El inicio de 2023 podría significar, para los movimientos de mujeres y disidencias, la posibilidad de seguir avanzando en el camino hacia una mayor equidad de género. No obstante, al tratarse de un año electoral, puede que la intensidad de las campañas, la agenda pública acotada, las mediciones como forma de interpretar la realidad y los temas “urgentes” corran hacia los márgenes las discusiones y resoluciones aún pendientes en materia de género. Por supuesto que también se espera para intervenir en la arena política lo que ocurra en octubre en el marco del próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries + que tendrá lugar en Furilofche/Bariloche, Río Negro.
El contexto también está condicionado por un fenómeno preocupante a nivel global, de desaceleración de las conquistas y luchas de los feminismos, que puede explicarse por varios factores: en principio, como efecto de un mundo convulsionado por la pandemia del COVID, la guerra y una crítica situación económica que si bien afecta a todo el globo, en general recae con más dureza sobre mujeres y minorías; al mismo tiempo el crecimiento, sobre todo traccionado por las redes sociales y plataformas digitales, de grupos de varones jóvenes con discursos antifeministas y misóginos que responden a las conquistas con más violencia; y de forma articulada, el fortalecimiento de los sectores de ultraderecha conservadores y antifeministas a nivel institucional e estatal, que han retrocedido en materia de derechos adquiridos, como ocurrió en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de anular un histórico fallo judicial de 50 años que garantizaba el acceso al aborto.
En julio de 2022, el World Economoc Forum (WEF) dio a conocer los resultados del “Informe Global de Brecha de Género 2022” que evalúa la situación de las siguientes dimensiones clave: Oportunidad y Participación Económica, Logro Educativo, Salud y Supervivencia, y Empoderamiento Político. El estudio indicó que si bien se registra una tendencia favorable a la equidad, la brecha global de género el año pasado fue de un 68,1%. Y además advierte que, manteniendo este ritmo de avances, se van a necesitar 132 años para alcanzar un paridad total.
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Desde esta perspectiva el panorama implica un doble movimiento: la continuidad de la lucha y el avance en materia de derechos con una mayor participación política y económica; y, al mismo tiempo, un ejercicio permanente de resistencia y demostración de musculatura social ante el fenómeno de engrosamiento de los sectores antifeministas que buscan retroceder y poner en cuestionamiento los logros históricos y sociales.
La agenda local está organizada en base a dos grandes temas vertebrales: la reducción de la brecha de género, tanto social como económica, que implica políticas integrales y la articulación permanente entre los gobiernos nacionales, a través de los ministerios, y las provinciales, y el trabajo de bajada de los programas a los territorios; y al mismo tiempo una batería de proyectos de ley como la Ley Deudores Alimentarios, la Ley Integral Trans, y la Ley Cuidar en Igualdad, que abarcan problemáticas sociales y cuentan con el apoyo masivo de los movimientos feministas pero necesitan del impulso político y el apoyo de las provincias para llegar al recinto.
Más allá los ejes nombrados previamente, desde el Gobierno Nacional y el Ministerio que conduce Mazzina, se seguirán profundizando las políticas que están contempladas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2022 – 2024 y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, y se implementarán acciones para mejorar, ampliar y profundizar las políticas de prevención y abordaje integral de las Violencias por motivos de género, que es un tema que atraviesa por completo la gestión.
Con respecto a este último punto, en el corto plazo se esperan anuncios como la inauguración del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad de La Pampa, que comenzará a funcionar antes de marzo, y el inicio de otras obras en diferentes provincias, como parte del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y el Programa Nacional de Infraestructura del Cuidado. Asimismo se está trabajando fuertemente en la ampliación de la Línea 144, para asistir y asesorar a mujeres y LGTBI+ en situación de violencia de género, y se anunciarán pronto nuevos dispositivos y facilidades para garantizar que llegue a toda la población que lo necesite.
Feminismo de la olla: brecha de género económica y laboral
El punto de partida sigue siendo la economía y su genealogía interseccional. En Argentina la desigualdad de género se conjuga con la difícil situación económica y los altos niveles de inflación que repercuten directamente en la vida cotidiana. De cada 10 pobres, 7 son mujeres, lo que advierte un fuerte proceso de “feminización de la pobreza”. Esas mismas mujeres son las que trabajan en dobles o triples jornadas, y se organizan en el territorio para asegurar los platos de comida que faltan. Paradójicamente, las mismas que sostienen la pirámide social son las menos reconocidas por sus aportes sociales y económicos.
Según información del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la brecha económica se puede identificar con claridad en los siguientes factores: la brecha de ingresos personales entre varones y mujeres es del 28%; el 66% de las personas que pagan bienes personales son varones y explican el 72% del valor de los bienes; y de las declaraciones juradas que pagaron el impuesto a las ganancias el 70% son varones, y acumulan el 75% de los ingresos gravados.
