Lucas Bustos está libre. El único detenido por el femicidio de Cecilia Basaldúa (34), turista secuestrada y asesinada en Capilla del Monte durante el mes de abril de 2020 tras estar desaparecida por dos semanas, quedó libre hoy por pedido de su defensora Claudia Brandt y el decidido apoyo de las querellas de la familia Basaldúa, representada por la abogada Daniela Pavón; y de la Secretaría de DDHH de la Nación a cargo del abogado Gerardo Battistón. A través de videoconferencia, el fiscal de Cámara, Sergio Cuello, se opuso a la medida de los jueces Cámara del Crimen de Villa Dolores, Carlos Escudero, Raúl Castro y Santiago Camogli Roque.
El juicio se realiza en Cruz del Eje, pero actúan los camaristas y el fiscal de Villa Dolores, debido a la enemistad manifiesta de los jueces de la Cámara del Crimen local con el socio de Claudia Brandt, la abogada que defiende al ahora liberado imputado Lucas Bustos.
El muchacho, un lugareño sin instrucción, fue detenido el 28 de abril de 2020, tres días después de que fuera hallado el cadáver de Cecilia Basaldúa en un basural ubicado a 30 cuadras de la casa del sospechoso. La fiscal de Instrucción Paula Kelm ordenó su detención luego de que policías de Capilla del Monte sometieran a Lucas y su hermano Santiago a apremios para que confesaran el crimen.
Bustos fue señalado como “un perejil”, nunca confesó haber asesinado, ni conocer a la víctima, salvo saber de ella por las noticias sobre su desaparición. En la Comisaría de capilla del Monte, los dos hermanos Bustos fueron apretados y amenazados por, al menos, cuatro policías, entre ellos una mujer policía, quienes entre otras cosas les dijeron: “Si no confesás vas a terminar preso como tu hermano”, en referencia a José, el mayor de los varones Bustos detenido y condenado, también en una causa armada.
Fueron los propios agentes de la Comisaría de Capilla del Monte, al mando del comisario Diego Bracamonte, quienes le informaron a la fiscal Kelm que Lucas Bustos había confesado que había asesinado a Cecilia Basaldúa cuando quiso besarla, que ella se resistió, le pegó y él le pegó más fuerte. Y en base a esos testimonios, Paula Kelm a cargo de la Fiscalía de Cosquín, imputó al muchacho por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa”.
La defensa de Bustos y la querella de la familia Basaldúa y de la Secretaría de DDHH de la Nación ya habían expresado su disconformidad por la investigación realizada por la fiscal de Cosquín y la acusación contra el joven campesino.
En el inicio del juicio, el pasado lunes 2 de mayo, y a lo largo de todo el proceso el fiscal de Cámara, Sergio Cuello avaló y sostuvo la acusación sin pruebas de su colega instructora Kelm. Según el informe forense, Cecilia Basaldúa presenta una desarticulación de mandíbula y murió por asfixia provocada por estrangulamiento.
Pista nunca investigada
La última vez que Cecilia Basaldúa se comunicó con sus familiares fue el 4 de abril de 2020. Al día siguiente no contestó más mensajes. El último que la vio con vida es Mario Mainardi (47), un rosarino afincado en Capilla del Monte sin actividad conocida. El hombre dijo que a Cecilia le dio un brote psicótico y la echó de su casa. Y que avisó de la desaparición a los familiares de Cecilia, recién el miércoles 8 de abril. El cadáver de Cecilia apareció el 25 de abril -tres semanas después- “de manera fortuita, inesperada, en un lugar diametralmente opuesto al que fue vista por última vez, en la zona de los Tres Puentes en la localidad de Capilla del Monte y en proximidades del Hotel Principado”, cuando fue encontrada por LGC, un adolescente que estaba buscando “un animal por encomienda de su padrastro Walter Augusto Luna”.
Mainardi nunca fue investigado por los policías ni por la fiscal Kelm, pese a que una mujer policía declaró dos veces, en la Instrucción y en el juicio que antes de que apareciera el cadáver de Cecilia el hombre le había dicho: “Ahora falta que me acusen a mí de haberle pegado una piña en la cara y desmayarla”. Precisamente, la autopsia reveló que Cecilia sufrió la desarticulación de su mandíbula, un golpe que, según explicó en el juicio el titular del Instituto de Medicina Forense de la Provincia de Córdoba, el prestigioso médico David Dib es más contundente que la fractura de mandíbula y puede dejar sin conocimiento a quién lo recibe. Cuando Mainardi le dijo esa frase a la mujer policía que buscaba rastros en su casa, el cadáver aún no había aparecido.
El pasado 19 de mayo, en medio del juicio, mientras los policías se contradecían y armaban testimonios para sostener la acusación sin pruebas contra Bustos, a la abogada querellante Daniela Pavón le llegó una información que dio vuelta la causa: los dueños de una vivienda, vecinos de Capilla del Monte que tenían una casa de campo ubicada a unos 600 metros del basural donde apareció el cadáver de Cecilia Basaldúa denunciaron que cuando pudieron ingresar al lugar en plena pandemia, el 15 de mayo de 2020 -hace dos años- se encontraron con una escena de terror: la tranquera de ingreso estaba rota y la puerta de la casa destrozada. Al ingresar, en una cama había manchas de sangre, mucha sangre, un velador roto, también con sangre, como si hubiera sido utilizado para golpear a alguien. También hallaron una barreta con sangre. Y en un galpón donde hay autos, había atascado, un caballo, estaba vivo, pero muy flaco, como que no hubiera comido en algunas semanas.
