Persecución y discriminación en el Estado: despidieron a Say Sacayán, referente travesti-trans

“Es mi trabajo, con lo que me mantengo, vivo, como y existo”, dijo ante El Destape Say Sacayán. No parece sorprendido, pero sí indignado. Supo hace cuatro días que fue despedido de su lugar de trabajo en el Boletín Oficial, que depende de Presidencia de la Nación. No le dieron explicaciones ni una notificación oficial, sino que le avisaron sus coordinadores. Dos días más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la actuación estelar del juez Manuel García-Mansilla -designado vía un cuestionado decreto presidencial- rechazó la figura de travesticidio para Diana Sacayán, su hermana e histórica defensora de derechos humanos y de personas travestis y trans.

“No es casual ni es simbólico, es un ataque directo porque nos quieren quebrar”, denunció el activista trans-masculino, coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).

Say Sacayán trabaja hace tres años y medio en el Centro de Digitalización Documental de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de Andrea del Valle Carnevale. En esa área, hay más de 40 personas que se encargan de la digitalización de documentos y de hacer las publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial. Say fue la única persona desafectada de su puesto de trabajo, el 1° de este mes, sin notificación ni justificación alguna.

“Últimamente hay mucho trabajo, nos quedamos hasta las ocho de la noche en días de semana y hasta trabajamos sábado y domingo”, contó a este portal y dijo que hasta el martes, nunca había tenido alguna advertencia sobre su desempeño; aunque, aparentemente, lo que Carnevale habría alegado fue su “baja productividad”.

“Somos el Estado, no somos una empresa. No existe eso”, dijo y explicó que, en caso de que hubiera sido así, deberían haberle avisado “al menos dos veces” en su correo oficial que precisaba alcanzar ciertos objetivos. Pero nada de eso ocurrió por lo que desde ese mismo momento reclama su reincorporación junto con la representación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Capital).

Es que Say, no sólo es “hermano de”, también es autor de la normativa que le permitió ingresar a su lugar de trabajo, la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, de 2021, que lleva el nombre de su hermana Diana y establece que el 1% de los puestos de trabajo en el Sector Público Nacional debe estar ocupado por personas de la comunidad travesti-trans-no binarie. Es activista y un histórico referente también de las luchas desde los feminismos y los feminismos por los derechos humanos de sus compañerxs.

El Destape consultó a fuentes del Gobierno nacional ultraderechista sobre este despido, pero no hubo respuesta ni explicación alguna.

Discriminación y persecución en el Estado, una constante

La secretaria de Géneros de ATE-Capital, Clarissa Spattaro, contó ante este medio que mantuvieron reuniones con altos funcionarios desde el primer momento, “pero nadie se hace cargo sobre quién fue que tomó la decisión política” de desafectar a Sacayán, lo que consideró un acto “discriminatorio” y “persecutorio”.

A entender del sindicato, “hay un doble factor que juega: la discriminación que están sufriendo todxs lxs trabajadorxs del Estado -ante el plan de desguace del Ejecutivo nacional- y que no se hacen cargo de la ley vigente y encima persiguen y despiden compañerxs”, apuntó y aseguró que continuarán con las negociaciones políticas para exigir la reincorporación de Sacayán y en caso de no tener respuestas, seguirán por las acciones legales.

“No deben desconocer quién es Say, así que también es parte de este plan cruel de persecución que lleva adelante este Gobierno, como hicieron con el fotógrafo (Kaloian Santos Cabrera) que hizo la secuencia de fotos que permitieron identificar al gendarme que le disparó a Pablo Grillo”, dijo.

La comunidad travesti-trans como chivo expiatorio: “Nos quieren desaparecer”

La arremetida del Gobierno nacional contra el colectivo LGBTI+ y, específicamente, contra la comunidad travesti-trans, hace tiempo cruzó los límites de lo simbólico para volverse material. Empezó con el desguace de las políticas de género a nivel nacional hasta hacer desaparecer toda la institucionalidad construida en esa materia, a lo largo de 40 años de democracia -que incluyeron la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el INADI-. A ello se sumó, la modificación vía decreto presidencial -algo que sólo se puede hacer vía Congreso Nacional- de las leyes de Identidad de Género y de la Ley de Ejecución Penal para quitar derechos a infancias y personas en situación de encierro y continúa a diario con los discursos de odio que pronuncia el presidente, Javier Milei.

