La organización Amnistía Internacional presentó un informe que pone en el ojo de la tormenta la violencia institucional que se registró desde que se decretó el Aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo a la fecha. Más de 30 casos se contabilizaron en estos casi 150 días y desde el organismo advierten sobre la necesidad de que se plantee una reforma integral en la institución que representa las fuerzas de seguridad tanto a nivel nacional como provincial.
El decreto presidencial 297/2020 dispuso en su articulado el control permanente en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación y en forma concurrente con las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también, se dejó en claro los procedimientos a seguir en caso de constatar una infracción del ASPO. No obstante, Amnistía ha registrado en su informe numerosas detenciones y demoras que no se adecúan con lo que plantea el decreto y situaciones en las que se registra un accionar abusivo de las fuerzas de seguridad.
El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son algunos de los hechos que revelan la necesidad de una profunda reforma para el sistema de actuación y control de las fuerzas de seguridad. “El informe que presentamos no es exhaustivo, son más de 30 casos de lo que entendemos que es una situación más amplia y expandida en todo el país y es estructural. Estos tipos de casos, la naturaleza y la violencia desatada por efectivos de seguridad no sorprende, no aparece como una situación nueva, pero sí es una situación develada por el contexto de pandemia”, reflexionó la directora adjunta de Amnistía Internacional y directora de Protección y promoción de Derechos Humanos, Paola García Rey, en diálogo con El Destape.
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García Rey también explicó que, a partir del decreto presidencial del ASPO para prevenir los contagios de coronavirus, “se les asigna a las fuerzas de seguridad la facultad de controlar la circulación de la gente, que es un fin legítimo, pero se desatan situaciones de violencia y formas de actuación de las fuerzas de seguridad que son históricas”. Además instó, en esa línea, la necesidad de que desde el Estado nacional “repensar a las fuerzas de seguridad, la articulación de las fuerzas federales a través del Consejo de Seguridad Interior que lidera el Ministerio de Seguridad y capacitar a las fuerzas con perspectiva de género y con una mirada en derechos humanos”.
La integrante de Amnistía Internacional subrayó que la idea de “repensar” el accionar y la conformación de las fuerzas de seguridad también tiene que ver con que los efectivos también aprendan a proteger sus derechos. Además, que los casos de violencia institucional vayan en aumento en un contexto excepcional “revela aún más la necesidad de revisar y repensar el rol de las fuerzas de seguridad, tras la historia nefasta que tuvo Argentina en función de las fuerzas de seguridad”.
Los hechos de violencia institucional no son casos aislados y tampoco la responsabilidad es de un efectivo o de un policía, sino que la responsabilidad es institucional, es de toda la institución. Ya sea Policía Federal, provincial, local, Gendarmería, Prefectura, etcétera. La solución no es cortoplacista. García Rey sostiene que “el rol del Estado nacional es clave” para dar respuesta a esta situación. “Vemos que el Estado tiene un rol fundamental coordinando el Consejo de Seguridad Interior, que es el que articula y reúne a todos los Ministerios para pensar las políticas integrales de seguridad en todo el país”, apuntó.
Además, remarcó que en ese ámbito que “no es un lugar aislado” también es importante que haya una contribución “de la Secretaría de Derechos Humanos que aporte su mirada, una mirada del Ministerio de Géneros y que haya un protocolo de actuación con perspectiva de derechos humanos”.
Para finalizar, la directora adjunta de Amnistía Internacional analizó el accionar del Gobierno nacional frente a esta problemática que involucra a las fuerzas de seguridad, a lo cual, destacó que “en muchos casos se ha separado a los miembros de las fuerzas, que es algo sumamente relevante”, pero reclamó que esta decisión tiene que “estar acompañada de una investigación”. Sostuvo que “en la mayoría de los casos, se tomaron medidas de separación, pero no hubo avance en la investigación”.
“Hay gestos iniciales, pero también hay una impunidad que pondera en este tipo de casos. Debe haber un mensaje directo a las fuerzas de seguridad porque se siguen repitiendo estas situaciones y no hay responsabilidad”, sentenció.
Violencia institucional desde Tucumán a Santa Cruz
En la provincia de Chubut, el Ministerio de Seguridad dictó 20 resoluciones ministeriales para que se cumpla con el aislamiento que fueron más restrictivas que las que se dispusieron a nivel nacional. Por ejemplo dictó que se prohibía la circulación después de las 20 horas. Lo que llamó la atención es que la mayoría de esas resoluciones fueron publicadas recién el 1 de abril, 10 días después de que fueran dictadas. Esto es especialmente preocupante, ya que muchos procedimientos y detenciones se realizaron en el marco de estas resoluciones vulnerando el principio de legalidad porque no podrían considerarse legalmente vigentes al no ser publicadas.
En este contexto, se difundieron públicamente imágenes, videos y testimonios de personas que habrían sido víctima de malos tratos, posibles vejaciones, detenciones arbitrarias y del uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad provincial. Además, se difundió el caso de una persona que mientras era detenida fue herida por una bala de goma. A su vez, algunas personas fueron detenidas sin que se les permitiese brindar explicaciones y mostrar la certificación correspondiente que justificaba su circulación.
