Hoy se cumple un nuevo aniversario de hito crucial que marcó la historia argentina, el comienzo del juicio a las Juntas. En él, se pronunció la primera condena al terrorismo de Estado tras años de dictadura cívico-militar. El veredicto del juicio a las Juntas Militares resonó en la conciencia nacional y sentó un precedente en la lucha por la justicia y los derechos humanos.
La gesta hacia la justicia comenzó con la asunción de Raúl Alfonsín a la Presidencia de la Nación en 1983. Dos días después de su juramentación, el decreto 158 dio inicio al proceso judicial que desentrañaría los horrores del régimen militar. Este proceso fue respaldado por la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que sentó las bases para la recolección de testimonios y pruebas.
El juicio
Inició el 22 de abril de 1985, se extendió hasta agosto del mismo año y abarcó unas 530 horas de audiencias. Bajo la mirada de la sociedad y los ojos de la historia, 839 testigos dieron su testimonio en lo que se denominó "causa 13". El tribunal, integrado por jueces destacados como León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Valerga Aráoz, tuvo la tarea de llevar adelante este proceso.
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La voz de la justicia finalmente se pronunció cuando la Cámara Federal dictó sentencia por 709 casos. Cinco de los nueve integrantes de las juntas militares fueron condenados por sus roles en el plan sistemático de exterminio.
Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión, Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. No obstante, Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.
Las controversias
A pesar de las absoluciones, la lectura de la sentencia por León Arslanián, transmitida por Cadena Nacional, marcó un hito en la lucha por la memoria y la justicia. Poco después de aquel veredicto histórico, la lucha por la justicia enfrentó nuevos obstáculos. Las presiones y alzamientos carapintadas, así como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, amenazaron con socavar los avances logrados en el juicio a las Juntas. Incluso los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem pusieron en peligro el proceso de justicia.
Sin embargo, la perseverancia de los organismos de derechos humanos y el impulso del gobierno de Néstor Kirchner allanaron el camino para un proceso de memoria, verdad y justicia más sólido. La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003, seguida de su confirmación como inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005, fueron pasos cruciales hacia la consolidación de un Estado basado en la justicia y los derechos humanos.
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