El Estado argentino firmó el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia de género a partir de las violaciones de derechos que sufrieron Ivana Rosales y sus hijas, Abril y Mayka en 2002.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez (de forma virtual) y la vicepresidenta primera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para Argentina, Julissa Mantilla Falcón, encabezaron el acto institucional a través del cual el Estado argentino firmó el primer acuerdo de solución amistosa ante la CIDH por este caso.
Tras ser víctima de un intento de femicidio perpetrado por su excónyuge y padre de sus hijas Mario Garoglio en 2002, en Neuquén, la Justicia provincial “sometió a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas”, afirmaron a través de un comunicado.
Mario Garoglio casi la mata a golpes a Ivana en aquella oportunidad. Tras creer que estaba muerta en el auto por la golpiza, se entregó a la policía. Pero ella sobrevivió. En julio de 2003, el femicida fue condenado en Neuquén a cinco años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de Rosales y contaba con una atenuante por "circunstancias extraordinarias" ya que, según los jueces, Ivana “era mala madre y se lo había buscado”.
De todos modos, el criminal no cumplió un solo día de condena porque se fugó. En 2005 Ivana presentó entonces una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para reclamar por la falta de justicia, la revictimización, el trato misógino y discriminador que había sufrido de parte del poder judicial de la provincia de Neuquén.
Cuando Ivana se encontraba en el hospital recuperándose de las heridas, Garoglio estaba a cargo del cuidado del hijo y las dos hijas en común con Ivana. En esta situación, él abusó de Mayka y Abril de 10 y 6 años. Ivana logró después la condena por esto y por la falta de pago de alimentos. Su hija Mayka se suicidó en el año 2012 cuando Ivana volvió a ser hospitalizada por las secuelas de los golpes del femicida, heridas que padeció y que desencadenaron su muerte en 2017 con rastros de una parálisis facial y el diagnóstico de epilepsia postraumática.
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En febrero de 2012 el poder judicial rionegrino le impuso la vergonzosa pena de cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual, sin acceso carnal, continuado y agravado por el vínculo, cuyas víctimas fueron sus hijas. Esa pena fue unificada con una condena que recibió en junio de 2013 por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, y quedó en cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación absoluta por igual término.
Por su parte, Ivana, que estaba embarazada de 5 meses, falleció el 6 de septiembre de 2017 como consecuencia de un ataque epiléptico derivado del ataque perpetrado por su expareja. Desde entonces, Abril tomó como propio el proceso ante la CIDH y logró cambiarse el apellido del violador por el de su madre.
El jueves 23 de septiembre, 19 años después del intento de femicidio por el que Mario Garoglio terminó siendo favorecido por el Poder Judicial y, de hecho, volvió al ataque de Ivana, la Justicia argentina considera que el tratamiento judicial del caso fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos.
Las garantías que resolvió el acuerdo
Además de plantear medidas de reparación, que ahora cuentan con la firma del Estado Nacional, se firmaron determinaciones de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género.
El Acuerdo incluye, además, garantías de no repetición en relación con la violencia de género. Por ejemplo el compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia; medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género y políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención.
También capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática, políticas de gestión de la información que permitan contar con datos fiables, la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia, entre otras y la efectiva implementación del Estado Nacional del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.
La actividad tuvo lugar en la ex ESMA y fue encabezada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y autoridades de la provincia de Neuquén, jurisdicción donde ocurrió el lamentable hecho. También participaron la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la Primera Vicepresidenta de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa Mantilla Falcón.
Según consideraron desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la firma de este Acuerdo "es una conquista de Ivana, Abril, allegadas y allegados, quienes vienen luchando por conseguir justicia y reparación". Y marcan: "A la vez, refleja el profundo compromiso del Estado Nacional en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, en especial en materia de prevención y erradicación de las violencias de género".
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