Un nuevo aniversario llegó de aquel 4 de febrero de 1955, una fecha quedó grabada en la historia económica argentina. Esto sucedió porque se llevó a cabo la expropiación del grupo “Bemberg”, propietario de lo que hoy conocemos como la prestigiosa Cervecería Quilmes. Este acontecimiento ocurrió meses antes de la caída del Gobierno democrático de Juan Domingo Perón.
Sin dudas, marcó un hito al definir una posición política y social de lo que debían ser las empresas en el país. En este artículo, lo que sucedió y que, en vistas de la actual política económica, quedó tan lejos como aquel día.
La expropiación de la empresa
Este fue uno de los conflictos más destacados protagonizados por un conglomerado empresarial en el país. Aunque se intentó interpretar esta expropiación como un acto de revancha post mortem de Eva Perón -hay que tener en cuenta que unos meses después aconteció la llamada "revolución libertadora" que fusiló opositores y bombardeó la Plaza de Mayo - o como un capricho del poder concentrado de Perón, la realidad es que el conflicto se gestó en la década infame, específicamente en 1937.
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En aquella época, el Gobierno nacional inició un proceso legal por evasión fiscal y transferencia fraudulenta de bienes, mediante el uso de sociedades anónimas establecidas en el extranjero, una estrategia utilizada por los grandes holdings de la época para cometer actos de corrupción. A pesar de que el proceso legal se estancó, la condena pública persistió, convirtiéndolo en uno de los mayores escándalos económicos de aquella triste década.
Los motivos
Aunque Perón implementó diversas medidas de control comercial y financiero sobre las grandes empresas, evitó en gran medida expropiaciones y nacionalizaciones masivas en sectores como el cemento, los frigoríficos y, en su mayoría, las empresas eléctricas. Sin embargo, no mostró la misma clemencia hacia el Grupo Bemberg, cuya empresa se había convertido en un símbolo de la influencia política del poder económico antes del advenimiento de la Nueva Argentina.
La sanción de la ley 14.122 en 1952, que dispuso la liquidación del grupo Bemberg, permitió al Estado adquirir las empresas a precios bajos y nacionalizarlas. Esta acción no solo marcó el fin de una prolongada disputa legal, sino que también allanó el camino para la implementación de algunos de los objetivos más ambiciosos del peronismo en términos de participación obrera en la industria.
Cabe recordar, que la proscripción del peronismo fue un período de la historia argentina que se extendió desde 1955 hasta 1973, durante el cual el movimiento peronista fue ilegalizado y sus líderes perseguidos. De esta forma, las ideas de tener empresas responsables quedó atrás y los años que siguieron fueron marcados por otra política económica que se profundizó durante la dictadura y en la actualidad, con el gobierno de Milei.
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