Para establecer un diagnóstico de la situación la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) publicó un documento llamado "El costo de cuidar: las brechas de género en la economía argentina ". El texto señala que los índices mejoraron durante la gestión del presidente Alberto Fernández, pero todavía se advierte una fuerte desigualdad en relación a la distribución de las tareas de cuidado, las oportunidades laborales y los ingresos, y el acceso al sistema previsional. El informe indica que “las mujeres realizan las tres cuartas partes de las tareas domésticas y de cuidados y les dedican, en promedio, 6,5 horas diarias, casi 3 horas más que las que dedican los varones (INDEC, 2022). Esta desigualdad se incrementa entre madres y padres, en lo que se denomina ‘penalización por maternidad’: por fuera del nivel educativo y la experiencia laboral, las madres perciben, por hora, un salario 33,7% menor que los padres”.
Por otro lado indica que, a pesar de que los niveles de empleo de las mujeres mejoraron, sigue existiendo una amplia brecha y una “segregación horizontal que reproduce roles de género: los varones se insertan más en las ramas de actividad más dinámicas y estratégicas desde el punto de vista salarial y de empleo formal; las mujeres, en cambio, tienen mayor participación en los sectores relacionados con los cuidados y servicios sociales”. Por último la investigación señala que como en esas ramas hay mayor nivel de informalidad, la desigualdad se traduce en un menor acceso al sistema previsional y la posibilidad de autonomía en edades avanzadas.
En este sentido, desde el Estado Nacional y las provincias en 2023 se trabajará articuladamente en la puesta en marcha de diferentes estrategias de formación, empleabilidad e inserción laboral de las mujeres y LGTBI+ para fortalecer la independencia económica. Desde el Ministerio de Mujeres, género y Diversidad, que conduce la puntana Ayelén Mazzina, se está trabajando en mejorar, ampliar y fortalecer la implementación de los Programas ACOMPAÑAR, PRODUCIR y REGISTRADAS, y por otro lado en potenciar las articulaciones con políticas y programas de otros Ministerios como de Desarrollo Social, Economía, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación. Además de políticas como el Apoyo a la Lactancia Compartida o la línea de Gestión Menstrual que favorecen la continuidad educativa y laboral de las personas.
Cuidar en Igualdad: tareas del cuidado y licencias
Uno de los proyectos de ley a impulsar en los próximos meses es el de "Cuidar en Igualdad” para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA), que fue presentado en mayo pasado por los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Quienes lo están impulsando son las diputadas del Frente de Todos María Rosa Martínez, Blanca Osuna y el diputado Daniel Arroyo. Hoy a 9 meses de ser presentado por el Ejecutivo no fue discutido ni siquiera en comisiones.
El proyecto conjuga dos ejes vertebrales que se vienen trabajando en el Gobierno desde hace tiempo: las licencias igualitarias y el Sistema Integral de Políticas de Cuidados. La iniciativa surge como respuesta a diferentes variables complejas de la realidad que necesitan de la intervención del Estado: la gran demanda de cuidados que hoy se resuelve de manera individual o comunitaria y desreguladamente, muchas veces dependiendo de las posibilidades económicas; por otro lado la responsabilidad de cuidar que recae siempre sobre las mujeres y cómo esa feminización del trabajo gratuito de cuidado impacta en la vida económica, el desempleo, la pobreza, los niveles de informalidad y la desigualdad en las familias; y por último ya que invertir en cuidados es una estrategia eficaz para el desarrollo con un efecto multiplicador en la economía. Según la OIT los países que más invierten en políticas de cuidado alcanzan tasas de empleo femeninas mayores al 70%.
De esta manera , de aprobarse, la creación del SINCA significará el desarrollo de “un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que todas las personas accedan a los derechos de cuidar y ser cuidadxs en condiciones de igualdad”. Entre otras cosas propone la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados; la adaptación las jornadas laborales a las necesidades de cuidado en el sector público y privado; fomentar el trabajo de cuidados remunerado.
La otra modificación es sobre el régimen de licencias público y privado, para lo que el proyecto establece cambiar la legislación actual para que los períodos de licencia pasen a ser cubiertos por la seguridad social y no por la parte empleadora; se extienda la licencia para personas gestantes de 90 a 126 días, cumpliendo con lo que recomienda la OIT; se amplíen las licencias para personas no gestantes de 2 a 15 días en una primera etapa y luego contempla un aumento gradual cada dos años hasta los 90 días; se creen licencias para futurxs adoptantes y licencias por adopción; e incorporen extensiones de las licencias para hijxs con discapacidad, ante nacimientos o adopciones múltiples, nacimientos prematuros o con enfermedades crónicas.
