Durante las últimas semanas miles de estudiantes de más de una veintena de colegios porteños llevaron adelante una serie de medidas de lucha en reclamo de condiciones básicas que el Gobierno de la Ciudad desatiende hace años. Algunos de los reclamos son la entrega de viandas suficientes y con buena calidad nutricional; mejores condiciones edilicias y de seguridad; y la apertura de un espacio de discusión horizontal y democrático sobre las condiciones en las que se desarrollan las pasantías laborales obligatorias y no remuneradas dispuestas por el ministerio de Educación encabezado por Soledad Acuña.
Las tomas se decidieron en asambleas estudiantiles abiertas con espacios de votación y son la culminación de varias instancias previas de reclamo que fueron escalando a la par del ninguneo y la persecución del gobierno de Larreta. En algunos Centros de Estudiantes como el Colegio Fernando Fader, lxs pibxs armaron un centro operativo y se organizaron en comisiones de trabajo para poner en marcha diferentes restauraciones: arreglaron bancos y sillas que estaban completamente en malas condiciones, pintaron y revocaron cinco aulas, restauraron los marcos y encastres de las ventanas, e hicieron tareas de carpintería de la puertas que no cerraban. “Todo esto lo hicimos en cuatro días de trabajo muy intensos con la convicción de que ese es nuestro camino para defender a la educación. Venimos generando un programa para ir a otros colegios y trabajar con otros centros de estudiantes”, explicó Amadeo.
Criminalización de la protesta e infantilización de los reclamos
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Para mitigar la reacción estudiantil, Larreta y Acuña acudieron a la persecución y a mecanismos de infantilización de lxs estudiantes, restándole importancia a su deseo y experiencia cotidiana. En articulación con los medios de comunicación corporativos, representaron las acciones de lucha como gestos anárquicos, delictivos y violentos, y a lxs estudiantes como un grupo minoritario de “criminales” que desafían a las autoridades y los límites bajo órdenes e influencias del kirchnerismo y otras organizaciones sociales. “Por qué la toma de escuelas es ilegal”, titulaba un artículo de Infobae; "Padres K con hijos K, suena hipócrita que chicos de clase media se quejen por un sandwich", llegó a decir Jorge Lanata.
La jugada apuntó directamente a tapar la palabra y el reclamo de lxs pibxs con la indignación que generaban las tomas, en una clara maniobra disuasiva: ¿a quién le va a importar escuchar el reclamo de alguien cuya voz no es legítima? Ni lentos ni perezosos desde el gobierno salieron a hacer una encuesta telefónica en la que se preguntaba por la legitimidad del reclamo, si era correcto que el Gobierno de la Ciudad enjuicie a los padres de los alumnos, y para cerrar: “Cree que los alumnos que toman escuelas deberían ser expulsados”.
El mecanismo complementario, como acostumbra a hacer Juntos por el cambio, fue la judicialización: Acuña inició acciones penales contra padres y madres del Mariano Acosta y otras escuelas que incluyeron la participación de la Policía de la Ciudad y la visita de patrulleros a los domicilios particulares, y presentó una demanda civil, a través de la Procuración General, con el objetivo de transferir el costo de los sueldos docentes y no docentes a las familias de lxs alumnos. Si bien en término legales las denuncias son inviables, funcionan como mecanismos punitivos de disciplinamiento individual y colectivo. A nadie puede sorprender teniendo en cuenta que existe desde 2018 un “protocolo anti tomas” para aplicar en las escuelas porteñas.
Larreta y Acuña de tontos no tienen un pelo, y saben que, en parte, la gran disputa por el sentido y por el futuro es la disputa por la hegemonía de la juventud. El objetivo es claro: desalentar las medidas de fuerza, desorganizar a la comunidad educativa, despolitizar las escuelas y espacios de socialización, y alejar a las nuevas generaciones de cualquier intento de construcción colectiva. El avance de sus políticas dependerá de cómo logren incorporarse los sujetos al mercado laboral, a la vida pública y a los espacios de participación, y de cómo los jóvenes se asuman frente a la realidad social. Los proyectos neoliberales necesitan mano de obra barata y calles libres de resistencia.
Escuelas y construcción de subjetividad política
En su libro “Volver a pensarnos” el psicoanalista Santiago Levín dice que la subjetividad social se construye a partir de una inmensa “máquina” formada por distintos componentes, todos productores de valores sociales: la educación, la publicidad, las leyes y las normas, la política misma, los medios de comunicación, los sondeos de opinión, las redes sociales, el deporte. “La subjetividad social es eso que pensamos antes de pensar, es lo que nos marca el piso y el techo de lo que queremos desear ser”, explica. Levin además advierte que en la actualidad uno de esos valores que ha empezado a tener más fuerza es el discurso de la meritocracia.
Frente a dicho panorama la dimensión del pensar con otrxs, del debatir de forma colectiva, del realizar una asamblea, del tomar acciones independientes y votar una medida como una toma, aparece como un acto de resistencia frente a un orden injusto. Las tomas en los colegios funcionan como microuniversos políticos colectivos en pleno ejercicio del derecho. Lxs jóvenes exigen que se lxs deje ser y se lxs reconozca, teniendo en cuenta además que se trata de una etapa vital caracterizada por la búsqueda de autonomía.
Tanto la escuela como la universidad son espacios privilegiados donde se asientan los cimientos de la socialización política, que requiere de la disposición a participar, con el objetivo de transformar las estructuras. En esos pasillos y aulas, interacciones, vínculos, clases y enseñanzas, formales e informales, es que lxs pibxs aprenden a ser en sociedad, a asumir roles, a actuar por la búsqueda del bien común y no solamente del bienestar individual. Las vivencias y espacios que colorean la socialización constituyen la base fundamental para que en el futuro una persona se sienta o no parte de la política.
Hechos como las tomas de lxs estudiantxs en las escuelas, la conformación de centros y la articulación que existe a través de organizaciones como la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), la Unión de Centro de Estudiantes Secundarios (UnCES) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCE), están estrechamente relacionados con la constitución de sujetos políticos con capacidades para sostener el ejercicio de su ciudadanía y la reivindicación de derechos. La configuración de una subjetividad política en lugares como las escuelas establece la posibilidad de construcción de sujetos con capacidad de agencia y autonomía.
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