencia que caracteriza a muchos de estos ataques, afirmó el letrado, tiene un componente más profundo que excede lo meramente judicial: "El problema radica en cómo nuestra sociedad sigue sosteniendo y promoviendo discursos de odio, racismo y violencia. Desde los discursos políticos hasta las dinámicas sociales cotidianas, la violencia sigue siendo vista como una forma de resolver los conflictos". Para él, los avances en el ámbito judicial, como la condena a los responsables del crimen de Fernando, son importantes, pero no son suficientes sin un cambio estructural en la sociedad.
Racismo y masculinidad
El caso de Fernando Báez Sosa sigue generando repercusiones profundas, incluso dentro del sistema penitenciario. Casi cinco años después del crimen, los condenados cumplen sus penas en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron sentenciados a prisión perpetua, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años. Las sentencias, dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores y ratificadas en mayo de 2024 por la Cámara de Casación Bonaerense, consideran que los primeros cinco rugbiers actuaron con premeditación, mientras que los tres restantes fueron considerados partícipes secundarios.
La brutalidad del ataque no solo conmocionó, sino que también abrió un debate social sobre las causas que llevaron a estos jóvenes a planificar y ejecutar el crimen con tal frialdad. Los códigos de violencia y masculinidad asociados al rugby fueron analizados desde una perspectiva de género, puesto que el folklore de este deporte, además de promover una masculinidad tóxica, fomenta, en muchos casos, comportamientos violentos. Es por esta lógica que, a lo largo de su encarcelamiento, los condenados participan en un taller sobre la "deconstrucción de masculinidades", un espacio por reflexionar sobre las dinámicas de violencia que pudieron haber internalizado. "Hablamos de deconstruir masculinidades, hablamos de violencia, confeccionamos juntos escritos jurídicos, discutimos sobre qué ocurre con nuestras familias y nuestros hijos en contexto de encierro", explicó una funcionaria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) encargada de coordinar estos talleres.
También en comunicación con El Destape, Fabián Améndola, abogado de la familia de Fernando, remarcó que, aunque algunos clubes de rugby han comenzado a implementar protocolos de seguridad y prevención, la concientización sigue siendo insuficiente: "Lo que vemos es que, en muchos clubes, continúan reproduciéndose dinámicas de violencia. Aunque no todos los incidentes son tan graves como el de Fernando, los ataques entre jugadores de rugby siguen siendo una realidad".
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional Argentina también han puesto en el centro del debate el “racismo en el deporte”, señalando cómo los códigos varoniles de deportes como el rugby no solo alimentan la masculinidad violenta, sino que también perpetúan una inclinación clasista y racista. La frase dirigida a Fernando por los agresores, “¡Te vamos a matar, negro de mierda!”, y su posterior cumplimiento, ejemplifica el impacto de este componente en el ataque.
La cárcel no alcanza
"Sin cadena perpetua no hay justicia" se convirtió en uno de los lemas de muchas personas que apoyaban esta condena para los rugbiers involucrados, utilizado principalmente por los padres de Fernando, Graciela y Silvino, así como por diversas organizaciones y personas que apoyaban su causa.
Y aunque esta sentencia pueda generar un alivio y un resarcimiento parcial por el dolor causado, “la jurisprudencia necesita de más de un caso para formularse”, explicó Améndola, señalando que si bien el juicio de Fernando pudiera crear un precedente, esto no marca un destino definido en las decisiones de los tribunales si otros caso similar llegase a ocurrir.
Esta condena sanciona, pero no previene. Y, en tal materia, los letrados hacen hincapié en que “ningún balance que se haga sobre este caso puede ser positivo”, ya que “nada ha cambiado lo suficiente en estos cinco años”.
