El Gobierno quiere bajar la edad de punibilidad con datos falsos: cuál es la verdad sobre el encierro de niños y niñas

El Gobierno de Javier Milei avanza con su política punitivista y de encierro como solución al delito y volvió a instalar el debate sobre la baja de la edad de punibilidad para llevar a niños, niñas y adolescentes a la cárcel desde los 13 años. El argumento del anteproyecto que presentó en Diputados afirma que en los últimos años aumentó los porcentajes de la participación de las niñeces en hechos delictivos. Especialistas, profesionales y referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos negaron a El Destape que la incidencia estadística en las tasas de delito de este rango etario sea relevante y advirtieron que la baja de la edad de punibilidad y el aumento de penas de los menores no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad. Los profesionales también explicaron que la privación de la libertad y la introducción al sistema penal de las niñeces profundizan las prácticas delictivas y son el comienzo de la carrera delictiva. En este sentido, advirtieron sobre las situaciones de encierro actual de los menores y el decreto de la dictadura que todavia expone a las infancias.

Según un informe de la organización "Argentina No Baja", la propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 13, 14 y 15 años. El último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indicó que en 2022 solo un caso de homicidio fue cometido por un adolescente menor de 16 años. Y en la provincia de Buenos Aires, según el Informe del Ministerio Público Fiscal del mismo año (2022), las investigaciones penales preparatorias del sistema penal juvenil (es decir sobre los delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años, hoy ya punibles) constituyeron un poco más del 2 % del total. 

En este marco, la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dialogó con El Destape y sumó las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia y detalló que los menores de edad no punibles en la Ciudad de Buenos Aires participan solo del 0,4% del total de los delitos, y del 0.7 de los homicidios. En este sentido, apuntó contra los argumentos del anteproyecto del Gobierno de Milei y se refirió al artículo en el que intentan justificar la propuesta mostrando, justamente, que hay un decrecimiento de la incidencia. "Los informes estadísticos de los primeros semestres de cada año demuestran que en los últimos CUATRO (4) existió el siguiente aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (822) para 2021 -VEINTIDÓS POR CIENTO (22 %) de aumento con respecto del año anterior-; NOVECIENTOS SEIS (906) para 2022 -DIEZ POR CIENTO (10 %) de aumento aproximadamente con respecto al año anterior- y NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (986) para el mismo período de 2023 -NUEVE POR CIENTO (9 %", detalla el artículo.

Sobre esto, Frederic apuntó que "en los datos que ofrecen para fundamentar van en contra de esa afirmación. Hay una referencia a la cantidad de intervenciones judiciales en adolescentes que pasó en el 2021 este de 822 a 986 al 2023 que serían hay un crecimiento año año lo que muestra es que va reduciéndose el incremento. Entonces está claro que que resolver un problema evidentemente existe nadie está negando de que hay este niños niños adolescentes".

Al respecto, Ángela Oyhandy, ex directora nacional de Estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, agregó que "se redujo en más de un 60% los homicidios que cometen las personas menores de 18 años y el país viene de un proceso de reducción de todos los homicidios en la provincia de Buenos Aires tanto de adultos como de menores de edad, siendo el descenso en los menores de edad mucho más pronunciados que las personas mayores". Detalló que incluso los robos si uno mira el 2009 y el 2023 como las dos extremos de la serie se observa incremento en los robos de los adultos bastante importante: en el 2009 se iniciaban 117.000 causas,0117.628 y hoy 181.000 sin embargo, los jóvenes se iniciaban 8.500 y el año pasado fue la mitad solo en la provincia de Buenos Aires.

Encierro de menores y profundización de la carrera delictiva

La ex ministra de Seguridad también apuntó contra el proyecto que plantea políticas asistencial dentro de la cárcel y no promueve un sistema de prevención y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar que comiencen una carrera delictiva. "Este proyecto habla de que luego en la pena se incrementará una serie de programas educativos, por lo tanto, en lugar de que el Estado invierta en políticas para contener a esos niños y niñas, de toda la inversión presupuestaria va a ser en construir más cárceles", cruzó.

"Se ha instalado esto como una solución a un problema que efectivamente va agravar porque niños de 13, 14 y 15 años encerrados, sin contención afectiva y de maduración van a salir de estos lugares de encierro dañados estructuralmente. Es un proyecto escrito por gente que sabe que ninguno de sus hijos, hijas, nietos o nietas, sobrinos o sobrinas va a ser objeto de esta ley", apuntó Sabina que remarcó que tiene un enfoque clasista.

Oyhandy, en este sentido, planteó que no existen efectos positivos en incluir a este grupo de 13 a 15 años en un sistema penal que hoy está suscrito al grupo 16 y 17 y que no ha dado muestras de que permita trabajar en la inclusión educativa, laboral y de salud. "No hay evidencias por las cuales una podría decir que es bueno sino todo lo contrario porque los saca de los circuitos educativos, de inclusión en la salud", sostuvo. Asimismo, remarcó que "poner a estos chicos en un circuito penal está demostrado que lo que favorece es la reincidencia en el delito, la fijación en circuitos penales cuando una persona ingresa en el Circuito Penal es muy difícil sacarla de ahí".

"Las personas que están detenidas de adultos en un porcentaje muy alto son personas que han pasado por el circuito de menores de edad, digamos del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y por institutos de menores en otros distritos, por supuesto que no son todos los casos, pero hay una correlación muy alta", planteó. A esto, Fréderic aportó que "en todos los países donde se bajó la edad de punibilidad no hay disminución del delito, todo lo contrario, en Uruguay hay un problema de seguridad terrible, suben los homicidios". 

