El caso de Úrsula Bahillo impactó fuertemente en la sociedad y generó un repudio general en diferentes puntos, no solo de Rojas sino también del resto del país. La joven de 19 años lo denunció en reiteradas ocasiones, por última vez a fines de la semana pasada y su madre, Patricia Nasutti, hizo lo propio el día anterior a su asesinato. El 9 de enero se emitió la perimetral pero Matías Martínez, policía de la bonaerense, la infringió muchísimas veces antes del desenlace fatal.
Entre el 1° y el 7 de febrero hubo cuatro denuncias ya que el acusado la interceptó en las calles del distrito. El juez de Paz, Luciano Callegari, las desestimó luego de disponer "medidas de protección en la urgencia, perímetro de exclusión y cese de hostigamiento por 6 meses" tal como consta en los informes. Finalmente, el lunes 8 de febrero se ordenó que se le otorgue un botón antipánico a través de un mail que nadie abrió.
"El juzgado mandó un mail al municipio ordenando que se entregue un botón a Úrsula pero nadie abrió ese mail. Eso es doloroso, ¿por qué no se llamó por teléfono en vez de mandar un mail? Reconstruimos desde el área todo lo que hizo la víctima el viernes, sábado, domingo y lunes... Lo que surge es que pidió auxilio todo el tiempo", indicó Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. Ese mismo día, a las 20.30 hs, Úrsula fue brutalmente asesinada.
El martes pasado, la madre de la víctima contó que le iban a dar el botón a su hija pero esto no ocurrió "porque los tenían tres personas que no los habían entregado" y desde la Comisaría de la Mujer le dijeron que "no los podían rastrear". Esto dependía del Ejecutivo Municipal pero Claudio Rossi, intendente de Rojas, culpó al juez por enviar un mail y no actuar con mayor rapidez ante la emergencia de la situación. “El juez le pide a Seguridad que se entregue y es esa área la que debe entregarlos. Se pueden dar rápido, pero la configuración no es sencilla puede tardar hasta 4 horas para que funcione”, agregó.
Por su parte, el juez Luciano Callegari, también buscó defenderse ante las acusaciones y despegarse de cualquier culpabilidad. "Recibí tres denuncias por hechos de violencia que sufrió Úrsula y ordené que le entregaran un botón antipánico. Como juez de Paz, no puedo disponer de ninguna detención", explicó. Además, en diálogo con La Nación, aclaró que trabajan de lunes a viernes y por eso su denuncia del viernes por la noche, tuvo respuesta recién el lunes, siendo Callegari el único juez de Paz en el lugar.
Frente a la denuncia dejó en claro que ordenó ampliar la restricción perimetral por 90 días, dispuso rondas periódicas de vigilancia policial para Úrsula y su familia, derivó el caso a Ayudantía Fiscal (por el delito de desobediencia de Martínez) y buscó que se comunique la situación al área de Mujer, Género y Diversidad del Municipio. Nadie analizó con seriedad el riesgo que corría la víctima ni se evaluó la situación de la denunciante para emitir una orden judicial y así, entregar el botón. Cuando se decidió actuar, era tarde.
¿Qué es y cómo funciona el botón antipánico?
Se trata de un dispositivo electrónico del tamaño de un teléfono celular que, como explicamos anteriormente, está conectado a una Central de Monitoreo que envía alertas a la policía. Cuando el botón se acciona, se activa un sistema de georreferenciación que ubica a la víctima. Se envían las fuerzas de seguridad y además, se activa una comunicación que graba lo que está ocurriendo hasta que llegue el móvil.
Hay casos donde el botón antipánico es una aplicación que se instala directamente en el celular y conecta a la víctima con una persona ligada a sus redes sociales (familiares) y también a la policía. Brinda la ubicación y se conecta directamente con un centro federal de información; también genera una grabación que sirve como prueba judicial y que puede ser determinante para detener al acusado en cuestión.
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