La jueza federal María Gabriela Marrón dispuso una custodia permanente de la Prefectura para Marcelo González, ex cuñado de Facundo Castro y testigo de la causa. La magistrada del juzgado federal N 2 de Bahía Blanca aceptó el recurso de habeas corpus preventivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo.
Por temor ante los reiterados hechos de amedrentamiento y hostigamiento por parte de la agentes de la Policía Bonaerense, la familia de Marcelo decidió dejar su casa en Mayor Buratovich y mudarse a Bahía Blanca. El 26 de junio, Marcelo ya había sido víctima de un interrogatorio ilegal en la comisaría de Mayor Buratovich en el que lo amenazaron para que se auto incrimine en la desaparición de Facundo. Por ese hecho se inició una causa penal por apremios ilegales.
Esta semana, el ex cuñado de Facundo denunció públicamente en entrevistas mediáticas que patrulleros oficiales con las luces apagadas lo seguían durante el día, que merodean su vivienda y que, en algunas oportunidades, se estacionaron frente a su casa sin ningún motivo.
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"Todo el tiempo amenazantes, me dijeron que tenía que decir que Facundo estaba en Bahía Blanca, que tenía que hablar", relató el hombre, y aseguró que el jefe de la fuerza de la localidad cercana de Pedro Luro -lugar de donde partió Facundo el 30 de abril-, le dijo que "si no hablaba" le iba a tener que "pegar unos sopapos y ahí iba a tener que cantar".
"El problema que ellos se generaron lo quieren limpiar con nosotros, involucrar a personas inocentes y librarse del problema. Yo no entiendo todavía cómo en cuarentena, cuando estábamos en fase uno, lo dejaron seguir, con tantos retenes policiales", dijo el ex cuñado de Facundo en declaraciones al canal TN.
La denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria
La CPM denuncia que la familia de la ex novia del joven ya sufrió en los últimos meses episodios de hostigamiento y amenazas de policías bonaerenses. El organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel recordó que en casos de violaciones a los derechos humanos es el Estado quien debe garantizar la seguridad de las víctimas, sus familiares y testigos.
La jueza Marrón reconoció la gravedad de estos hechos en una audiencia que se realizó en la tarde de este jueves, y aceptó tratar el recurso presentado por la CPM. Dispuso que un cuerpo de Prefectura custodie de manera permanente a la familia de la ex novia de Facundo, mientras que interviene al mismo tiempo la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), del Ministerio Público Fiscal.
También denunciaron que en el interrogatorio ilegal en la comisaría de Buratovich, el 26 de junio, hicieron ingresar a Marcelo González a una habitación junto a cuatro policías. Según informó la CPM, tres estaban vestidos de civil y el cuarto, que ocupa el rol de jefe durante el interrogatorio, estaba con el uniforme pero sin la insignia del cargo. “Durante el interrogatorio, los cuatro agentes le pedían que declare que Facundo estaba en Bahía Blanca, que ellos ya sabían que era así, pero que él tenía que ‘cantar’, mientras amenazaban con golpearlo e inculparlo”, comunicó el organismo que intervino en el caso
Unas semanas después, cuando fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo, Marcelo González relató este hecho ante el fiscal general adjunto Andrés Heim, de la Procuraduría de VIolencia Institucional (PROCUVIN). La Fiscalía Federal Nº1 de Bahía, a cargo de Santiago Ulíano Martínez, inició una investigación penal por apremios ilegales.
Según relató el propio Marcelo, que vive con su esposa y cinco niños, después de declarar continuaron los hostigamientos. Comenzó a recibir una serie de llamados intimidatorios y mensajes de teléfonos con identificación bloqueada o números desconocidos que le reiteraban las mismas amenazas.
“Esta amenaza permanece latente, siendo que contrariamente a lo requerido por los agentes policiales Marcelo declaró los hechos tal y como él los conocía y no como aquellos pretendían falseando la verdad”, advirtió la CPM en el habeas presentado ante la Justicia. “Los hechos que se sucedieron resultan ciertamente ilegítimos por no encontrar fundamento alguno en ninguna causa judicial en trámite que justifique alguna sospecha en su contra, ni mediar ningún motivo que funde la medida, la forma, y las condiciones en que esta especie de 'monitoreo polical constante' se viene llevando a cabo”, concluye la presentación del organismo.
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