Fuerzas policiales y femicidios: qué dicen los números, a 9 años del Ni Una Menos

“La violencia no tiene género”, asegura repetidamente el Gobierno de Javier Milei desde su llegada a la presidencia el pasado diciembre de 2023. A pesar de ello, las cifras lo contradicen: más 2.500 mujeres y disidencias fueron asesinadas desde el 2015. Según el último informe de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), del 1° de enero al 30 de mayo del 2024, se registró un femicidio cada 40 horas en Argentina —89 femicidios vinculados (3 lesbicidios y 3 transfemicidios) y 216 intentos, dejando a un total de 87 niñas/os y adolescentes sin madre—; muchos de ellos cometidos por parejas o exparejas en viviendas compartidas. El dato que se destaca con regularidad, a 9 años del primer Ni Una Menos, es la presencia de personal de fuerzas de seguridad: más de 180 femicidas forman parte de dichas instituciones. En el año vigente, el 8% de los femicidas eran efectivos y un 30% cometió el homicidio con arma de fuego.

Como si los números no se impusieran por sí solos, desde la gestión actual buscan -a como dé lugar- recortar políticas de prevención y erradicación de la problemática: desde su llegada a Casa Rosada, Milei decidió cerrar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades mientras que a través de la Ley Bases (que consiguió dictamen en el Senado hace días) intentó, aunque sin éxito, desmantelar y limitar la Ley Micaela, normativa que busca capacitar en perspectiva de género y prevención de violencias al personal de la administración pública (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todas sus jerarquías). En febrero pasado, se designó a Claudia Barcia como subsecretaria de Violencia de Género: hasta ahora no hay políticas implementadas, la subsecretaría continúa sin estructura interna, el desarrollo de tareas está paralizado y se desconoce cómo se articularán acciones con otros ministerios u organismos.

“Las declaraciones de funcionarios y legisladores del oficialismo nos indican que no quieren implementar la perspectiva de género, niegan los femicidios y la desigualdad de género. Ponen, como (el senador nacional de LLA, Francisco) Paoltroni, en duda el término ‘femicidio’ y sostienen que es ‘injusto’ para los varones; no están aplicando la Ley Micaela. Y al mismo tiempo, no implementan ni una política pública con perspectiva de género y ponen en duda los derechos conquistados”, dijo en diálogo con El Destape, Laura Oszust -licenciada en Comunicación Social y CoDirectora del Observatorio Ahora que sí nos ven-.

Desde MuMaLa, por su parte, señalaron al contexto actual de la Argentina como un punto clave que puede complejizar -aún más- la situación de las mujeres y disidencias a lo largo y ancho del territorio nacional. “Es muy desalentador para la prevención y erradicación de la violencia de género, se han recortado absolutamente todas las herramientas existentes para prevenir y asistir a las víctimas como las ayudas económicas, el poder alquilar, una salida laboral y también la Línea 144, que asesoraba, derivada y acompañaba”, señaló su directora -médica y docente en la Universidad Nacional de Córdoba- Betiana Cabrera Fasolis. “No hay herramientas, no hay presupuesto y no hay ministerio”, apuntó.

La postura del Gobierno y su apoyo a las fuerzas

Tal como apuntó Oszust anteriormente, desde Nación se opta por un discurso y una mirada que busca dar un apoyo casi incondicional a las fuerzas de seguridad y también a las Fuerzas Armadas. “Fueron muy maltratadas durante los años de la democracia, sin permitirles un rol efectivo. Proponemos una nueva era de reconciliación entre la sociedad y las fuerzas, es una deuda de la democracia”, indicó la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril pasado. Como antecedente, el accionar ante el caso Chocobar -durante el macrismo- deja a la vista lo que propone la ministra: en aquel momento, respaldó al agente y lo convocó a un encuentro con el entonces presidente Mauricio Macri para mostrar su apoyo a la fuerza. 

Si bien fue condenado a dos años de prisión por "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber", en 2024 -con la llegada de Bullrich al ministerio- la Corte Suprema falló a su favor y dispuso la realización de un nuevo juicio. 

