Córdoba: juzgan a 20 represores por delitos de lesa humanidad

En Córdoba comenzó el 12° juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura cívico militar, en el que los principales imputados son el coronel retirado Luis Diedrichs y el sargento ayudante José Hugo Herrera, acusados de los secuestros y torturas de 43 personas, cometidos entre los meses de marzo y septiembre de 1976; de las cuáles 36 fueron asesinadas o permanecen aún hoy como desaparecidas. Los genocidas Diedrichs y Herrera ya fueron condenados en la megacausa La Perla y gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.

Además de los dos imputados, son  juzgados otros 18 militares y policías que participaron de los operativos ilegales en el marco del plan de exterminio del terrorismo de Estado, entre los que destacan el capitán carapintada Ernesto Guillermo Barreiro –responsable del alzamiento de Semana Santa-; el militar y abogado Carlos Horacio Meira, defensor de represores en las causas Base Naval I y La Cueva I de Mar del Plata; y en la causa La Perla; también es juzgado el ex jefe de la organización ultraderechista Comando Libertadores de América, capitán Héctor Pedro Vergez y el comisario Carlos Yanicelli, uno de los integrantes del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía cordobesa. De los 20 represores imputados, tres están libres, 13 gozan del beneficio de prisión domiciliaria y sólo cuatro se encuentran detenidos, uno de ellos en Campo de Mayo y los otros en el complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital.

La mayoría de las 43 víctimas de la causa Diedrichs-Herrera, trabajadores y estudiantes universitarios, y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la organización política ligada a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También hubo víctimas que militaban en Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL-22) de orientación peronista; un dirigente de la Juventud Radical de la Capital y dos estudiantes secundarios del colegio universitario “Manuel Belgrano”.

Durante la primera audiencia en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de la ciudad de Córdoba se leyó la instrucción de la causa con las acusaciones a los imputados. Uno de esos represores, el comisario mayor Yamil Jabour, llegó al edificio de los Tribunales Federales, y la presidenta del tribunal, Carolina Prado lo hizo regresar a su casa de barrio Cerveceros, donde goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Jabour ya fue condenado a prisión perpetua en la megacausa La Perla y la causa UP-1 Cárcel de barrio San Martín. En este juicio está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada en reiteradas ocasiones.

“Este juicio demuestra el ataque de la dictadura cívico militar a los sectores obreros y populares, las víctimas eran trabajadoras, muchas de ellas con actividad sindical”, le contó a El Destape el abogado Carlos “Vasco” Orzaocoa, militante de organismos defensores de los DD.HH. y ex militante del PRT-ERP. Orzaocoa detalló que “como se ve en este juicio, la mayoría de las víctimas militaban en nuestro Partido, lo que demuestra que los que en los 60 y 70 queríamos otro modelo de país, socialista, solidario y con justicia social no éramos un grupito de locos, sino que participábamos en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en cada lugar, luchábamos por un país más justo”.

El primer testigo del juicio es Sebastián Soulier, hijo de Juan Carlos Soulier Guillén y Adriana Díaz Ríos. Los tres fueron secuestrados la noche del 15 de agosto de 1976 de su casa en barrio Villa Páez. Sebastián era un bebé de sólo cinco meses de vida. Su papá Juan Carlos estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención Departamento de Informaciones 2 de la Policía cordobesa (D-2) y de allí lo trasladaron en el CCD La Perla. Al igual que su papá, su mamá Adriana fue llevada al D-2 de la Policía y luego al centro de exterminio La Perla. La pareja continúa desaparecida y los abuelos de Sebastián pudieron recuperarlo. “El juicio número 12 de Lesa Humanidad en Córdoba, para mi es un proceso en lo personal que comenzó cuando empecé a militar en el año '94 en la Agrupación HIJOS. La nuestra fue una de las familias que se presentó en el marco de esas causas y hoy, después de 44 años, llega el juicio por los casos de mi padre, de mi madre, de mi tío, de mi abuelo, por mi causa también y por otras víctimas más, con las que sumamos 43”, señaló Sebastián a Canal 10 de Córdoba, el canal de los Servicios de Radio y TV (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Por su parte, Roberto “Coco” Jaeggi, ex dirigente radical y hermano del delegado sindical Angel Gustavo Jaeggi Díaz señaló: “Este juicio es la culminación de un largo proceso que marcó toda mi vida. Con mi hermano mayor teníamos una relación muy fuerte. Nuestro padre era muy mayor, por eso mi hermano me adoptó como un hijo, a los 18 años ya había participado del Cordobazo, fue mi ejemplo en política y el que me enseñó que los DDHH no son sólo consignas de reivindicación, sino lucha constante”.

