Cuota alimentaria vs. honor: un juez quiere hacerle pagar 13 millones a una mujer con 3 hijos por exponer su caso en redes

Leysa Buena es una madre de tres hijos menores de edad oriunda de Santiago del Estero que denunció 11 veces a su expareja por violencia física y psicológica. También realizó “30 exposiciones reservadas que nunca lograron transformarse en denuncia”.

Ante los reiterados episodios de violencia, Leysa decidió separarse del padre de sus hijos pero desde entonces “le hace la vida imposible”. Esta separación desembocó en una nueva reprimenda para ella: el progenitor abandonó sus deberes parentales al cortar la manutención de sus hijos, y comenzaron las “amenazas de muerte, abandono a los chicos, y el acoso constante”.

“En enero del 2015, él se metió en mi casa y me golpeó. Logré escaparme toda lastimada, descalza y fui directo a la comisaría donde, otra vez, no me tomaron la denuncia”, contó Leysa en comunicación con El Destape, aclarando que incluso la Jefatura de Policía intervino esa comisaría que derivó en que el periodismo investigara su caso y descubriera que habían “varias mamás que habían vivido lo mismo”. Este nuevo episodio tampoco prosperaba en la Justicia y Leysa decidió hacer público su caso denunciando a la Policía como institución por desestimar sus reiterados pedidos de ayuda. 

Sin embargo, las repercusiones de su historia tuvieron finales inesperados. Su abogada, Elizabeth Maldonado, contó también a este medio que “el padre de los chicos usó esa situación para demandar a Leysa por calumnias e injurias”, provocando que el juez Pedro Carlos Juri la sentenciara a pagarle casi 13 millones de pesos por “realizar publicaciones que afectaran su honor”.

En el fallo judicial sin perspectiva de género, al que tuvo acceso El Destape, el juez argumenta que la exposición de situaciones personales en redes sociales provoca afecciones que “se trasladaron al ámbito laboral, provocando una fuga de clientes y potenciales clientes, ocasionando una caída en los ingresos de su empresa”.

Específicamente, el documento judicial resume: “Luego de separarse, la demandada empezó a utilizar su cuenta personal de Facebook para hacer su descargo en las redes sociales y televisivas (canal 7 y Cable Express) lesionando el honor y el buen nombre de su mandante”. 

Sin embargo, la letrada especificó que las publicaciones de Leysa causaron también un férreo apoyo de mujeres y organizaciones feministas ya que su caso está lejos de ser el único de su índole. 

Derecho alimentario vs. honor 

Según el nuevo Compendio de “Casos Judiciales Novedosos sobre Cuotas Alimentarias -Aportes y Herramientas-”, presentado en la última edición de la Feria Internacional del Libro, en Argentina, el 50% de los 1.600.000 hogares con familias monomarentales no recibe cuota alimentaria y el 12% lo hace de manera esporádica. 

Este trabajo cuenta con aportes de más de 30 profesionales destacados/as en la temática y tiene doble finalidad: servir como base informativa con lenguaje claro para madres que crían solas y como material para profesionales del derecho al aportar casos que sentaron precedente en este campo.

Es que estas madres deben enfrentarse a un proceso judicial complejo en el que, además de cumplir solas con las tareas domésticas y de cuidado de sus hijos e hijas, deben interiorizarse en cuestiones legales al momento de denunciar y la mayoría de ellas declaran sentirse sobrepasadas por no comprender el funcionamiento judicial. 

Tal es también el caso de Leysa: “Estudié un poco de leyes y la misma Constitución. Saqué información, junto a mis abogadas, de cada situación que me tocó superar y aprendí a defenderme. Aprendí a luchar contra el sistema”.

Dicho compendio, entonces, reúne fallos novedosos que generan una jurisprudencia útil para resolver que 7 de cada 10 progenitores no cumplen con las cuotas alimentarias de sus propios hijos, incluso habiendo ganado la madre una demanda por alimentos. Asimismo, más de un 50% de los deudores tienen capacidad alta económica, lo que expone una falta de voluntad mas no de recursos.  

Las estadísticas nuevamente condicen con el caso de Leysa. “Hasta la fecha no pudimos obtener una cuota alimentaria, pese haber obtenido una sentencia en la que se ordena al padre a pagar con el 30% de sus ingresos, pese a que el deudor aduce ser empresario con muchos clientes aunque nunca ha logrado demostrarlo. Sólo su palabra ha bastado para que sea honrada su reputación”, explicó la abogada.

Este documento cita fallos que obligan a los progenitores a cumplir con sus obligaciones parentales a través de medidas personalizadas. Por ejemplo, impidiéndoles su participación en campeonatos de pesca o de kick boxing, e incluso en equipos de fútbol. O bien a través de la suspensión de la licencia de conducir, prohibición de ingreso o participación en espectáculos deportivos y/o bailables, el arresto en Comisaría durante los fines de semana, prohibición de tener líneas de teléfono, entre muchos otros ejemplos. 