“Quiero que trascienda a este Gobierno y que se rinda homenaje sincero a nuestros héroes, dándoles el lugar de reconocimiento y el apoyo que merecen. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas (...); son motivo de orgullo para nuestra Nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negado”, completó el mandatario nacional. Junto a estos discursos tan simbólicos, aparecen los de otros miembros de la gestión actual como el de la vicepresidenta de la Nación, hija y sobrina de militares, Victoria Villarruel con su defensa acérrima de las fuerzas y de la “memoria completa” frente al terrorismo de Estado durante el golpe de 1976.

En seis meses de Gobierno, las políticas de género y seguridad son nulas. Se propuso una Ley de Seguridad Interior -para que las Fuerzas Militares puedan intervenir en asuntos de seguridad interna-; aseguraron el bienestar integral en salarios, salud y equipamientos para las y los efectivos; habilitaron a que la Prefectura pueda utilizar "todo tipo de armas de fuego" y se dedicaron, específicamente, a “combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales”, con el objetivo de bajar los índices de robos, homicidios y delitos. En lo discursivo, los femicidios brillan por su ausencia.

“No podemos afirmar de forma tajante que van a aumentar los femicidios cometidos  por FF.SS. o FF.AA. en esta época, pero si el gobierno nacional empodera de manera no democrática y con perspectiva de género a estas instituciones y legitima su accionar violento puede darse una mayor predisposición a que ejerzan violencias, institucional o doméstica. Por otro lado, que el agresor sea parte de las fuerzas es un factor de riesgo, porque tienen acceso a armas de fuego y además pertenecen a una institución donde las mujeres deberían poder sentirse seguras para denunciar violencia”, sostuvo la CoDirectora de Ahora que sí nos ven. Y completó. “Que la institución los apañe porque la institución sigue teniendo prácticas machistas puede ser un factor de inhibición para ir a denunciar, porque pueden encubrir y proteger al agresor y ejercer violencia institucional a las denunciantes”.

Qué dicen los números

Según indican los registros de Ahora que sí nos ven, desde el 3 de junio del 2015 —primer Ni Una Menos— a la actualidad, los femicidios no disminuyeron: hubo un total de 2.544 en Argentina (1 cada 31 horas) y las variaciones de los valores anuales “no fueron significativas” de un año a otro. A partir del 2020, se incorpora en el Registro Nacional de Femicidios la variable de agresores pertenecientes a las fuerzas de seguridad. “Que el agresor forme parte de una fuerza de seguridad o una fuerza armada implica un mayor factor de riesgo dado al fácil acceso a las armas de fuego”, indican; siendo dicha herramienta la forma utilizada para vulnerar y asesinar mujeres en el 31% de los casos, si se toma solo el 2023.

La comunicadora social Oszust pone especial énfasis en que las cifras de los diferentes observatorios parten de los femicidios -cometidos por fuerzas de seguridad o no- que se conocen a través de los medios de comunicación; es decir que “al menos son ese porcentaje” pero pueden ser muchos nombres más. “Son los valores que pudimos relevar, hay que tener en cuenta que hay muchos casos en donde no se sabe quién fue el victimario y es mucho más complejo. Cuando hablamos de miembros de las fuerzas, hablamos tanto de personal activo como retirado”, aclaró Cabrera Fasolis. Entre ellos enumeran: policías (federal, provincial y municipal), militares, personas pertenecientes al Servicio Penitenciario y en el último tiempo, se incorporó a los servicios de seguridad privada.

Desde MuMaLa sostienen que a lo largo de los años detectaron que las mismas instituciones, a las que califican como “verticalistas, machistas y muy patriarcales”, desalentaban las denuncias frente a casos de violencia de género. Especialmente, si la persona bajo la lupa era un efectivo o la denunciante, una mujer policía. “Los protocolos vigentes hablaban de desarmar a ambos y ahí teníamos un gran problema: al retener el arma de la policía, se impide la realización de los adicionales, que representan -aproximadamente- el 40% de su sueldo”, añaden. Cabrera Fasolis cuenta a El Destape que en muchas provincias se ha trabajado y han cambiado los protocolos, por lo que espera por nuevos análisis y un impacto en las estadísticas futuras.

