El titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó este martes la detención del ex jefe de personal de Molinos Río de la Plata, Jorge Parodi, por responsabilidad empresarial en el secuestro de 23 trabajadores de la planta Avellaneda de esa firma durante la última dictadura cívico militar. Se lo acusa de haber entregado listas de obreros que luego fueron secuestrados.
Según pudo saber El Destape, Kreplak indagaba por la tarde a quien se desempeñó como jefe de personal de la empresa entre 1976 y 1978 y luego fue ascendido a director de la empresa. "En 2019, querellas y fiscalía pedimos la indagatoria de varios jefes y directivos de la planta Avellaneda. Distintos testimonios indican que aportaron información a las fuerzas represivas que facilitó el secuestro de los trabajadores en operativos dentro y fuera de la fábrica", indicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su cuenta de Twitter.
En octubre de 2019, el juez había hecho una inspección ocular en la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata. Junto a Kreplak, en aquella ocasión estuvieron el fiscal general Hernán Schapiro y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad, además de ex trabajadores de la fábrica y representantes del CELS e H.I.J.O.S. El objetivo de aquella visita fue, según la Unidad Fiscal, "identificar con claridad los sectores que mencionan los trabajadores en reiteradas ocasiones".
La causa "Molinos" empezó en junio de 2013, tras la denuncia de hijos e hijas de tres trabajadores de la fábrica desaparecidos. Un año después, en 2014, el juez Federal platense Humberto Blanco el allanamiento de las sedes de Molinos de Avellaneda y Victoria y, en 2015, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y por el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira siguieron con la acusación.
"Se puede decir que con el golpe de estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar". expresaron los representantes del Ministerio Público Fiscal cuando impulsaron la investigación. Y agregaron: "No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente".
Se trata de la primera indagatoria por delitos de lesa humanidad a un civil del Grupo Bunge & Born. "El 7 de julio de 1976 militares ingresaron a la planta de Avellaneda y pasaron sección por sección secuestrando trabajadores. Sus nombres estaban en una lista con membrete de Molinos Río de la Plata. Eran delegades y activistas que pedían mejoras laborales", recordó el CELS en sus redes.
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