Los abogados que representan a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el pasado 18 de enero en Villa Gesell, pidieron que uno de los rugbiers imputados (Alejo Milanesi), que fue sobreseído por la fiscal del caso, sea juzgado junto a los ocho restantes acusados del crimen. Ante esto, quienes encabezan la querella solicitaron al juez de Garantías, David Mancinelli, que todos vayan a juicio oral.
Milanesi, de 19 años, se encuentra en libertad luego de que la fiscal Verónica Zamboni decidiera que no debía estar encarcelado hasta la elevación a juicio. Ahora, todo puede cambiar. El pedido fue realizado durante este miércoles por la mañana y los abogados de la familia del joven asesinado expresaron que el sobreseimiento fue "prematuro" ya que no se puede "descartar la participación en el crimen".
Por esta razón expresaron que la situación de Milanesi debe ser evaluada en debate oral, junto a los ocho rugbiers que se encuentran cumpliendo la prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". Ellos son: Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).
Junto a Milanesi, Juan Pedro Guarino está acusado de partícipe necesario en el crimen. "Si bien no hay videos que se lo muestren pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte", indicaron Silvano y Graciela Sosa, padres del asesinado, sobre el primer mencionado.
En la misma línea, los abogados insisten con la investigación de un "sospechoso número 11" identificado como Tomás Colazzo, considerando que "no se encuentra de ninguna forma cerrada" y pidiendo que sea indagado antes de que se resuelva la elevación a juicio. La defensa de los rugbiers, encabezada por Hugo Tomei, tendrá 15 días para responder la acusación pública y privada.
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