Una reconocida empresa extranjera perteneciente a la industria automotriz se desprendió de un negocio en Argentina. La compañía venía reduciendo su presencia en el país y como consecuencia de la crisis generada por el gobierno de Javier Milei, traspasó a otro grupo uno de sus negocios desde hace pocos días.
En el último tiempo, el rubro automotriz viene sufriendo un fuerte ajuste en el país: la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) realizó un informe e indicó que unas 50 empresas cerraron o dejaron el país entre los años 2009 y 2020 por problemas de inestabilidad económica y la baja del mercado.
En este marco, hay rumores permanentes de que empresas autopartistas extranjeras que operan en Argentina analizan abandonar el mercado. Es el caso de la compañía francesa Faurecia, cuyas operaciones vinculadas a la producción de asientos habrían pasado esta semana a manos del Grupo Stellantis, que tiene una planta en El Palomar, donde produce modelos Peugeot y Citroën. La información fue brindada por el periodista especializado Horacio Alonso a través del portal A Rodar Post.
El traspaso se habría realizado a través de la Compañía Sudamericana de Plásticos que fue adquirida hace poco tiempo por la automotriz francesa, que ya venía disminuyendo su presencia en Argentina y realizó algunos traspasos de alguna de sus divisiones. Según indicó el periodista Alonso, la intención de esta compra es "verticalizar las operaciones de sus proveedores". De esta manera, otra empresa cerró sus puertas en medio de la crisis económica del gobierno de Milei.
Cerró la única industria de una localidad en medio de la crisis económica de Milei
La Metalúrgica Santa Rosa S.A, una fábrica con 37 años de trayectoria y la única fuente de trabajo industrial en la localidad, cerró sus puertas el pasado lunes, dejando a todos sus empleados en la calle, muchos de los cuales llevaban más de tres décadas en la empresa. La clausura marca un golpe duro para la comunidad, en medio de la crisis económica de Javier Milei, ya que esta metalúrgica fue un sostén económico de la zona durante casi cuatro décadas.
Miguel Figueroa, uno de los trabajadores con mayor antigüedad que trabajó allí desde la fundación de la fábrica, explicó al medio local El Corredor Noticias que, a pesar de un acuerdo previo entre el sindicato de la UOM y los dueños de la empresa para mantener la operación, el viernes pasado los empleados fueron notificados del cierre definitivo. "La noticia nos la comunicó el gerente, Miguel Delsole, y el ambiente de incertidumbre y angustia no tardó en apoderarse de todos", apuntó Figueroa, visiblemente afectado por la situación.
El lunes, los trabajadores acudieron a la fábrica solo para encontrarse con un cartel que indicaba el contacto de un abogado, sin ninguna explicación adicional sobre su futuro laboral. A esta situación se le suma el hecho de que llevan más de dos semanas sin percibir sus salarios, y hasta el momento no tienen certezas sobre si recibirán sus liquidaciones o algún tipo de compensación económica. En medio de una crisis económica cada vez más cruda debido a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, el cierre de esta empresa se suma al de otras industrias comercios y hasta cadenas de supermercados que decidieron bajar sus persianas en los últimos meses como consecuencia de las dificultades para mantener los negocios a flote, el corte de las cadenas de pagos y una inflación que continúa siendo un factor lapidario.
Además, el clima de incertidumbre para los trabajadores se ve directamente afectado por la reforma laboral impuesta por decreto por Milei, que provoca confusiones y discusiones en torno a los derechos laborales en el país. "Ayer nos llegaron cartas confirmando el cierre de la empresa y nos derivaron al abogado para tratar cada caso. Además, nos informaron que, basándose en un artículo, solo nos pagarían el 50% de la indemnización en 10 cuotas, algo que rechazamos rotundamente. Ya estamos haciendo los reclamos ante Relaciones Laborales", explicó Figueroa. Con profunda preocupación, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y defiendan los derechos laborales de los trabajadores afectados.
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