En Chaco la violencia y discriminación a las comunidades de pueblos originarios no cesó durante la cuarentena. Uno de los casos de mayor gravedad se registró el 31 de mayo. Un grupo de policías de la provincia chaqueña ingresó violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana. Los efectivos se llevaron detenidos a dos jóvenes de 16 años mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, donde continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas, e incluso una de las jóvenes denunció abuso sexual por parte de los agentes policiales.
En La Pampa Sebastián Britos recibió impactos de bala de goma cuando salió de su casa en el barrio Malvinas de la ciudad de General Pico para comprar pan. Según el relato de su esposa, cuando volvía observó a un agente federal del grupo GEO (Grupo Especial Operativo) parado a unos metros de distancia que, sin dar voz de alto o detenerlo, le apuntó y disparó.
En Buenos Aires, el 26 de marzo se difundió un video que muestra como ocho agentes de la Bonaerense detienen a siete hombres en el barrio San Alberto, en Isidro Casanova, en La Matanza. Allí los obligaron a hacer flexiones de brazos y sentadillas en el marco de los controles para verificar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
En Los Polvorines, una mujer denunció que su hijo de 15 años fue detenido por dos agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando salió a comprar al mercado. Fue trasladado a la Comisaría 2da donde lo golpearon brutalmente. Además, habría recibido 4 impactos de bala de goma
En Córdoba, un video muestra como un policía de la provincia efectuó un disparo por la espalda a un joven que acababa de escaparse en un control callejero y se escucha a otro policía decir: “Tirale, matalo”. Los hechos tuvieron lugar el 27 de marzo en el Barrio La Brigada de la Ciudad de Bell Ville. El 6 de agosto, la Policía de Córdoba mató por la espalda a Valentino Blas Correa, un joven de 17 años en pleno centro de la capital cordobesa.Efectivos dispararon sin mediar palabras contra el auto donde iba Valentino con sus amigos, supuestamente la Policía se los "confundió con delincuentes".
En la Ciudad de Buenos Aires, Amnistía Internacional verificó un vídeo donde se ve a un efectivo de la Policía de la Ciudad agrediendo a una persona que se encontraba en situación de calle (durmiendo en el frente de establecimiento comercial que permanecía cerrado) y empujándolo contra la persiana del local. Los hechos sucedieron el 3 de abril en la calle Esmeralda al 800.
En Santa Cruz, Jorge Astorga de 27 años denunció públicamente que la madrugada del 1° de mayo, fue detenido cuando volvía caminando de la casa de su madre, a la que había ido a visitar y fue golpeado y humillado por su orientación sexual por agentes de la policía provincial. Lo subieron a una camioneta sin solicitarle DNI ni pedirle explicaciones de porque se encontraba circulando, lo golpearon, lo patearon en la cara, lo arrastraron por el suelo, lo insultaron y lo dejaron detenido en la Comisaría 6ta.
En Tucumán, Roxana Monteros denunció abuso sexual, agresiones y uso abusivo de la fuerza. El 24 de junio, un policía abrió la puerta de una patada. Tres oficiales entraron y muchos más se quedaron afuera, además había cinco camionetas estacionadas. Señaló que de todos los agentes que ingresaron, sólo uno tenía uniforme. Se llevaron a su marido a los golpes. Roxana denunció que la agarraron de los pelos dentro de su habitación, la tiraron al suelo, la patearon entre tres agentes y abusaron sexualmente.
A estos casos, se suma el asesinato de Luis Espinoza el 15 de mayo en Tucumán. Fue desaparecido 7 días por parte de funcionarios de la policía de la comisaria de Monteagudo y luego lo encontraron asesinado.
El 1 de mayo, Mauro Coronel, de 22 años, fue detenido en la Comisaría Décima de Santiago del Estero por una denuncia de violencia de género. Inmediatamente después de la detención del joven, su madre se dirigió a la comisaría, donde escuchó los gritos de Mauro mientras lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el Hospital regional, sin aviso a sus familiares. Cuatro días después de la detención, Mauro falleció.
El 24 de junio, Walter Ceferino Nadal murió tras ser detenido por la Policía de Tucumán. De la información e imágenes difundidas y de los relatos de testigos surge que ese mismo día Walter Nadal fue detenido en la capital provincial. En ese marco, un agente de la fuerza de seguridad lo habría asfixiado al presionar la rodilla contra su nuca.
El 10 de julio, Lucas Nahuel Verón, de 18 años, fue con un amigo a comprar gaseosas al kiosco y al regresar a su casa en Villa Scaso, González Catán, partido de La Matanza, una patrulla policial los habría perseguido. También habría efectuado disparos contra ellos. Sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y murió.
El 17 de junio, Facundo Scalzo, de 20 años, recibió cuatro disparos, dos por la espalda y dos en el brazo por miembros de la Gendarmería, en el barrio 1-11-14 en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Testigos relataron que hubo una discusión entre vecinos, un grupo de gendarmes persiguieron a Facundo y a otro joven que se encontraba con él. Los testigos agregaron que no se permitió que Facundo recibiera los primeros auxilios cuando agonizaba, que esperaron más de una hora al SAME y que cuando llegó la ambulancia no dejaron que la madre lo acompañara al Hospital Piñero, donde finalmente falleció.
¿Dónde está Facundo?
El 30 de abril, Facundo Astudillo Castro de 22 años fue detenido por la policía bonaerense en la entrada de la localidad de Mayor Buratovich, por violar la cuarentena impuesta por el Estado a nivel nacional por las pandemia del COVID-19. Desde ese día no se sabe dónde está.
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