El 20 de octubre de 1993, Senem de Buzzi se acercó a un juzgado de familia en búsqueda de un tratamiento eficaz para su hijo afectado por el consumo problemático de drogas. Pero en aquel momento se encontró con una jueza que incumplió el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades: ordenó, de manera compulsiva y forzada su derivación a una clínica psiquiátrica. Hoy, 30 años después, el Estado argentino pidió disculpas y reconoció su responsabilidad.
"Una jueza nacional ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas unos minutos y se dispuso su internación forzosa, en violación de la legislación vigente en ese momento", informó el CELS que patrocina a la familia. Cabe resaltar que la mujer afectada falleció durante el 2019, por lo que no pudo conocer el veredicto final.
Al mismo tiempo, el CELS precisa que durante las primeras dos semanas de internación, mantuvieron completamente aislada a María del Carmen -sin contacto con el exterior o su familia- y en condiciones muy precarias, lo que provocó el desarrollo de diversas enfermedades. "Jamás pudo conocer la razón por la que se encontraba allí, ni recibió información sobre su tratamiento médico. Además, los defensores públicos no se contactaron con ella ni el juzgado controló la internación", detallan.
Al recuperar su libertad, luego de estar detenida en una clínica de la provincia de Buenos Aires durante cinco meses, Senem presentó un recurso judicial "que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado" en todas las instancias. Como a nivel nacional le negaron la posibilidad de tener justicia o algún tipo de reparación por los daños, decidió llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ahora, 30 años más tarde, el Estado argentino se responsabilizó del hecho y pidió disculpas, alcanzando un acuerdo con la CIDH. "Esto es un acto de reparación necesario para hechos que sucedieron a lo largo de nuestra historia con las mismas características y con el despojo del derecho de las personas, en la mirada de un poder judicial tutelar y patriarcal que todavía seguimos exigiendo que se ponga a altura de nuestra democracia y que pueda entender los errores que cometió en el pasado y los errores que todavía sigue cometiendo", dijo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Además de leer parte del acuerdo en el acto donde se firmó la "solución amistosa", Pietragalla resaltó: "En nombre del Estado argentino vengo a reconocer las responsabilidad internacionales que nos cabe por las violaciones de los derechos a la libertad, a la integridad, al debido proceso, a la protección judicial a la vida privada y a la no discriminación sufrida por María del Carmen Senem de Buzzi y a presentar a su hijo, Carlos Maciel, nuestras más sinceras disculpas".
Cerrar sesión