Más allá de esto, la intención de liberar la tenencia de armas por parte de Nación pone en alerta a las diferentes organizaciones; ya que podría incrementarse el factor de riesgo ante la falta de control. “El que quiera andar armado, que ande armado”, avaló la actual ministra Bullrich, cuando ocupaba el mismo cargo en noviembre del 2018. Apoyo total al accionar de las fuerzas, falta de políticas de género y capacitación para “transformar las prácticas y acciones machistas/violentas” de los agentes y liberación de la tenencia de armas: un combo que, sin dudas, podría resultar fatal (o mortal).

“Nos alerta sobre qué hace la Justicia y las fuerzas como instituciones si efectivos son denunciados y qué medidas se toman respecto de las armas reglamentarias”, señaló Oszust a este medio. En el último informe (2022) realizado por la Oficina de la Mujer, dependiente del Poder Judicial, se registraron 252 femicidios y al menos 18 sujetos activos (7,14%) pertenecían a fuerzas de seguridad -ocho a policía provincial, cinco a fuerzas federales, dos a Fuerzas Armadas y tres a seguridad privada-. En todos los casos, según indican: había conocimiento previo, algunos convivían al momento del hecho, en 10 de 18 vínculos existían antecedentes de violencia, 23% fueron con armas de fuego y tres de cuatro víctimas contaban con medidas de protección vigentes. En el 11% de los casos, se desconoce si pertenecía o no a alguna fuerza; por lo que la cifra podría ser aún más alta. Mientras que en 2021, casi el 10% de los femicidas eran de la fuerza y en el 25% de los casos se llevó a cabo con arma de fuego (6%, arma reglamentaria).

Entre los casos más destacados, el informe recuerda a: Micaela Corvalán (asesinada por su expareja en Santiago del Estero, Wálter Román Gutiérrez -policía provincial- en febrero del 2023); Betiana Calvo (su expareja la asesinó en abril del 2023, en Chaco, a pesar de tener varias denuncias y una orden de restricción que no llegó a ser otorgada); Sofía Vicente (en marzo del 2024, por Pablo Martín Olalde -expolicía de la Bonaerense- en Olavarría) y Jésica Galeano (asesinada por su pareja Horacio Balbuena, perteneciente a la Gendarmería Nacional, este año en Misiones con su arma reglamentaria), entre otras.

“Las fuerzas de seguridad y la Justicia no han realizado un efectivo control y aplicación de tales medidas. Si bien no podemos hacer una relación lineal entre el hecho de que los femicidas sean personal de seguridad o militares y el control ejercido o no sobre las medidas de protección en su contra, esto sí nos habla de la poca perspectiva de género y derechos humanos que aún tienen las fuerzas que ponen más su energía y conocimiento en violentar y vulnerar los derechos de las mujeres que en formarse realmente al servicio de la comunidad. Quizás como un efecto colateral de su estructura y prácticas patriarcales, sus prácticas parecieran, en realidad, proteger a los femicidas”, sentencia el informe.

En el marco de un reclamo por la reforma judicial feminista, muy lejos de ser llevada a cabo, MuMaLá señala que el 15% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. De ese universo que contaba con -al menos- una denuncia realizada: el 46% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 6% además botón antipánico; ninguna contaba con dispositivo dual o pulsera.

Sobre el cierre, las referentes de ambos observatorios feministas se refirieron a los repetidos ataques del Gobierno y del propio presidente Milei contra el movimiento, a quien eligió como uno de los principales enemigos de su gestión. “Las más altas esferas del Gobierno tienen un ataque directo hacia las mujeres, las lesbianas, las travestis y trans. Tienen un discurso de odio claro; es muy fuerte, lo hemos visto con el triple lesbicidio de Barracas; hay un negacionismo y estos discursos legitiman el paso a la acción, posterior a ellos vienen los ataques de odio”, subrayó Cabrera Fasolis y añadió que la crisis económica -aumento de desocupación y del costo de vida, de las tarifas y servicios- desalienta a romper los vínculos y relaciones violentas porque funciona como agravante. 

“No quieren debatir ni construir, sino destruir lo que ganamos. Nada está saldado: ni la IVE, el divorcio ni el matrimonio igualitario. Pero el Estado argentino tiene que cumplir con leyes vigentes, nacionales e internacionales; tienen el deber y la obligación de protegernos. Este Gobierno se la pasa diciendo que ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’. Hay que reclamarles que cumplan con la ley y que actúen en consecuencia”, concluyó Oszust.