El despojo de cuatro niños de su madre es materia de críticas en Entre Ríos, desde que se conoció que los hijos de una mujer primero condenada y luego absuelta habían sido dados en adopción en el medio de las dos determinaciones, sin su consentimiento y sin un fallo firme. La víctima de esta decisión judicial es Yanina Lescano, cuya pena por la presunta coautoría del homicidio de una hijastra la tuvo tras las rejas por más de cuatro años, hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ), máximo órgano judicial de la provincia, decidió que era inocente y debía ser liberada. En ese lapso, no sólo fue apartada de sus cuatro niños, sino que además los menores fueron entregados a otras familias, cortando el lazo con su madre, pese a que su imputación podía variar o, incluso, desestimarse.
Esta triste historia comienza con una tragedia que tuvo lugar el 7 de febrero de 2019, cuando Nahiara Cristo, de 3 años, falleció en el Hospital Materno Infantil "San Roque" de Paraná. La pequeña evidenciaba golpes, quemaduras y otros destratos, que la llevaron lentamente a perder la vida. "Tengo más de 3.500 autopsias realizadas. Nunca vi un cuerpo tan maltratado. Estaba tan desnutrida que si uno le ponía una linterna encendida en la espalda, la luz la traspasaba", declaró posteriormente en la Justicia el forense que practicó la autopsia. Casi 30 lesiones en el 70% de su cuerpo complementaron el informe del experto, dando cuenta de lo que fue, prácticamente, una tortura durante meses.
Automáticamente por el hecho quedaron arrestados Lescano y Miguel Cristo, padre de la nena. En medio del dolor, el mismo día y apenas horas después del trágico suceso, Yanina dio a luz a una pequeña niña. La vida y la muerte se conjugaron en paralelo, mientras la investigación por el fallecimiento de la pequeña avanzaba en medio de una creciente presión social.
Cinco días después de la muerte de Nahiara y de ser mamá, Lescano declaró ante la Justicia. Contó cómo había comenzado su relación con el padre de la nena, que se habían ido a vivir juntos a mediados de 2018 y que en agosto había ingresado al hogar la niña, que gozaba por entonces de buena salud. De allí, en más, detalló la forma en la que empezó a ser maltratada por su pareja. Estaba encerrada, incomunicada y sometida, con un embarazo en progreso y sin medios para escapar de la situación. Relató el triste minuto a minuto de la muerte de la niña, desde las convulsiones hasta la negativa del padre a abrirle la puerta a la Policía, que alertada por Lescano se había acercado mientras una ambulancia se dirigía hacia su casa. "Él no quería ir", resaltó. En el Hospital, cuando le comunicaron la muerte de su propia hija, en dichos de la enfermera que tuvo que contarlo, el hombre ni se inmutó.
La defensa de Lescano pasó, desde un primer momento, por poner de relieve justamente la condición de víctima de violencia de género de Lescano, que no tenía medios siquiera para salir de su hogar. No obstante, y luego de sucesivas instancias, fue sentenciada a 16 de años de prisión efectiva, hallada culpable de "homicidio calificado por el vínculo". El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná también condenó a Cristo, a cadena perpetua. Él fue a la Unidad Penal N° 1, ella a la Unidad Penal N° 6, ambas en Paraná.
"Nunca se escuchó lo que nosotros planteamos desde un primer momento, que fue que Yanina era igual de víctima que esos nenes. Ella estaba inmersa en una relación donde no tenía control de nada, donde era violentada y sufría lo que Cristo hacía en esa casa", explicó a El Destape, Patricio Cozzi, abogado de Lescano. El letrado dijo además que "el Estado falló", porque asumió que Lescano era culpable incluso antes de que hubiera una sentencia: "Se dio por entendido que ella había sido coautora del hecho, se actuó sin perspectiva de género y no se contempló jamás su propio padecimiento adentro del hogar".
Una apelación interpuesta en Casación con saldo negativo recayó posteriormente en el Superior Tribunal de Justicia, mediante una impugnación extraordinaria. La Sala Penal del máximo órgano judicial falló el 30 de marzo de este año, más de cuatro años después del suceso inicial. Para sorpresa de muchos, los magistrados revocaron las sentencias anteriores y ordenaron la inmediata liberación de Lescano. En los fundamentos del fallo se expresó que, en el marco del proceso, se violaron los derechos de defensa de la mujer. También se sostuvo que no fue juzgada con adecuada perspectiva de género ante elementos indicadores de violencia padecida toda su vida.
