Ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, se está llevando adelante el segundo juicio por el brutal crimen de Lucas González, el futbolista asesinado por efectivos de la fuerza el 17 de noviembre del 2021 cuando salía de un entrenamiento en el club Barracas Central. En este marco, la fiscalía pidió seis años de prisión para el oficial Facundo Torres, acusado de plantar un arma de utilería dentro del auto en el que fue asesinado el joven, siendo señalado como responsable de "encubrimiento agravado".
El fiscal Sandro Abrales sostuvo que Torres tuvo una participación primaria en la "falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada" en perjuicio del grupo de amigos y solicitó una pena de seis años de prisión, como también la inhabilitación por 10 años para ejercer la función público y portar/tener armas. “Lucas González, como sus amigos Niven Huanca Garnica, Julián Alejandro Salas y Joaquín Zuñiga Gómez, fueron víctimas de violencia institucional y policial con una grave afectación a sus derechos”, apuntó.
El TOC actualmente debate si el efectivo es culpable o no de haber incorporado el arma de juguete en el vehículo, para instalar la hipótesis de que los jóvenes habían salido a robar y que el crimen de Lucas ocurrió en medio de una "persecución policial". En este contexto, reclamó que el oficial Torres declare "a modo de juicio por la verdad" y que se investigue por falso testimonio a otro policía que se presentó para declarar en dicho debate.
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“La imputación al oficial surgió en el marco del primer juicio que se hizo por el crimen del joven futbolista de las inferiores de Barracas Central. En ese debate, además de la prisión perpetua a tres policías de la Ciudad considerados coautores del homicidio quíntuplemente agravado de González, se fijaron penas de entre 4 y 8 años de prisión por diferentes delitos a otros seis efectivos de la misma fuerza”, detalla el escrito. En ese juicio, el efectivo condenado Héctor Cuevas manifestó que vio cómo otros policías "habían plantado el arma" en el auto de las víctimas.
En esa línea, el fiscal Abrales explicó que “el papel de Torres fue determinante en la escena del crimen” ya que “si el plantado del arma salía bien, la impunidad estaba garantizada y la condena y privación de la libertad de los chicos era segura”. Y añadió durante sus alegatos: “(Los chicos) fueron el blanco por ser jóvenes, los trataron de 'negros de mierda', los discriminaron por su piel marrón. La sociedad argentina tiene un componente racista y las fuerzas de seguridad tienen una marcada tendencia al respecto”. Mientras que remarcó que se debe considerar como "agravante de la pena" que Torres actuó amparado por su condición de oficial y que utilizó el vehículo que le proveyó el Estado, para llevar adelante un delito.
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Crimen de Lucas: cómo fue la anterior condena
Cabe recordar que en julio del 2023, se dio un fallo histórico en manos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 25. La Justicia condenó a nueve (9) efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: los tres principales imputados (el inspector Gabriel Alejandro Issasi de 41 años, el oficial mayor Fabián Andrés López, de 48 y el oficial Juan José Nieva, de 37), a prisión perpetua por la coautoría del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".
A su vez, fueron hallados culpables por las "tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica (obligación jurídica de decir la verdad sobre un hecho) y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley", en el caso de los amigos de Lucas.
Por otro lado, el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos, el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54), el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47) fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación especial por el término de 10 años por el delito de "encubrimiento por haber ayudado a Gabriel Alejandro Issasi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse de un hecho precedente a un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público realizado en el ejercicio de sus funciones en calidad de coautor en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad, agravado por abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley en calidad de coautor". A su vez, el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50), recibió una condena de cuatro años de prision e inhabilitación especial por el término de 10 años por el mismo delito.
El oficial de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28) recibió una pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de "torturas en calidad de autor".
En contraparte, el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48); y los oficiales Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33) fueron absueltos por los delitos de los cuales fueron acusados. Se ordenó, al mismo tiempo, la "inmediata libertad" de todos ellos en el día de la fecha de la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal.
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