Régimen sin garantías ni derechos para los niños, niñas y adolescentes: empeorar una ley de la dictadura

En esta línea, la coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS, Macarena Fernández Hofman, afirmó que el régimen actual desde la mirada de las garantías y de los Derechos Humanos tiene problemas porque se trata de una ley de la dictadura y para aquellos que son menores de 16 años, el juez puede dictar discrecionalmente medidas de seguridad, lo que significa que los menores de 18 años pueden quedar privados de su libertad por decisión de un juez sin que les media ningún tipo de proceso. Hofman afirmó que es urgente modificar la ley actual, es decir el régimen de Argentina debe ser modificado, sin embargo, los cuatro proyectos que presentó el Poder Ejecutivo en lugar de resolver el problema lo profundiza buscando ampliar el universo sobre la punibilidad de las niñas, niños y adolescentes porque, por un lado baja la edad 13 años, o sea que hay más niños niñas adolescentes que van a estar bajo un régimen penal juvenil, y por otro lado, aumenta el universo de delitos por los cuales se puede quedar detenido o detenida que es a todos mientras que, el actual está limitado solo algunos.

"Eso hace que de aprobarse la ley y de ponerse en vigencia, más niñas, niños y adolescentes van a estar privados de la libertad y tener una edad más temprana con lo cual todo el desarrollo, crecimiento y de Derechos, no van a estar garantizados", apuntó.

Los adolescentes y niños que cometen delitos no vuelven a sus casas

Actualmente, si un niño, niña o adolescente comete un delito, un juez es el encargado de dictaminar cuál es su situación y tiene discrecionalidad, es decir margen de libertad en la toma de decisiones de la autoridad judicial, sobre el menor que no tiene un defensor. Se trata de un proceso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal que existe en América, instó a la Argentina –en el caso Mendoza de 2013- a modificar o derogar el decreto ley 22.278; lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia en 2007 con el caso Fundación Sur y el Comité de los Derechos del Niño –que es el máximo intérprete de la Convención- fue muy claro y dos veces llamó a la Argentina que debe derogar el decreto ley 22.278 y no debe bajar la edad de punibilidad.

La Ley 22.278 permite que “al momento de dictar una sentencia a una persona que tiene entre 16 y 18 años y comete un delito, después de un año de tratamiento tutelar los jueces pueden absolverla, aplicarle la misma pena que a un adulto o bien una pena atenuada, que es la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate”. El decreto lo que impide es un debido proceso legal a niños no punibles. En ese sentido, viola todos los derechos, especialmente el de defensa.

En este sentido, la integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Rocio Alconada Alfonsín, apuntó contra una de las mentiras del anteproyecto del gobierno que justamente no da cuenta de este proceso de los no punibles. "Afirman que quedan libres, aquel no punible mata y se va a la casa, eso no es verdad", disparó. Detalló que actualmente queda en un sistema tutelar y queda igual detenido. "Esa es la realidad, hoy el imputable tampoco se va a la casa caminando si comete un hecho grave", remarcó.

La especialista también remarcó que este proyecto en su articulado vuelve con el derecho de autor y juzga a los chicos por lo que son, no por lo que hacen. "Lo que vuelve a instaurar es el derecho penal de autor algo que en la Argentina hace muchos años, ya se superó. Retrocedemos 200 años en la evolución del pensamiento de la humanidad, volveremos otra vez 200 para atrás, vuelve derecho del autor y el criterio de peligrosidad, lo que plantea que deben hacerse pericias para determinar si el chico va a cometer futuros delitos", criticó.

En este sentido, el proyecto está mal planteado ya que habla de edad de imputabilidad y las personas por debajo de los 16 años no son inimputables, son no punibles. El inimputable es una persona que no puede comprender la criminalidad de sus actos, como un loco que no sabe que está cometiendo un delito. La persona hasta 16 años es no punible que es una decisión de política criminal del Estado de que no aplicará una pena a personas por debajo de cierta edad. La punibilidad es la potestad que tiene el Estado de aplicar una pena.

Alfonsín también apuntó contra el proyecto y afirmó que "hacen demagogia ya que le mienten a la gente porque dicen el menor va a pagar como un adulto y es imposible porque el mundo lo prohíbe, porque las convenciones los prohíben y los tratados internacionales no se animaría a ir tan lejos". 

Una reforma al Régimen Penal Juvenil con más derechos

Los profesionales coincidieron en la urgencia de establecer un nuevo régimen penal juvenil pero que sea acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley n° 22.278 dictado por la Dictadura en 1980, ya que su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales. Pero ello no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años. 

Fréderic advirtió que esta reforma que plantea el mileísmo es más represiva, punitiva e inconstitucional ya que viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años; volver a bajarla sería afectar los derechos de la franja de adolescentes de 13 a 15 años. 

En este marco, desde Argentina No Baja afirmaron que el Estado debe garantizar a los niñas, niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Proponer la baja de edad de punibilidad, lejos de ser una solución a la sociedad, es una hipocresía.

Los especialistas coincidieron, a su vez, en que bajar la edad de punibilidad constituye una medida inconstitucional, porque es regresiva en términos de derechos humanos, y culpabiliza a los adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social y educativo, antes que penal.

Fréderic remarcó que una reforma del régimen penal no requiere una baja de la punibilidad sino de mecanismos de contención para los que tienen menos de 16 años. Mecanismos de Estado preventivos para que los niños y niñas que roban no entren en una carrera delictiva. Se necesita inversión en otras áreas justamente las que el Gobierno de Javier Milei está desmantelando. Sobre esto, la referente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura enfatizó en la urgencia de que el Estado se ocupe de las infancias y no un juez penal entendiendo que son sujetos de derecho.