El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue implementado, en el año 2019 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dicha jurisdicción. Pero, en tan solo una semana, se generó la polémica: un ciudadano pasó casi una semana preso al ser confundido con un delincuente con su mismo nombre. Fue en el 2022, cuando la Justicia lo declaró inconstitucional y luego, la justicia porteña ratificó la decisión de no reactivarlo. En este contexto, el gobierno de Javier Milei encendió las alarmas cuando buscó volver a implementarlo para identificar a manifestantes y penalizarlos con el retiro de programas sociales.
Según indicaron en el fallo judicial, no hay un acuerdo sobre cómo auditar la tecnología de dicha Inteligencia Artificial (IA) ni justificación para utilizarla, ya que puede derivar en detenciones erróneas o recibir cuestionamientos en relación a la privacidad y las garantías. Además, se basaron en el pedido de acceso de información pública realizado por el Observatorio de Derecho Informático de la Argentina (O.D.I.A.) y luego una acción de amparo y diversos procesos legales a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Vía Libre.
A partir de la idea que pasó por la mente de la gestión libertaria, la ONG Democracia en Red y la Asociación Civil sin fines de lucro O.D.I.A (Observatorio de Derecho Informático Argentino) lanzó una fuerte campaña llamada "Reconoceme" para alertar a la ciudadanía. Se trata de una iniciativa dedicada a la concientización sobre los riesgos del Sistema de Reconocimiento Facial (SRF) y su impacto en los derechos civiles y la privacidad de las personas. "No reconoce tus derechos", advierten.
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Desde la ONG sostuvieron a El Destape que el principal problema de la utilización de esta tecnología "es el grave riesgo para la privacidad de la ciudadanía, porque estos sistemas utilizan bases de datos que contienen información personal sensible, como los datos biométricos" y a su vez, se expone a las personas al uso indebido de es datos, "como la vigilancia masiva o tareas de espionaje por parte del Estado". Mientras que recordaron, en relación al caso de CABA, que "no cumplía con los requisitos de seguridad básicos" y hasta se encontraron datos de personas que no figuraban en el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (Conarc).
"Nos preocupa enormemente que el Gobierno nacional esté avanzando con normativas como la Resolución 428/2024, que refuerza el uso de tecnologías de vigilancia. Realizamos pedido de información pública sobre esta normativa pero no hemos tenido respuestas con información suficiente para medir las consecuencias de esta medida", señalaron a este medio.
La tecnología de reconocimiento facial se basa en verificar la identidad de una persona a partir de sus rasgos faciales: forma de la nariz, distancia de los ojos o fórmula de los pómulos. Se utiliza en diferentes aplicaciones, para validar una identidad –por una cuestión de seguridad– y también a nivel estatal, por ejemplo, en los acceso a estadios como el caso de "Tribuna Segura 2.0" para impedir el ingreso de personas con antecedentes. Al emitirse una alerta, el Centro de Monitoreo Urbano notificaba a la policía para intervenir.
"Reconoceme" en Retiro: la creativa advertencia con máscaras
"Cuatro millones de personas transitan cada día la estación de Retiro. Es uno de los puntos donde se implementó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. ¿Te preguntás qué hace esta gente enmascarada en Retiro? ¿Y te preguntás por qué entre esas máscaras, hay personajes conocidos? ¿Qué tienen en común? Todos se encontraron en el historial de búsquedas del Sistema re Reconocimiento Facial de Prófugos sin tener orden de arresto", señala el video compartido por la ONG a través de sus redes sociales. "Y si no tenían orden de arresto, ¿por qué estaban en las bases de datos de un sistema que busca prófugos?", agregaron.
Dicho sistema –explican en el mismo video– fue utilizado en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de encontrar personas con pedido de captura y "luego de denuncias por su adquisición, sospechas de persecución política y hasta arrestos arbitrarios fue dado de baja". En septiembre de este año, según denuncian, el Gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar un "claro interés en volver a este sistema" en todo el territorio argentino.
"¿Te imaginás que usen tus datos para averiguar tu profesión, tus orientaciones políticas o que religión profesás? Este sistema puede no reconocer derechos esenciales como la Ley de Protección de Datos Personales; derechos de Intimidad, Privacidad, Reunión e Igualdad, el Principio de No Discriminación. Invertí los roles, vigilá vos el accionar del gobierno", sentencian.
Desde Democracia en Red exigen "transparencia y responsabilidad" por parte del Estado en el uso de este tipo de tecnologías porque no puede existir, ante una sociedad, "un Estado impune" sino establecer la responsabilidad pública ante la violación de los derechos informáticos. En la web señalan que entre los principales riesgos, figuran: vulneración de la privacidad, errores y detenciones injustas y pérdida de las libertades individuales.
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