Fernando Burlando, abogado de la mamá de Loan Peña, niño desaparecido hace más de 40 días en la provincia de Corrientes, adelantó a El Destape que pedirá el juicio político a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a la fiscalía de Goya, a cargo de Mariano De Guzmán, por la falla con una prueba clave de la causa que tiene como protagonista a José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña y quien estuvo detrás de la falsa versión del accidente denunciado por la tía del niño. Horas antes, volvió a cargar contra las autoridades al asegurar que perdieron evidencia en el marco de una "situación de negligencia o encubrimiento".
"Sé, por información que tengo, que Codazzi cambió los teléfonos. A esta altura, realmente, es casi una payasada lo que hicieron. Esto motiva, obviamente, el juicio político para los responsables: la jueza, el fiscal... Se lo vamos a pedir a la brevedad", advirtió en diálogo con este medio, mostrando sus molestias con las autoridades a cargo de la investigación. En las últimas horas, la magistrada del juzgado federal de Goya ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares pertenecientes al abogado apuntado, medida que Burlando había solicitado en reiteradas ocasiones a lo largo de las últimas tres semanas.
La disposición de la jueza Pozzer Penzo se dio tras un pedido directo de los fiscales del caso, Mariano De Guzmán, Alejandro Mangano y Marcelo Colombo. No se trató de un allanamiento, sino de un procedimiento simple: el secuestro se realizó en la vía pública cuando el letrado salió de su domicilio en la localidad de Esquina. Fuentes policiales detallaron que se trata de un teléfono marca iPhone y otro marca Samsung; ambos serán trasladados recién durante la mañana al juzgado para ser peritados.
"No quieren ingresar al terreno del poder, no quieren indagar al senador Pellegrini ni poner contra las redes de la Justicia a Codazzi. La jueza y el fiscal nos tienen con secreto de sumario, no nos dejan ni siquiera ver el expediente. Tengo entendido que se ha perdido prueba, hay una situación de negligencia o de encubrimiento. Es llamativo que, con menos elementos, a Méndez se lo haya metido preso y a Codazzi no. No me cabe otra que pensar que esa situación de obediencia y de obsecuencia hacia el poder político está hasta incluso en el fuero federal de Corrientes", lanzó horas atrás en diálogo con los medios.
El nombre de Fernández Codazzi tomó fuerza y protagonismo en las últimas semanas tras la denuncia realizada por Laudelina Peña, tía del niño. El 28 de junio pasado fue el propio letrado quien acompañó a la mujer hasta una fiscalía provincial para que declare que Loan había sido atropellado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos e imputados por el delito de "sustracción y ocultamiento". Poco después, se conoció que Laudelina fue amenazada y sobornada con 50 mil pesos, una casa y una moto. "Vino el abogado y nos dijo que (Patricia) Bullrich venía por nosotras dos, fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono, que eran mentiras", marcó su hija Macarena.
De esta manera se instaló la falsa versión del accidente, rápidamente descartada pero que demoró -aún más- las diligencias en una causa que tiene más dudas que certezas. Y principalmente, que desconoce cómo, cuándo y con quién desapareció Loan. Pocos indicios, ninguna prueba.
¿Es posible un juicio político?
Si bien la denuncia de Burlando, hasta el momento, no es un hecho consumado; es importante remarcar que el pedido de un juicio político ante la Magistratura no es un proceso simple ni veloz. En el caso de que el famoso letrado denuncie a la jueza Pozzer Penzo, la investigación quedará únicamente en manos del Consejo de la Magistratura y el denunciante -en este caso Burlando- no tendrá ninguna injerencia a lo largo del proceso ya que se trata de una jueza federal.
Al iniciarse el proceso, la denuncia es abordada por los consejeros y se tramita en la Comisión de Acusación, una de las cinco que componen al organismo y que debe definir a través de una votación si la acusación en cuestión sigue su curso o no. Si esto no ocurre, como sucede generalmente, denuncia se cae por completo. Sin embargo, si desde la Magistratura quieren darle impulso, se vota su aprobación en la comisión mencionada y luego va a Plenario, donde se lleva adelante la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. Allí, se formula la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento y se puede ordenar -o no- la suspensión y remoción del juez/a acusado/a.
Según indica el reglamento, un procedimiento de remoción "no puede extenderse por un plazo mayor de tres años, contados a partir del momento que se presente la denuncia contra el magistrado"; mientras que para la suspensión se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros presentes al momento de la votación. Más allá de esto, para la destitución de un juez o una jueza federal -algo poco común-, la denuncia debe ser por una clara falta manifiesta de la jueza.
Según pudo corroborar El Destape, en diálogo con fuentes oficiales, la jueza Pozzer Penzo ya posee dos procesos iniciados en el Consejo de la Magistratura. La primera denuncia por maltrato fue presentada por trabajadores pertenecientes a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) del Juzgado de Goya. Tras solicitar una "sanción ejemplar", sostienen la magistrada generó un "nocivo ambiente laboral" al realizar un "control excesivo" sobre los empleados, "humillándolos y descalificando su trabajo" y siendo acusada de "acoso laboral, maltrato psicológico y manipulación". Mientras que aseguran que, en cinco años a cargo, renunciaron tres trabajadores y otros tres cuentan con licencias por "largo tratamiento psicológico".
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En este contexto, la magistrada apuntó contra un secretario y un ordenanza del mismo juzgado por "graves e ilegales acciones" que ambos desplegaron en el ejercicio de su funciones, según un comunicado publicado en los medios de comunicación. En concreto, Pozzer Penzo denunció 12 hechos acontecidos en octubre del año pasado y febrero del corriente año; entre los que enumeró: destrucción de elementos de prueba (rompiendo la cadena de custodia), omisión de incumplir con el deber de remitir información de las distintas causas -incurriendo en injustificadas demoras que pusieron en riesgo procesos judiciales-, desobediencia de órdenes emitidas por funcionarios superiores y arrogancia de facultades de jueces/zas sin consultar a la magistrada (como no preservar datos de denunciantes, víctimas y personas menores de edad).
A partir de las notas periodísticas con los dichos de su abogada patrocinante, Mariana Barbitta, en marzo de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes decidió denunciarla por sus declaraciones públicas.
Por otro lado, en lo que refiere a Mariano De Guzmán, la denuncia quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y se realizará una investigación interna donde se evaluará la conducta del titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Goya. En el caso de que la denuncia de Fernando Burlando se transforme en un hecho, intervendrá un Consejo Evaluador que deberá definir si hace lugar o no a la realización de un jury.
Si este se confirma, se abrirá una instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento dentro del ámbito del mismo MPF y dicho tribunal será el encargado de definir el futuro del fiscal y si dicho funcionario público incumplió o no con su deber en la causa.
“Lo único que quería era llevar tranquilidad a la familia y a la sociedad que estamos trabajando. Este juzgado hace 9 días que está con la investigación y lo estamos haciendo rendir por 5 y por 4... ¿El enojo? Todo es razonable. Solo queremos decir que el Juzgado Federal de Goya recibió la investigación el 15 de julio”, advirtió el miércoles Pozzer Penzo y apuntó duramente contra la Fiscalía comandada por De Guzmán y la PROTEX. Mientras tanto, entre contradicciones y entrecruzamientos, Loan sigue sin aparecer.
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