Un total de 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la inversión y recortar los presupuestos de Educación durante el período entre 2004 y 2021. La Ciudad de Buenos Aires (-8,8 puntos porcentuales) y Mendoza (-7,3 pp) fueron las dos que más redujeron el financiamiento educativo como porcentaje del gasto total. Por su parte, es importante destacar que las provincias de Salta (+,81) y Neuquén (+6,6) son las que más aumentaron el presupuesto destinado a dicha cartera.
Así lo indicó un nuevo informe de Argentinos por la Educación, titulado "Financiamiento educativo provincial', con autoría de Javier Curcio (UBA/IIEP), Martín Nistal y Víctor Volman. "El documento analiza cómo evolucionó el gasto educativo en las provincias, en qué gastaron y qué esfuerzo presupuestario hicieron entre 2004 y 2021", explicaron. Y remarcaron que "todas las cifras se presentan actualizadas a valores constantes en marzo del 2023". Además, se tiene en cuenta que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo.
Por su parte, en relación al 2021, el estudio sostuvo que la mayor proporción destinada al presupuesto de Educación se observó en la provincia de Buenos Aires (30,8%) y Salta (28,8%). Mientras que, en ese mismo período, las que menos presupuesto asignaron del total fueron -nuevamente- CABA (16,7%) y Santa Cruz (17,6%). También destacaron que todas las jurisdicciones "dedican más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de salarios", alcanzando sus niveles más altos en Chubut (91%) y Neuquén (86%) y los más bajos en San Luis (66%), Formosa y CABA (69%).
Desde el Ministerio de Educación porteño señalaron a El Destape que el informe es controversial porque "utilizan el VAB (Valor Agregado Bruto Provincial) como principal indicador para evaluar el esfuerzo jurisdiccional destinado al gasto educativo, se cuentan los fondos coparticipables como parte de ese esfuerzo supuestamente 'jurisdiccional' cuando no lo es" y como consecuencia, "paradójicamente, las provincias que más 'esfuerzo' educativo hacen son en realidad dos (Formosa y Catamarca) de las tres (suman a La Rioja) que más recursos coparticipables reciben". Sobre esto último, señalaron: "En el caso de Formosa, el 92,3% de su presupuesto total proviene de transferencias nacionales, mientras que solo el 7,1% son recursos propios. El presupuesto de Catamarca, por su parte, se compone en un 89,7% de transferencias nacionales y solo el 10,3% de recursos propios". Mientras tanto, CABA es "la que menos recursos coparticipables recibe, cuyo presupuesto se compone en un 84,7% de recursos propios y solo un 15,3% de transferencias nacionales".
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"La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional. Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio", afirmó Javier Curcio, coautor del informe.
Entre 2004 y 2021, la provincia que más aumentó el gasto por alumno del sector estatal en el nivel inicial y primario fue Salta (174,7%) mientras que la que menos lo hizo fue Santa Cruz (-33,5%). Por su parte, en el nivel secundario, la que más aumentó fue La Pampa (309,7%) y el que más lo redujo fue Chubut (-4,0%). "Cada vez que se habla de inversión educativa se suele mirar al Estado nacional, pero se soslaya que la responsabilidad es de las provincias. Las caídas en distintas provincias obligan a pensar sobre el rol que tiene la educación en estas, más allá del color político de cada una. Por último, las oscilaciones (y retrocesos) muestran la dificultad de programar y sostener acciones educativas en contextos tan inestable", analizó Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo.
A su vez, en el informe publicado por el observatorio, señalaron "problemas comunes" en las diferentes jurisdicciones como "la excesiva participación del componente salarial en los presupuestos educativos", señaló Juan Doberti, docente e investigador de la UBA. "En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país", marcó.
Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación, señaló: "El análisis del objeto del gasto resulta significativo dado que la mayor erogación, por lejos, es el salario docente, seguido en la mayoría de las provincias por las transferencias al sector privado (subsidios a las escuelas de gestión privada)". Y añadió: "Es muy notoria la baja proporción de gasto destinada a la inversión en infraestructura (bienes de capital). Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento".
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