No hace mucho el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hizo referencia a las exigencias que intenta imponer el FMI a nuestro país en relación a la renegociación de la deuda con una reflexión: "¿Ustedes creen que se puede pagar en 10 años el préstamo del FMI?", "con lo que quiere el fondo, no me quiero imaginar cómo vamos a hacer compatible el crecimiento y desarrollo que necesita la Argentina para dar respuesta a la gente".
Sin dudas esta interpelación, que nos hace el diputado nacional, adquiere relevancia en el marco de un fuerte endeudamiento y una crisis económica, preexistente al actual gobierno y profundizada a nivel mundial por la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19.
En este sentido, según advierten numerosos reportes, esta crisis económica internacional, producto de la pandemia puede aumentar la tasa de mortalidad no asociada a infección por COVID-19 en la post pandemia y que en contextos de crisis económicas, las exigencias impuestas por el organismo internacional a los países deudores produce un fuerte impacto negativo en todos los indicadores sanitarios y de calidad de vida, principalmente en la tasa de mortalidad general, mortalidad infantil y esperanza de vida.
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El artículo publicado por la revista Nature Medicine en abril del 2020, bajo el título “Si el mundo no protege la economía, COVID-19 dañará la salud no solo ahora sino también en el futuro”, realizado por Martin McKee, profesor de salud pública europea en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y David Stuckler investigador y profesor, economista político de la Universidad de Oxford, profesor adjunto de medicina y epidemiólogo en la Universidad de Stanford, señala que “Crisis anteriores han demostrado cómo una crisis económica tiene consecuencias nefastas para la salud pública. Pero en la pandemia de COVID-19, el mundo está entrando en territorio inexplorado. Los líderes mundiales deben prepararse para preservar la salud”.
Durante las sucesivas crisis económicas, en los ciclos de recesión y retracción de la economía que han atravesado los países del mundo se han constatado a través de diversos estudios científicos, que tras una disminución inicial de la tasa de mortalidad general los países han experimentado un aumento de la mortalidad y morbilidad y un descenso significativo de la esperanza de vida al nacer.
Vladimir Shkolnikov y colaboradores en su artículo "Cambios en la esperanza de vida en Rusia a mediados de la década de 1990” publicado en la revista científica The Lancet, describen un aumento de la mortalidad general y una marcada disminución de la esperanza de vida en los países de Europa del Este tras la crisis política, económica y social de la era postsoviética (1989-1999). La primera debido principalmente a causas externas (suicidios, homicidios, violencia) y por enfermedades cardiovasculares. La esperanza de vida al nacer por su parte, en hombres rusos, entre 1990 y 1994, cayó de 64 a 58 años.
El artículo de McKee y Duckler ahonda en revisiones de trabajos científicos que demuestran que las imposiciones del FMI ligadas a la implementación de medidas de austeridad, recorte del gasto público, privatizaciones y liberalización de las regulaciones al comercio y al mercado, en los países de Europa del Este, Grecia, Sudeste Asiático y América Latina estuvieron asociadas al empeoramiento de todos los indicadores sanitarios, especialmente a las tasas de mortalidad relacionadas al consumo de alcohol, drogas y suicidios.
Los mismos autores definen estas muertes productos de las medidas de austeridad y ajustes del gasto público para enfrentar la crisis económica como “muertes por desesperación” y advierten que tuvo también un correlato político en donde, aquellas poblaciones más afectadas por estas medidas direccionaron su voto hacia ofertas electorales extremas que profundizaron aún más las políticas de restricción y austeridad, autogenerándose males mayores. (Muertes por desesperación y votos por el Brexit: análisis estadístico entre autoridades locales en Inglaterra y Gales. Stuckler, D., Basu, S., Suhrcke, M., Coutts, A. y McKee, M. Lancet 374 , 315–323 (2009)
Sin embargo, se considera que la relación entre crisis económica e indicadores sanitarios está condicionada por los niveles de protección social y políticas de estímulo a la economía, como quedó demostrado en uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Stuckler y McKee, publicado en The Lancet, bajo el titulo “El impacto en la salud pública de las crisis económicas y respuestas políticas alternativas en Europa: un análisis empírico”, en donde estudiaron la mortalidad en los países de la Unión Europea entre 1970 y 2007, comparándola con la tasa de desempleo, allí exploraron el posible efecto amortiguador que tuvo la inversión en políticas activas de protección social en el impacto de la crisis económica sobre la tasa de suicidio.
Pudieron observar como en Finlandia, entre 1990 y 1993, el desempleo subió del 3,2% al 16,6%, pero la tasa de suicidio tendía a desacelerarse al igual que ocurría en Suecia entre 1991 y 1992, cuando la tasa de desempleo se incrementó de 2,1% a 7,7% y, a pesar de ello, cayeron las tasas de suicido. Los países escandinavos habían desatendido las recomendaciones de los organismos de crédito internacional, FMI y Banco Mundial, y habían desarrollado políticas sociales, con inversiones superiores a los 140€ per capita, lo que permitió que un aumento del 3% o más en el desempleo no afectara negativamente las tasas de suicidio
En el mismo informe los investigadores hacen referencia no solamente a estos efectos positivos de la inversión social en el marco de la crisis económica sino al efecto devastador de las restricciones y recortes al gasto público sobre los indicadores sanitarios. Tomando los relevamientos hechos en 18 países de la Unión Europea en el año 2000 constataron que por cada 80 € recortados por persona en ayudas a desempleados, familias, infancia, discapacitados, jubilados y políticas sociales en general, la mortalidad general se incrementó casi un 1%, mientras que la mortalidad ligada a problemas con el alcohol y las drogas puede subir un 2,8%, las muertes por tuberculosis un 4,3% y la mortalidad cardiovascular un 1,2%.
En el mismo sentido las intervenciones y directrices del FMI y el Banco Mundial durante las crisis en los países del Sudeste Asiático tuvo como correlato la degradación de los indicadores sanitarios y la calidad de vida en los países de la región a excepción de Malasia que mantuvo la inversión social. . ( Hopkins Sandra. Economic stability and health status: evidence from east Asia before and after the 1990s economic crisis. Health Policy 2006;75(3):347-57)
Más allá del efecto favorable de la vacunación masiva en la contención de la progresión y letalidad de la pandemia COVID-19, todo indica que el contexto actual de pandemia y crisis económica se mantendrá, con diferentes grados de intensidad, durante los años venideros y que el impacto social recaerá fundamentalmente sobre las poblaciones más desfavorecidas. Es menester entonces elaborar respuestas en este marco garantizando la protección de los más vulnerables, sosteniendo la inversión pública, el apoyo a los sectores de la producción y el trabajo y continuar con el fortalecimiento del sistema sanitario que deberá enfrentar la post pandemia con su carga de atención de aquellas patologías crónicas o preexistentes que han sido demoradas por la crisis sanitaria pandémica y aun las profundizadas en ese contexto tales como las de impacto psicológico y emocional sobre la salud mental.
La evidencia disponible indica que la mitigación y aún el control del daño está directamente relacionado al sostenimiento del gasto público que no puede verse afectado por compromisos de deuda que ponen en riesgo la protección social necesaria y empujan a los países a un espiral de crisis, desempleo, pobreza y enfermedad que condiciona aún más las posibilidades de cumplir con esos compromisos. Tal como lo expresara el expresidente Nestor Kirchner: “Los muertos no pagan”.
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