En una nueva conmemoración del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, las organizaciones LGBTTIQ+ siguen reclamando que se incluya en la cifra de detenidxs desaparecidxs a las 400 personas de la comunidad que fueron torturadas, secuestradas y asesinadas durante la última dictadura cívico militar, el período más infame de la historia Argentina. Un debate necesario sobre la importancia del valor simbólico de reconocer la cifra 30.400 y deconstruir la mirada desde la que fue escrita el Nunca Más.
Por qué son 30.400
En 1987, el respetado activista de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Carlos Jáuregui publicó el libro La homosexualidad en Argentina, el primer registro histórico que se tiene del número 30.400. “Nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen. El fallecido rabino Marshal Meyer, miembro integrante de la CONADEP (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas), creada durante el gobierno radical, expresó en 1985 a quien esto firma, que la Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas denunciadas como desaparecidas, a cuatrocientos homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos”, amplió Jáuregui en declaraciones para la revista Nx, en 1996.
Cristian Prieto es periodista, escritor y fue miembro de la Comisión Provincial de la Memoria hasta el 2020, organismo en el que investigó los crímenes y la violencia de los servicios de inteligencia de la policía bonaerense: “Hasta que no se nos nombre ni se nos diga qué pasó con nuestra comunidad en la última dictadura cívico-militar, no existimos. El Estado tiene un relato en torno a lo que sucedió y en estos últimos 45 años se implementaron un montón de políticas de Derechos Humanos, pero en relación a nuestra comunidad no existe la inclusión a ese relato. Esto es doloroso ya que, quienes venimos investigando sobre la cuestión, tenemos indicios de lo que pasó con nuestra comunidad. Es una invisibilización injusta y no hay mucha predisposición para la escucha desde el Estado y algunos de los organismos de Derechos Humanos. Tenemos voces, tenemos fuentes, tenemos material de documentación", precisó en diálogo con El Destape.
Sobre las razones de esta exclusión de los documentos oficiales difundidos por los organismos de Derechos Humanos, Prieto indicó: "Creo que una de las causas fundamentales tiene que ver con la mirada cisheterosexual que tenemos de la historia y el presente. Las maricas, las travestis y las lesbianas también fueron perseguidas. Esta mirada cisheterosexual se repite en instituciones: la educativa, las fuerzas de seguridad, hasta la propia manera en la que se construyeron los organismos de Derechos Humanos”.
MÁS INFO
Para la socióloga e investigadora Dora Barrancos resulta imprescindible afianzar el valor simbólico de la cifra 30.400 y reconoce que pese a la visibilización de la persecución atroz que sufrieron las personas LGBTTIQ+, desde el sistema ha habido también una negligencia: "El hecho de que estas luchas colectivas de las disidencias se hayan originado en momentos muy recientes, permitiría que expliquemos esa actitud negligente. Es fundamental lo que está haciendo la gran diversidad de las organizaciones LGBTTIQ+ por volver a reconstruir la memoria de las personas desaparecidas que corresponden a su identidad".
El caso de Valeria del Mar Ramírez
En el 2020 Valeria del Mar Ramírez se convirtió en la primera mujer trans que se presentó como querellante en un juicio de lesa humanidad contra el genocida Miguel Etchecolatz, por haber estado cautiva durante la última dictadura militar en el centro clandestino Pozo de Banfield, donde fue violada y maltratada. “A los 20 años salía a trabajar, a prostituirme. Eso fue a fines del ’76 y principios del ’77. Ya había estado detenida dos veces antes de los horrores que viví en el Pozo", contó Valeria, en una charla con El Destape.
Un día de 1977, mientras trabajaba con Romina, una compañera, las secuestró un Falcon. Durante los 14 días en los que estuvo cautiva, Valeria del Mar Ramírez fue violada por los policías de ese centro de tortura. "Después de lo que pasó yo no volví más a Camino de Cintura y en una de las visitas a las chicas de ahí me enteré que Romina murió de adicciones. (...) Para mí, como militante y dirigente, las travestis y trans todavía no estamos en democracia. Hay mucha violencia institucional. Desde el ’99 vivo en Constitución y la policía no ha parado de tratarnos mal".
Actualmente, Valeria milita en AMMAR, organización desde la que empezó a organizar a las trabajadoras sexuales para que conozcan sus derechos en la profesión y como ciudadanas, y no percibe ningún tipo de jubilación ni pensión. "Desde que estoy en AMMAR empezamos a organizar a las chicas y formar un sindicato, darles profilácticos e informarlas", afirmó, con muchísimo orgullo.
Valeria, como muchxs otrxs, no es lx únicx. Decir Nunca Más es también pedir Memoria, Verdad y Justicia por las personas LGBT+ torturadas y desaparecidas.
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