Violencia económica y Ley de Deudores Alimentarios
En junio de 2022 un informe presentado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Estela Díaz, arrojó una cifra escalofriante: el 67% de los padres no paga la cuota alimentaria o lo hace de forma eventual. El texto denominado "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género" resultó del análisis de 6442 encuestas y 50 entrevistas realizadas en los 125 municipios del territorio bonaerense.
Este incumplimiento es una de las principales formas de violencia de género contemplada en la Ley 26.485: la violencia económica y patrimonial. Este comportamiento tan generalizado perjudica directamente a la mujer ya que limita sus recursos, teniendo en cuenta que debe hacerse cargo de la manutención de lxs hijos sola, y de esta manera condiciona su autonomía económico y sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Además esto significa que el progenitor de desentiende de sus responsabilidades en el cuidado y crianza, lo que constituye una forma de vulneración de los derechos de las infancias y juventudes.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en Argentina “el 85% de los hogares formados por un solo adulto y menores está a cargo de una mujer. Además, solo 1 de 4 mujeres que no convive con el otro progenitor de sus hijes percibe cuota alimentaria”.
En este contexto, en noviembre de 2022, la Cámara de Diputados, conducida por Cecilia Moreau, dio media sanción casi por unanimidad al proyecto que propone crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (ReUDAM) bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este registro será “una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente".
Según el proyecto, será incorporado a la categoría de Deudor quien cuente con "una sentencia firme o convenio homologado judicialmente que determine la obligación" de prestar alimentos a sus familiares y que cargue una deuda de "3 cuotas consecutivas o 5 alternadas". En las provincias ya existen registros como este pero el objetivo de la norma es articularlos a nivel nacional y conformar una base de datos unificada y dinámica.
Esto quiere decir que si una persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas incumple con el pago en tiempo y forma, pasará a ser inscripto en el registro y esto tendrá serias consecuencias e inhabilitaciones en actividades y trámites de su vida cotidiana como no acceder: cuentas bancarias, otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública, entre otros puntos.
Ley Integral Trans
Otro de los temas que ocuparán la agenda de género es el reclamo por la Ley Integral Trans, un proyecto impulsado mayoritariamente por organizaciones de diversidades como la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénerxs de Argentina (ATTTA) en todo el país. En las calles ha sido bandera de todas las Marchas del Orgullo, así come parte del debate durante el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersexuales que tuvo lugar en San Luis.
Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se comprometieron para lograr en 2023 la implementación federal de la Ley de Cupo de inclusión Travesti Trans, que es uno de los mayores desafíos, y la ampliación del apoyo económico para las personas trans mayores. No obstante los colectivos de disidencias le reclaman a la dirección de la cartera una mayor articulación política y que se involucre en la lucha por esta ley Integral que le exige al Estado reconocer la hiper vulneración de los derechos que atraviesan las personas trans en todos los aspectos de la vida, desde la infancia hasta la tercera edad, teniendo en cuenta que la discriminación social y las violencias, aún existentes, funcionan como una barrera permanente a su desarrollo y bienestar. No llama la atención ya que sería una política pública que refleja la continuidad histórica de un proceso iniciado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la Ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y el cupo laboral travesti trans.
Esta ley exige que se garanticen los derechos humanos de las personas trans en el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a la familia, a la vivienda y a los servicios básicos. Además no implica ningún impacto significativo en términos presupuestario para el país. Para ello en el Artículo 1 plantea como objeto “Asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualesquiera otros ámbitos de la vida ciudadana”.
Por ejemplo la Ley garantizará el acceso igualitario y sin discriminación al Sistema Educativo en todas las etapas de la vida, a herramientas de promoción de la terminalidad educativa, y al aprendizaje de habilidades para la vida y el desarrollo social. Con respecto a la salud incluye el derecho a la atención gratuita en todas las áreas de especialización, incluyendo salud sexual, reproductiva, tratamientos de adecuación corporal y reasignación genital, y la capacitación de los/as profesionales.
Con respecto al trabajo apunta a garantizar el cumplimiento de la ley de Cupo, que el Estado desarrolle mecanismos de apoyo y acompañamiento en la búsqueda y mantenimiento del empleo, e incentivar al sector privado mediante políticas públicas que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas. Sobre el derecho a la vivienda crea un registro especial prioritario, a partir del Ministerio de Desarrollo Social, para la asignación de vivienda social a las personas trans.
Asimismo plantea, en su artículo 5, la tarea de Concientización y sensibilización de la sociedad a partir de la adopción de “medidas a corto, mediano y largo plazo, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad en general, dentro y fuera de las familias, respecto de las personas trans, fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las mismas y trabajar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas que afectan el ejercicio igualitario de sus derechos”. Esto contiene el trabajo en todos los niveles del sistema educativo y los medios de comunicación .
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