Además, Jaeggi recordó: “Cuando se llevaron a mi hermano también se llevaron en esos días a Edelmiro Cruz Bustos- El presidente del Comité Capital de la UCR, Héctor “Tito” Sander, que me refugió en su casa cuando se llevaron a mi hermano, y hablaba seguido con (Eduardo) Angeloz; que a su vez hablaba seguido con el general (Luciano Benjamín) Menéndez; nos dijo tiempo después de la desaparición de mi hermano y su amigo Bustos, que no los buscáramos más, que estuvo como un mes secuestrado y se lo tragó la tierra". 

El secretario general de la Asociación Bancaria de Córdoba, Raúl Ferro le dijo a El Destape que “desde nuestro gremio acompañamos todo el proceso de esclarecimiento y la verdad de los compañeros desaparecidos. El caso del compañero Jaeggi nos demuestra que el golpe fue cívico militar, estamos convencidos de que desde dentro del Banco de Córdoba alguien apuntó contra nuestro compañero y lo marcó". 

En el juicio también declarará una sobreviviente que estando embarazada salvó su vida pero vio cuándo y quiénes secuestraron a su esposo. María del Carmen Pieri y su esposo Adrián José Ferreyra, ambos militantes del PRT fueron detenidos el 29 de marzo de 1976 en Media Naranja, un pueblito del norte cordobés, y llevados a la comisaría de Cruz del Eje. A su esposo lo interrogó el capitán del Ejército, Arturo Grandinetti, interventor municipal de Cruz del Eje; quién llegó a este juicio en libertad y es la primera vez que se somete a la Justicia, acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada.

A María del Carmen Pieri la interrogó el teniente Carlos Horacio Meira, quien le informó que su esposo Adrián quedaba incomunicado y sería trasladado a La Calera al día siguiente, mientras que ella sería conducida a Media Naranja. Al día siguiente la mujer llegó a las 7 a la comisaría de Cruz del Eje para saber sobre su esposo y llevarle comida, ropa y frazadas, pero recién la atendieron a las 17. La atendió el teniente Meira, quién le dijo que a su esposo Adrián lo llevarían a La Calera donde sería juzgado por Tribunales Militares y que ella “debía regresar a su casa y quedarse tranquila” ya que cursaba un embarazo de nueve meses.

El teniente Meira le permitió a María del Carmen Pieri ver durante unos pocos minutos a su esposo Adrián. Luego, el militar le informó que su marido sería trasladado esa misma noche y ella se dirigió hasta su casa materna en Río Ceballos. Al día siguiente, la mujer fue al Comando del Tercer Cuerpo de Ejército a solicitar información sobre su marido y le dijeron que no sabían nada de él. Adrián José Ferreyra continúa desaparecido y el testimonio de su viuda María del Carmen Pieri involucra directamente al capitán Grandinetti y al teniente Meira; ambos en libertad y juzgados por primera vez por delitos de lesa humanidad. Otro dato que se destaca en este caso es que Meira, por ser abogado, ejerce su propia defensa y enfrentará a su víctima durante el juicio.

El Tribunal Oral Federal 1 que lleva adelante este juicio está integrado por Carolina Prado (presidente), Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier (vocales) y Noel Costa (Jueza Sustituta), mientras que el fiscal Maximiliano Hairabedian está a cargo de sostener las acusaciones de los imputados. Las audiencias serán virtuales y sólo estarán en la sala de audiencias los miembros del TOF-1, el fiscal y los abogados defensores. Los acusados, la mayoría con prisión domiciliaria, siguen el juicio de manera remota. Los testigos declararán por videoconferencia.