Ambos abogados coinciden en que, a pesar de los avances judiciales y las reformas en algunos protocolos de seguridad, la sociedad aún está lejos de erradicar la violencia juvenil y grupal. "El sistema penal y la cárcel no resuelven nada", apuntó Cipriano García. Y agregó: "Hace falta un cambio más profundo en las políticas públicas, que incluyan la educación, la integración social y la promoción de valores que contrarresten los discursos de odio".
En este sentido, el abogado Améndola adhirió que es necesario revisar las prácticas dentro de los deportes de contacto, que a menudo no solo entrenan técnicas de competencia, sino también de agresión: "No se ha trabajado lo suficiente en la educación de los jóvenes que practican deportes como el rugby, el boxeo o el karate, sobre la responsabilidad que tienen fuera del campo. La violencia no empieza con el golpe, sino con los discursos y las actitudes que se cultivan dentro y fuera del deporte".
Cabe destacar la importancia de que las autoridades municipales y provinciales se hagan responsables de los protocolos de seguridad en los boliches, y que estos no se reduzcan a medidas reactivas cuando ya ha ocurrido la violencia. "Es fundamental que los boliches tengan un protocolo claro de actuación ante peleas y que se coordine con la policía para evitar que las situaciones escalen. La prevención pasa por una responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados", remarcó.
Si bien organizaciones sociales y de derechos humanos, así como instituciones educativas y deportivas, han comenzado a implementar talleres de sensibilización dirigidos especialmente a jóvenes y deportistas para prevenir la reproducción de estas dinámicas, las peleas y enfrentamientos entre jóvenes siguen siendo una constante. Cabe entonces preguntarse si el hecho de que no haya un nuevo Fernando es simplemente cuestión de suerte y azar.
No más Fernandos
El programa de alfabetización jurídica y otros talleres informales forman parte de una oferta educativa dentro de la prisión, en la que los rugbiers condenados participan en actividades como la lectura y el acceso a materiales sobre derechos humanos y el sistema judicial. Estos talleres se enmarcan dentro de un proceso de rehabilitación, aunque los padres de Fernando Báez Sosa han expresado dudas sobre la calidad de este tratamiento. "Justicia se hizo en parte, porque estamos a medias, esperando que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires deje firme la condena para que los asesinos pasen a una cárcel común y paguen lo que hicieron", declaró Graciela Sosa, madre de Fernando. Posteriormente, la causa podría ser elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dependiendo del rumbo que tome en la jurisdicción bonaerense.
Por ahora, el régimen penitenciario para los condenados es relativamente estructurado. Están alojados en el pabellón N°3 de la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, separados del resto de la población carcelaria, y tienen una rutina de visitas familiares los jueves, entre las 13 y las 17 horas. Además, se les permite realizar actividades recreativas y deportivas bajo la supervisión de un profesor de educación física. Fuentes cercanas a la causa aseguran que la convivencia entre los condenados es tranquila, sin conflictos. "Es deber del Servicio Penitenciario Bonaerense tenerlos alojados ahí, no es una concesión que están haciendo con ellos", aseguró Francisco Oneto, abogado de Thomsen. Oneto, además, señaló que buscará demostrar que la intencionalidad de Thomsen no era causar la muerte de Fernando y que utilizará todas las herramientas legales disponibles para mejorar su situación procesal, desmitificando el "monstruo que los medios de comunicación han creado en torno a él”.
Cinco años después del asesinato, aunque la condena a los responsables del crimen de Fernando Báez Sosa marcó un hito en la justicia argentina, los desafíos siguen siendo gigantescos. Las respuestas no pueden limitarse a medidas punitivas. Es necesario un enfoque integral que abarque desde la educación hasta la resolución pacífica de los conflictos, además de una revisión profunda de las prácticas sociales, políticas y deportivas. La muerte de Fernando, al igual que la de tantas otras víctimas de violencia, debe servir como un punto de inflexión para una reflexión más profunda sobre el porvenir de la juventud y que no haya nuevos Thomsen, Benicelli, Comelli, Pertossi, Cinalli, Viollaz para que no haya más Fernandos.
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