Además de las implicancias para la soberanía alimentaria y un mayor control sobre el mercado de divisas, la decisión de Alberto Fernández de intervenir el gigante agroexportador Vicentin tendrá un impacto sobre la paz social santafesina, ya que garantizará ingresos para 30 mil familias locales que estaban en vilo. Se calcula que la empresa tiene 7 mil fuentes de trabajo directas y 21 mil indirectas, entre aceiteros, algodoneros, trabajadores rurales, del vino y de la carne, a lo que habría que sumarle los productores que están en concurso de acreedores.
Es que, según información aportada por la comisión de seguimiento del caso Vicentin de la Cámara de Diputados provincial, una parte importante de los casi 2.368 mil proveedores comerciales a los que se les adeuda son familias o cooperativas de productores. "Hay que resguardar ese esquema de productores y acopiadores, que necesitan y deben cobrar, una red muy importante de intereses concretos y genuinos de los santafesinos", dijo Omar Perotti luego del anuncio, al que mostró su apoyo.
Por ello, según el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), integrante de la comisión, la medida tomada por el gobierno nacional "evita una segunda Forestal en la historia política y económica de Santa Fe". La referencia es a la compañía inglesa asentada entre el norte santafesino y el sur chaqueño que se dedicaba a la explotación del quebracho y llegó a tener 20 mil obreros, que quedaron en la calle cuando en la década del 60' liquidó sus propiedades para irse a Sudáfrica. La empresa, que había montado un Estado paralelo con fuerzas de seguridad privadas que reprimían protestas y hasta su propia moneda, dejó un tendal de decenas de pueblos fantasmas y cientos de miles de hectáreas desérticas al salir del país.
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"El proceso de acreedores iba a terminar con suerte en julio de 2021, y en el camino se iba a llevar puestas a muchísimas familias del interior profundo que habían entregado su soja a cambio de un dinero que nunca llegó, por lo que algunas ya estaban en proceso de cierre. Que eso se dé en las cooperativas de los más de 300 pueblos que tenemos en Santa Fe iba a tener un impacto muy grande, era un drama social", analizó Del Frade consultado por El Destape.
A partir de ahora, el legislador y periodista prometió trabajar para que se garantice la transparencia. "No queremos más al Estado bobo ni en el Estado cómplice, pero tampoco deseamos trabajadores angustiados y pequeños productores asfixiados, porque esa es la lógica que se ha dado en los últimos 50 años en la historia de Santa Fe", dijo sobre el control público-privado de la firma con sede en la localidad de Avellaneda, que también tiene enormes plantas en San Lorenzo y Ricardone.
Alivio
La certeza de la continuidad laboral y el salario dada por el presidente despeja ese manto de dudas sobre los empleados, que venían cobrando a los tumbos desde noviembre del 2019 y sentían que estaban "a la deriva". "Esto trae un alivio muy grande a los trabajadores. Era una angustia muy grande para la gente de la región", calificó Pablo Reguera, secretario general del gremio de Aceiteros de San Lorenzo, que nuclea a a la mitad de los 2 mil que operan en esa terminal.
El gremialista peronista pintó una semblanza de la angustia que generaba en la zona la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.
Tras casi 5 meses sin trabajar, con los sueldos recortados y las tarjetas al rojo, "los compañeros habían perdido el crédito, no podían comprar un artículo del hogar en cuotas con recibo de sueldo porque les decían que no sabían que iba a pasar con Vicentin. Esto les devuelve esa garantía", remarcó.
Hace días, el sindicato estuvo en el Ministerio de Trabajo peleando contra representantes de la agroexportadora para que abonen el salario de mayo . "Venía muy mal, pidieron pagar el 100% no renumerativo en dos veces y cursaron una nota para hacer lo mismo durante 24 meses. Estábamos muy preocupados por la deuda, y por la falta de mantenimiento de la empresa", alertó Reguera.
Sobre este punto, explicó que este tipo de mega instalaciones, por la que pasan 5 millones de toneladas de semillas por año, sin una tarea de refacción y conservación adecuada, "en 4 o 5 años se convierte en chatarra". Respecto del millonario crédito que tomó Vicentin, detalló que "en la región solo invirtieron 20 millones de dólares en una planta envasadora de aceite, pero después no hizo nada más. A nosotros también nos gustaría saber qué pasó", se preguntó el aceitero.
"Vamos a acompañar. Es una empresa que está bien instalada, con un poder de molienda de 16 mil toneladas diarias a la que entran 700 camiones con semillas por día. Compite con cualquiera de la región. Con la mano de obra calificada de trabajadores que llevan más de 30 años ahí adentro, los fierros que tiene y una buena gestión, el éxito tiene que estar garantizado", consideró.
Cautela
Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros y Desmotadores, también saludó la decisión. "Cuando uno saca un crédito hipotecario en el banco para comprar una casa y no lo paga, le embargan la propiedad. Esto es lo que les pasa a todos los trabajadores del país, y a las empresas también debería sucederles. Ojalá que sea una oportunidad para mejorar. Algunos dicen que el Estado es ineficiente manejando empresas, pero Vicentin también lo fue", advirtió.
Según el sindicato, que tiene incidencia en la planta de Avellaneda, en los últimos seis meses hubo entre 40 y 60 retiros voluntarios en una pequeña localidad de 23 mil habitantes, conurbanada con la hermana ciudad de Reconquista que tiene 73 mil. "Últimamente no sabíamos qué iba a pasar. Había muchas dudas porque esta no es una pyme y hay muchos intereses. Pero la historia está llena de títulos rimbonbantes y después no cambia nada. Vamos a ver qué pasa", refirió con cautela el dirigente de izquierda.
El anuncio trajo calma a una región que empezaba a alborotarse. El destino legislativo del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional marcará el destino de 30 mil familias que, en un contexto económico agravado por la pandemia, dependen de ese ingreso para mantenerse a flote.
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