Al cumplirse 48 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio y tras levantar nuevamente el secreto de sumario en la causa, la Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo pidió una serie de nuevas pruebas en la causa que marcan un eventual cambio de rumbo de la investigación y un giro en la carátula y también en la cadena de imputaciones. Ahora, esa línea parece estar orientada hacia la organización criminal y la trata de personas, para lo cual empieza a trabajarse en una posible línea económica.
En una publicación de varias carillas, la magistrada de Goya pidió varias medidas alrededor del patrimonio y los probables cambios en ellos durante los últimos meses. Parte de este pedido, señalan algunas fuentes, también se debe a un informe que recibió la jueza y que tanto en texto como en audios habla de la posibilidad de que Carlos Pérez y Victoria Caillava tengan alguna propiedad que no fue peritada y dinero escondido que aún no fue hallado.
Con esos datos, Pozzer Penzo ordenó relevar el secreto patrimonial y contar con un amplio informe sobre Mariano, Cesar, Alfredo, Cristian y José, hermanos de Loan; María y José, papás del pequeño; Laudelina y Antonio, tíos del menor, detenidos e imputados; Macarena y Camila, primas de Loan que participaron del almuerzo; Diego Peña, primo de Loan; Catalina, abuela del nene; Daniel Ramírez y Mónica Millapi, detenidos e imputados por la desaparición; Carlos Pérez y Victoria Caillava, detenidos e imputados por la desaparición; el excomisario Walter Maciel; Francisco Méndez, conocido como el informante del ex comisario y Jorge Berton, hijo de Victoria Caillava.
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De todas las personas citadas, la jueza pidió conocer distintos puntos de informes. En primer lugar pidió un relevamiento bancario a nivel nacional y, por la urgencia del caso, una información inicial de los bancos y sucursales correntinas. Además, pidió que ese informe se amplíe sobre todo tipo de billeteras virtuales y la factible existencia de tarjetas vinculadas a distintas aplicaciones. Además, solicitó a la unidad de cibercrimen que investiguen la existencia de billeteras crypto. Con estos datos, busca saber si alguna de las personas realizó o recibió algún tipo de pago y si en todo caso hubo “desviación de dinero”. Además, la Justicia pidió conocer la posible existencia de envío o recepción de dinero a través de correos como Western Union.
En el mismo sentido, el fuero federal requirió informes a la AFIP para conocer si alguno de todos los nombrados figura como contribuyente o como empleado en relación de dependencia. En ese caso pidió que le envíen todos los informes, declaraciones juradas y sus antecedentes como contribuyentes. En ese sentido, también quiere conocer si hubo algún movimiento de aduana o, en todo caso, movimientos de migraciones. Esos movimientos tienen que ver con la posibilidad de salidas y entradas al país de alguno de los imputados o sus familiares.
En otro punto del pedido, Pozzer Penzo demandó informes a la dirección de la Propiedad Inmueble y de la Propiedad Automotor para conocer si los nombrados tienen “autos, motos, cédulas asociadas” y si hubo en el último tiempo algún tipo de transferencia de vehículos. En cuanto a las propiedades, la Justicia indaga con el objetivo de determinar la tenencia y compra de los investigados como así también la existencia de propiedades rurales y eventuales compras y ventas recientes, ya que “posiblemente sean producto o provecho del delito”.
Fuentes judiciales aseguran que la magistrada busca determinar los movimientos económicos de los imputados y su círculo personal para ver si es asequible encontrar una ruta de dinero que avale la hipótesis de la querella y oriente la investigación hacia la existencia de un caso de trata de personas y que el pequeño Loan haya sido vendido con dichos fines. De allí, se buscará conocer un posible destino y, también, el fin de la red que podrían incluir delitos sexuales, adopción ilegal y trabajo esclavo.
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