Entre los considerando de los jueces, se destacó lo expresado por el vocal Miguel Ángel Giorgio: "Se evidencia que la tesis propuesta por la Fiscalía resultó desacertada y que las posturas asumidas en las instancias inferiores construyeron todo su andamiaje en una imputación a todas luces defectuosa y violatoria del derecho de defensa, con las graves consecuencias sancionatorias a las que luego se arriban". A su vez, el magistrado expresó que se le impuso el rol de garante a Lescano frente a la víctima: "El único garante posible y exclusivo en este caso es el padre de la menor. Lescano no es garante si aquél ocupa ese lugar; no pueden coexistir ambas posiciones, pues no hay equivalencia entre ellas y no hay reemplazo ni sustitución de uno por otro porque el vínculo paterno filial no se extinguió".
Por su parte la vocal Claudia Mizawak expresó su adhesión a Giorgio. Y agregó: "No habiéndose demostrado la tesis acusatoria -que Yanina Lescano entre el mes agosto de 2018 y el 7 de febrero de 2019, no realizó comportamiento alguno tendiente a evitar el deceso de la niña Nahiara Luján Cristo, teniendo la posibilidad y el deber institucional de hacerlo en virtud de la posición de garante-, la única síntesis posible es la sentencia absolutoria".
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Cuando Yanina salió de la cárcel, comenzó dos luchas. La primera, por limpiar su imagen, naturalmente muy dañada por todo lo sucedido. Y otra más profunda, que tiene que ver con la posibilidad de restablecer el contacto con sus cuatro hijos.
Fernanda Vázquez Pinasco, abogada feminista, tomó a su cargo el caso por la adopción de los nenes. “Para nosotros hubo una injerencia arbitraria del Estado, que consideró que era culpable sin sentencia firme”, declaró en diálogo con El Destape. Y agregó: “Fue entonces cuando, sin un fallo, decretó el estado de adoptabilidad, haciendo un recorte de lo que la ley dicta sobre materia de responsabilidad parental. La norma dice que esa responsabilidad se pierde cuando hay una sentencia mayor a tres años, que acá la hubo pero no estuvo firme. Y de hecho, luego, llegó la absolución”.
La letrada aseguró que “nunca se tuvieron en cuenta a los referentes afectivos”, es decir, al primer círculo familiar, que es el que se busca cuando un niño queda sin sus padres. Y finalizó: “Esto es una situación terrible. Yanina, a su hija más chica, ni siquiera la conoce”.
La explicación de la Justicia
En contacto con El Destape, el defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, aseguró que la situación procesal penal de Lescano y la determinación de que sus hijos fueran dados en adopción no estuvieron relacionadas: "Si fuera así, todas las mujeres que están en la Unidad Penal de Mujeres tendrían a sus hijos ya adoptados. Y no es así, de hecho el criterio es siempre mantener el vínculo, que las visiten o promover salidas familiares para que puedan estar juntos".
El funcionario judicial explicó el procedimiento a través del cual se tomó la decisión de que los niños fueran entregados: "Cuando el Estado intervino, se hizo una evaluación a través del Copnaf -Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia- y se elevó al Juzgado de Familia, que comenzó a trabajar en los mecanismos para que esos nenes se mantuvieran dentro de su entorno familiar. Existen plazos que se agotaron y, al ver que no había nadie que pudiera tenerlos, se dio entonces curso a la adoptabilidad".
Benítez admitió que Lescano se opuso a que los niños fueran dados en adopción, pero aseguró que los informes y pericias de los equipos interdisciplinarios mostraron que no había un entorno seguro para ellos: "Naturalmente que la madre es consultada y, como en casi todos los casos, se opone. Pero acá lo que primó fue la integridad de los niños. Y por eso mismo se determinó que fueran dados en adopción".
Para cerrar, el defensor General no descartó que, dadas las condiciones, Lescano pueda restablecer el vínculo con los niños.