El ajuste del gobierno de Javier Milei pone en jaque el funcionamiento del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) en numerosas provincias, donde la ausencia de prestaciones y las deudas que acumula la obra social en clínicas impactan directo en la atención de la salud de los jubilados.
Un preocupante caso de la desidia es el de la cordobesa Laura Beatriz Gandarella. La mujer de 61 años enfrenta las consecuencias de un linfoma no Hodgkin, un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo, por lo que tuvo que ser nuevamente internada y requiere un tratamiento urgente. En mayo, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba ordenó a PAMI que “proceda a brindar cobertura íntegra” de la medicación que espera desde enero, pero todavía no se la entregaron.
La jubilada se encuentra en el Hospital Córdoba, el centro de salud público provincial en el que le detectaron el cáncer en agosto de 2021. Laura llevaba una vida normal junto a sus cinco hijos y siete nietos, pero el diagnóstico sorpresivo deterioró su cuerpo en muy poco tiempo. Meses después de recibir la triste noticia, comenzó una serie de doce sesiones de quimioterapia y, a fines de mayo, un estudio le indicó que estaba libre de células cancerígenas. Eso le permitió volver a trabajar en el comercio polirubro que su hija tiene en el pueblo de Tanti.
Un año después, en mayo de 2023, la mujer se jubiló y PAMI pasó a ser su cobertura de salud. Si bien parecía que había una mejora en su salud, en noviembre del año pasado el cáncer se reactivó y los médicos le indicaron no repetir la quimioterapia intravenosa debido a su enfermedad cardíaca de base.
El tratamiento de quimioterapia oral debía comenzar en diciembre y consistía de cuatro tomas diarias de las cápsulas de Zanubrutinib 80 mg. Inmediatamente, su familia elevó los pedidos correspondientes para que la obra social activara la provisión del medicamento. En un comienzo, obtuvieron respuestas evasivas y contradictorias y, luego, le negaron la cobertura de la medicina.
A través de su abogada, elevaron una acción de amparo y PAMI tampoco respondió a la necesidad del envío del fármaco específico para el tratamiento. De esta manera, decidieron presentar una cautelar ante la Justicia Federal. En febrero de este año, Marcos Patiño Brizuela fue elegido como nuevo director de la Unidad de Gestión Local III-PAMI Córdoba, en reemplazo de Olga Riutort.
La salud de Laura empezó a empeorar y en abril pasado tuvo que ser hospitalizada: estuvo nueve días internada en el Hospital Córdoba “con paliativos para desinflamar sus órganos”, reveló su hija Constanza a Perfil Córdoba. Además, contó que, mientras las autoridades le niegan su medicación, la paciente "está a los gritos de dolor".
Vaciamiento del PAMI y denuncia de la familia de la jubilada
El pasado 7 de mayo, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba resolvió que “corresponde proveer a la medida cautelar solicitada”, ya que “surge en forma clara la existencia del vínculo entre la Obra Social y la amparista previo a la interposición de la acción, conforme se acredita mediante copia de carnet de afiliación vigente”.
En el mismo documento, la Justicia Federal advierte “que ya han transcurrido más de cuatro meses desde que sus médicos han indicado el tratamiento farmacológico y que, conforme lo indica la profesional tratante en certificado de fecha 15/12/2023, ‘se solicita medicación fuera de vademécum electrónico por sus importantes antecedentes cardiovasculares y su enfermedad de base, actualmente en recaída’”.
Por tal motivo, ordenó a PAMI “la urgencia de comenzar con la medicación indicada, a los fines de evitar que el tiempo que irrogue el proceso pueda generar un daño irreparable. En consecuencia, ordenase a la demandada que en el término de 48 horas proceda a brindar cobertura integra del 100% de la medicación".
La situación es inadmisible: el vaciamiento del PAMI que establece el Presidente y el nulo accionar de Martín Llaryora profundizan la crisis que sufre uno de los sectores más vulnerables. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los precios de los medicamentos más utilizados por los jubilados aumentaron un 166% desde que el libertario ganó las elecciones en noviembre pasado, más de 20 puntos por sobre la inflación, que contrasta con la caída de las jubilaciones reales en el mismo período.
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