La ejecución policial intentó ser tapada como un enfrentamiento. La versión no fue cuestionada y llegó a los medios. Pero por la suma de irregularidades y los testimonios de los amigos de Lucas permitieron develar la intención policial. Pero en muchos otros casos, menos graves y con menos visibilidad pública, las versiones policiales son las que prevalecen.
Como sucede en la muchos casos policiales en la Ciudad, la información inicial del crimen de Lucas González se conoció a partir del primer parte enviado por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad. Esa versión sostenía que los policías habían mantenido un tiroteo con ladrones y enseguida fue recogida por los medios. Se daban detalles de las detenciones, pero no se mencionaba la existencia de un arma en la escena que se describía. Pero por la tarde, un nuevo parte más detallado sostenía que los policías encontraron una réplica de arma de fuego. Y en su enumeración de relatos acomodaba el ilegal accionar que tuvieron los policías.
En el primer parte se precisaba que personal de la Brigada de la Comisaría Vecinal 4D había intentado detener a un auto en el que iban cuatro hombres. En el texto informaron dos detenciones, la fuga de uno de los perseguidos y que un cuarto se “hallaba herido de bala en la cabeza” dentro del auto. A pesar de que se mencionaron los disparos cruzados no había referencia a armas. Tampoco se mencionó por qué motivos se intentó detener a la Suran en la que viajaban los chicos.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
En la ampliación que llegó por la tarde, hay algunos detalles que parecen haber sido incluidos para mejorar la situación de los policías. Relata que los policías ven cuatro cuadras antes el auto, en Iriarte y Luna y que luego se les cruzan para identificarlos. Dice que los policías sí se identificaron y que luego de eso el otro auto aceleró. Recién en la última línea se menciona el secuestro “de una réplica de arma de fuego”.
Los nuevos datos del segundo parte, que aportan que los policías se identificaron y que había una réplica, fueron negados por los amigos de Lucas. Ellos contaron que el chico que manejaba aceleró precisamente porque pensó que en el auto iban ladrones. Los tres también sostienen que el arma de plástico que los policías aseguran haber encontrado en el baúl fue “plantada” mientras estaban esposados.
La información que surge desde las comisarías no puede ser replicada sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales. Los cambios en este caso, que luego se investigarán, no parecen ser desprolijidades sino datos puestos para mejorar la situación legal de los oficiales. En esas primeras horas, el intento de encubrimiento del caso, a través de la instalación de la versión policial del operativo fue eficaz ya que comenzó con la investigación de los supuestos delitos cometidos por los cuatro jóvenes. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de CABA no explicó cómo es este circuito institucional de la información por el que se convalidan las versiones policiales sin ningún chequeo o intervención de la autoridad política.
MÁS INFO
Por otro lado, el Ministerio no explicó si tomó medidas en relación con la comisaría que informó el operativo en forma irregular. Tampoco qué hacía la Brigada de esa misma comisaría en un operativo de prevención sin identificación. Estos no son temas meramente judiciales, son cuestiones centrales para el gobierno civil de una policía con prácticas violentas arraigadas.
Hay una historia muy extendida en la Policía Federal de procedimientos ilegales que fueron comunicados como operativos exitosos. Entre los más recordados están los investigados entre 2000 y 2001 por la Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados, que lideraba Daniel Rafecas. Esos operativos se difundían por medio de los partes de prensa como exitosas detenciones de supuestos delincuentes. Pero en realidad habían sido convocados por la Policía con ofertas laborales y quedaban detenidos con el fin de “hacer estadística” y responder a una demanda política o institucional.