Pero, a la luz de la evidencia, el derecho al honor y el buen nombre de los progenitores pesa y vale más. Al respecto, Maldonado señaló que desde el año 2017 que el progenitor no cumple con la manutención y que la Justicia ha avalado cuidar el “honor” de un “padre moroso, violento e incobrable”. 

Caso similar había visibilizado la modelo y conductora Julieta Prandi en canales de televisión tras exponer que tampoco era escuchada por la Justicia al denunciar la violencia que vivía ella y sus hijos con su exmarido, Claudio Contardi. La Justicia sólo actuó con celeridad, nuevamente, para imponer un bozal legal a Prandi y así impedirle nombrarlo a él y su denuncia en los medios de comunicación. 

Estereotipos de género

A pesar de ver a una Julieta Prandi desgastada por una batalla judicial sin fin en las pantallas, la modelo fue tildada como “interesada” y “buscafama”.

Se trata de un estereotipo de género que suele repetirse en esta clase de casos. Al respecto, Maldonado adujo: “Fue doloroso e indignante escuchar que el abogado del padre manifieste que Leysa era una despechada, cuando ella sólo reclamó que el deudor cumpla con la cuota alimentaria”.

Durante la presentación del mencionado compendio, Maru Breard, perito en trabajo social y directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados bonaerense, expuso que es frecuente que tanto la Justicia como los agresores justifiquen este tipo de violencia de género a través de medios económicos al considerar a las mujeres como “malas administradoras”. 

Para Breard, es necesario dar “una batalla cultural” para terminar con los roles estereotipados de hombres y mujeres en el ámbito familiar y doméstico: “Sobre ellas recae el mito de que son mujeres aprovechadoras, vividoras, que solamente les importa la plata. Hace poco tiempo tuvimos un presidente que reforzó este estereotipo al decir que ‘el populismo es como darle la administración de tu casa a tu mujer y que una vez que ella agarra la tarjeta de crédito, empieza a utilizarla y después aparece tu casa hipotecada’”. 

Leysa, por su parte, recordó: “En un principio, él no confiaba en mí para darme el dinero para los chicos y me entregaba los alimentos directamente. Él tenía aún esperanzas de que podíamos volver, pero cuando se dio cuenta que eso no pasaría comenzó a hacerme la vida imposible y cortó todo tipo de manutención”. 

¿Y los chicos?

El incumplimiento de las cuotas alimentarias y la violencia intrafamiliar y/o de género no sólo afecta a los derechos e integridad de las mujeres, sino también de las y los niños. 

Leysa reclamó con urgencia e insistencia que el deudor pagara la manutención, ya que algunos de sus hijos tuvieron que transitar intervenciones quirúrgicas y enfermedades que requerían de atención profesional y medicación. 

La inacción judicial expuso a los menores también a situaciones de violencia doméstica y vicaria, es decir, agresiones que tenían por finalidad seguir lastimando a la madre. “A veces retiraba a los chicos del colegio a las 18 hs. y me los traía a las 23 de la noche o incluso a la madrugada sin haberles dado de merendar ni cenar. Y ellos me decían que los había tenido en el auto todo el día”, relató Leysa. Y continuó: “Una vez se llevó a los chicos después de una de las fiestas de finalización de colonias de vacaciones, que terminó a las 23 hs. y siendo casi las 8 de la mañana yo no sabía dónde los tenía. Tuve que llamar a todas las remiserías y taxis de Santiago del Estero ofreciendo recompensa para que alguno me dijera si habían visto un auto con su patente. Así fue cómo ese día encontré a mis hijos de entonces 9, 6 y 4 años llorando y con terror en el auto, porque él los había llevado a un lugar horrible para poder dormir”. 

Luego de episodios de esta índole, Leysa comentó que los niños debieron someterse “varias veces” a Cámaras Gesell para que la Justicia pudiera verificar “el terror que desde entonces le tenían al padre”. 

Durante el año 2023, al menos 256 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre por femicidio, según datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Sin embargo, Leysa declaró no poder salir sola a la calle por encontrárselo en todos lados, incluso aseguró que el hombre le mostró un arma a modo de amenaza, que le “destruyó por completo” su auto estacionado en la puerta de su casa, que realizó denuncias falsas y acosó a sus siguientes parejas para alejarlos de ella y que incluso intentó sacarle la tenencia de los chicos, entre otras cosas. Sin embargo, apuntó: “Hace unas semanas me enteré de que todas mis denuncias fueron desestimadas porque, según me dicen, no hay evidencia”.