La familia denunció en la comisaría de Capilla del Monte, la misma donde torturaron a Bustos, lo sucedido, incluso, pusieron énfasis en que se investigara “porque hace 20 días encontraron una chica asesinada a 600 metros de casa”. La fiscal Paula Kelm, nunca investigó esa pista denunciada hace dos años.
Tras recibir la nueva prueba el 19 de mayo pasado, los jueces del Tribunal, Carlos Escudero, Raúl Castro y Santiago Camogli Roque, ordenaron peritar los elementos encontrados y denunciados por la familia dueña de casa a la vez que dictaron un cuarto intermedio hasta hoy, donde Nidia Modesti, jefa de Genética Forense del Gobierno de la Provincia de Córdoba, informó que no pudo hallar rastros genéticos identificables.
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No es la primera vez que Modesti no encuentra material genético en casos resonantes: hace 15 años, mientras el bioquímico policial Daniel Zabala había determinado que el ADN hallado en la escena del crimen y el cuerpo de Nora Dalmasso pertenecía al viudo Marcelo Macarrón, Modesti no encontró rastros identificables. Ahora, en las pruebas halladas en esa casa ubicada a sólo 600 metros donde fue encontrada Cecilia Basaldúa, Modesti tampoco pudo determinar ninguna identidad genética.
En la audiencia de hoy, donde estuvieron presentes los jueces y los querellantes Pavón y Battistón y el fiscal Cuello se conectó en forma virtual; la abogada de la familia Basaldúa solicitó una ampliación de análisis genéticos y otras pruebas científicas para poder relacionar o descartar el lugar y las circunstancias con el femicidio de Cecilia. La perito Florentina Bustos que actúa a favor de la familia Basaldúa fue la encargada de detallar una batería de análisis de campo que debían realizarse en esa vivienda y que no se realizaron y que imposibilita llegar a conclusiones categóricas.
“La denuncia de esa familia nunca fue vinculada al femicidio de Cecilia por parte de la fiscal Paula Kelm a pesar de que los denunciantes habían realizado esa exposición en razón de que se había encontrado un cuerpo a escasos metros del lugar. Hoy al encontrarnos con resultados insuficientes solicitamos una ampliación ofrecida por nuestra perito de control y en razón de esto, como el juicio no es una etapa de instrucción, la defensa de Lucas Bustos solicitó el cese de la prisión preventiva, fundamentándose en esta situación de demora, en que Lucas hace más de dos años que está privado de su libertad, además de todas las irregularidades que venimos denunciando desde un principio”, le dijo la abogada querellante Daniela Pavón a El Destape.
La abogada de la familia Basaldúa agregó que “el único resultado que puede haber en este juicio es la absolución de Lucas Bustos y la remisión de la causa a otra fiscalía de Córdoba, seria y comprometida que comience a investigar las líneas aportadas por la familia”.
Mientras que Gerardo Battistón, representante de la Secretaría de DDHH de la Nación fue más allá y acusó a la fiscal Paula Kelm de ocultamiento de pruebas por no haber investigado nunca lo ocurrido en esta vivienda, pese a que sus dueños lo relacionaron con “el crimen de una chica que apareció hace 20 días”: “La detención de Lucas Bustos fue irregular. Está preso e imputado porque un grupo de policías declaró que Lucas Bustos reconoció el hecho cuando lo estaban interrogando en la comisaría como testigo. Y Lucas Bustos nunca reconoció ni declaró nada ni como testigo ni como imputado. La fiscal Kelm tomó por ciertos los dichos de los policías y no hizo lugar a la denuncia de Bustos por apremios, incluso a los propios policías acusados, los llamó como testigos en la causa de apremios. Esta es una causa plagada de irregularidades y hoy quedó de manifiesto con la decisión del Tribunal de conceder el cese de prisión al único imputado y detenido”.
Battistón forma parte del Programa Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y es un activo militante de la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba).
La defensora del detenido Bustos, Claudia Brandt, que durante el juicio casi no tomó la palabra para salvar a su cliente de una condena segura, aprovechó la avanzada de la querella y solicitó “el cese de la prisión preventiva” de su cliente ya que “no hay riesgo procesal, no va a entorpecer la investigación y no hay riesgo de fuga”. Tras un breve cuarto intermedio de una hora, los jueces otorgaron la inmediata libertad a Bustos, quién se encontraba alojado en la cárcel de Cruz del Eje, donde pasó 772 días preso sin ninguna prueba en su contra. Un claro caso de justicia clasista.
Las audiencias retomarán el próximo viernes 1 de julio y se espera que cuando se dicte sentencia, antes de la feria judicial de invierno, Lucas Bustos sea absuelto y se asigne el caso a una nueva fiscalía de instrucción.
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