Ese contexto, a entender de Say, es parte de la estructura que aporta herramientas para que la sociedad reaccione con odio: “Creo que tiene que ver con que hay un Gobierno que está manifestando que somos enfermos y pedófilos, y creo que la gente que responde a ellos también lo va pensando y va expulsándonos de los espacios, incluso sin siquiera hacer ruido, porque en mi caso no es que yo me revelaba o hablaba de mis ideas políticas. Siempre me mantuve cuidadoso por lo que te digo, es lo que me da de comer y lo que me sostiene”.

Sacayán insiste en que este despido “no es casual” y para ello, ata cabos: el Día de la Visibilidad Travesti-Trans, el lunes 31 de marzo; su despido el martes y el fallo firmado por el cuestionado García-Mansilla, el jueves. “Es un ataque directo porque nos quieren quebrar, nos quieren desaparecer y nos quieren ver muertos. No es simbólico, sino que es explicito, porque podrían haber elegido otro caso, eligen este para ir borrando y corriéndonos de esos lugares que tienen que ver con los derechos que fuimos ganando a lo largo de todos estos años”, consideró.

Según un pedido de acceso a la información pública que realizó El Destape en diciembre de 2024, es la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia la encargada del monitoreo y cumplimiento de la Ley de Cupo Travesti-Trans. Un área que, al momento, “se encuentra en proceso de revisión y relevamiento de las actividades realizadas por los agentes”, dijeron, por lo que no pudieron dar datos actualizados. Sólo aportaron que, al 31 de agosto de 2023, se habían registrado 955 personas trans empleadas. De ese total, 130 fueron despedidos para junio de 2024, según contabilizó la organización Zaguán Transindical.

Sobre el fallo de la Corte: “Es cerrarle la puerta de acceso a la Justicia al colectivo, vamos a pedir la nulidad”

El juez García-Mansilla llegó a la Corte Suprema vía decreto presidencial, una modalidad que académicxs, juristas y políticxs sostienen es de cuestionable legitimidad. Su lugar comenzó a ser aún más cuestionado este jueves, cuando el Senado de la Nación rechazó la idea de designarlo por las vías oficiales en ese lugar con un amplio rechazo: fueron 51 votos en contra y sólo 20 a su favor.

Ahora bien, mientras esa discusión en la Cámara alta se llevaba adelante, el reconocido académico antiderechos aprovechó para firmar 50 fallos, entre ellos, uno que rechazó la figura de travesticidio en el caso de Diana Sacayán -brutalmente asesinada a puñaladas el 11 de octubre de 2015-, dando marcha atrás con una sentencia histórica y “desconociendo la existencia de la violencia hacia las personas trans”, apuntó Luli Sánchez, abogada de Say Sacayán.

Por eso, Sánchez acompañará a Sacayán en el reclamo ante la máxima autoridad judicial para exigir la nulidad del fallo firmado por García-Mansilla. “Es un juez que fue nombrado de manera ilegal, que tiene una medida cautelar que le prohíbe decidir y que su forma de nombramiento no garantiza que sea independiente”, apuntó Sánchez a este medio sobre los argumentos que darán para hacer ver que se trata de una situación excepcional ante una Corte que tiene como decisión política no rever sus propias sentencias, a menos que, justamente, sea un caso excepcional.

La abogada señaló que esta sentencia deja el mensaje de que “no es un tema prioritario” el derecho de las personas trans, pero sobre todo hizo énfasis en la legitimidad de este juez, más allá de su posición conservadora y antiaborto. “Él puede ser antiderechos, lo que no puede es ser puesto a dedo por el Poder Ejecutivo, para ejecutar la agenda que ellos quieren, no es un juez independiente. Y un tribunal conformado por un juez que no es independiente, no es independiente. Fue puesto a dedo, eso está prohibido, es la base de nuestro sistema republicano. Say Sacayán no tuvo acceso a una Corte independiente del Poder Ejecutivo”, marco, pero no sólo eso.

Sánchez advirtió que este fallo, “es volver a cerrarle la puerta del acceso a la justicia al colectivo travesti trans. No los vamos a dejar, que se olviden, no los vamos a dejar”.